10 de April de 2011 00:00

SIP: el deterioro de la libertad de expresión se mantiene

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La reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) concluyó ayer en San Diego, California, con un balance negativo. Tanto porque el número de periodistas asesinados en América Latina aumentó durante el último semestre, como porque en ese mismo período la libertad de expresión se deterioró gravemente en casi todo el continente, en particular en Argentina y Ecuador.

En las conclusiones de la reunión, donde se rindieron informes sobre la situación de los países miembros, la SIP puso en relieve que las acciones violentas del crimen organizado y del narcotráfico se han cobrado las vidas de cinco periodistas: tres en México, uno en Paraguay y uno en Honduras. También se aclaró que un reportero mexicano está desaparecido desde hace meses.

Además, el documento de la Sociedad Interamericana de Prensa recalcó que en México y en Honduras las medidas para contrarrestar este problema han sido insuficientes, mientras que el crimen organizado se está expandiendo a otros países de la región, lo cual trae consigo la amenaza de la autocensura, tanto para los periodistas como para los medios de comunicación.

En el informe también se destaca que en países como Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Guyana son reiteradas las campañas de desprestigio que han emprendido los mandatarios en contra de los medios y de los periodistas. Asimismo, se resalta que las agresiones verbales y físicas, así como las amenazas, también ocurren en Honduras, República Dominicana, Haití, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, Brasil y Guatemala.

Mientras tanto, sentencias o decisiones judiciales, así como leyes o proyectos de ley, afectan de distinto modo la libertad de expresión a lo largo del continente. Otro de los problemas analizados fue la distribución arbitraria de la publicidad oficial y el empleo de los organismos de control fiscal para frenar las críticas a los gobiernos de turno, mientras que el acceso a la información pública sigue siendo más una promesa que una realidad.

Otro fenómeno regional observado por la Sociedad Interamericana de Prensa es la ya extendida práctica de construir redes de medios de comunicación estatales y privados, afines al poder, y sostenidos únicamente con los recursos públicos.

“En Venezuela los intentos por controlar el ‘poder de la prensa’ marchan por caminos insospechados, así vemos el interés del Gobierno en hacerse de una hegemonía comunicacional, manejando cadenas completas de radio, televisoras, medios impresos, portales en Internet...”, indicó el informe de la SIP.

Las resoluciones sobre el Ecuador

La reunión de la SIP resolvió condenar la querella penal presentada en contra de los directivos de diario El Universo y contra el periodista Emilio Palacio, por ser contraria a los estándares interamericanos en libertad de expresión.

Además, aprobó exigir al Presidente de la República que retirara de inmediato la demanda, pues “como primer ciudadano de la República está obligado a someterse al escrutinio público, a observar la más alta tolerancia a la crítica de su gestión y no usar los recursos de la administración de justicia para perseguir a quienes lo critican y, mucho menos, el derecho penal y el desacato para pretender llevarlos a prisión por sus ideas. O por informar de forma independiente”.

Como parte de la decisión se decidió nombrar una veeduría permanente para vigilar el desarrollo del juicio penal.

Asimismo, la SIP resolvió exigir al presidente Rafael Correa que retirara de inmediato las acciones planteadas contra otros periodistas o ciudadanos críticos de su gestión, porque “debe someterse al escrutinio público, ser tolerante y no usar recursos públicos para perseguir a sus críticos”.

En cuanto a la consulta convocada para el 7 de mayo, la SIP rechazó el contenido de las dos preguntas relacionadas con la libertad de expresión y el funcionamiento de los medios. Asimismo, advirtió que el Estado está obligado a someter su legislación interna a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que sería violada en caso de que las preguntas se conviertan en textos obligatorios de la normativa.

“Todos los ataques que durante cuatro años emprendió el Gobierno contra la libertad de expresión se concentrarán el próximo 7 de mayo en la consulta que ha convocado el presidente de la República, Rafael Correa”.

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