10 de December de 2011 00:05

Siete traspiés de Ecuador en DD.HH.

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Siete de los 30 principios que recoge la Declaración Universal de Derechos Humanos han levantado polémica en Ecuador en los últimos años. Aspectos como la violación a la presunción de inocencia o las restricciones a la participación política han sido denunciados por juristas, ciudadanos y políticos. En varias oportunidades han acusado al Gobierno de no dar un respeto irrestricto a esta norma fundamental.

Hoy, al celebrarse 63 años de esta Declaratoria, varios expertos analizan los temas en los cuales el Régimen ha sido cuestionado. Y, a manera de conclusión, aseguran que la posición del Gobierno frente a los estándares mundiales sobre los derechos humanos ha sido un verdadero talón de Aquiles. Hay voces que han criticado al Régimen desde diferentes partes del mundo y otras que dentro del país prenden las alertas.

Este balance, sin embargo, no pasa por alto los logros que el Gobierno sí ha tenido en este tema. El primero fue la creación del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; que tiene como objetivo principal precautelar el bienestar de los ecuatorianos.

Esta entidad ha capacitado, hasta el momento, a 4 271 miembros de la Fuerza Pública para evitar desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y torturas. También, impulsó la Comisión de la Verdad que tenía como función esclarecer algunos casos de violaciones a los derechos humanos que se produjeron, principalmente, en el período 1984-1988.

La segunda área en la que se ha destacado el Régimen es el apoyo a las personas con discapacidad.

Este Diario recoge la opinión de juristas, politólogos y expertos en Derechos Humanos. que hacen un balance sobre los siete principios más polémicos para el Ejecutivo, contrastándola con la respuesta oficial.

1. Artículo   10

Toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, (...)   para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.


Cuestionamientos

Este tema ha sido uno de los que más  polémica  ha generado. Incluso fracturó al movimiento gobiernista, Alianza País (AP, que promovió la “metida de mano” en el sistema judicial.

Para la asambleísta Betty Amores (ex AP),  la reestructuración judicial que lleva adelante el Ejecutivo ha provocado  jueces temerosos, que “son capaces de hacer cualquier cosa por cuidar su trabajo”. Esto repercute irremediablemente en la independencia  de la Justicia.   

Además, esta falta de imparcialidad también constituye una especie de amedrentamiento   a los ciudadanos que  se opongan al Gobierno  o que tengan una opinión contraria. “La gente ahora tiene miedo de ser enjuiciada, porque sabe que la justicia actuará en función de lo que  quiera el Régimen”.

Posición oficial

Para el Ejecutivo, la reestructuración judicial fue una demanda ciudadana, que se cristalizó    a través de la consulta popular, que se realizó en mayo pasado.  
El principal argumento del Gobierno para esta modificación, fue las “altas  cifras de impunidad y corrupción judicial”. Así, por ejemplo, hasta julio pasado habían salido en libertad  4 005 detenidos porque caducó el plazo de la prisión preventiva (un año). Estas excarcelaciones fueron producto de las más de 6 000 audiencias fallidas en  los juzgados penales.

Paulo Rodríguez, presidente del Consejo de la Judicatura de Transición, ha asegurado en reiteradas ocasiones que su actuación en la reforma judicial fue una demanda de la gente. Además, ha ratificado que sí existe independencia de poderes.

2. artículO 11

Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad,   en juicio público en el que se le hayan asegurado   las garantías   para su defensa.

Cuestionamientos

En  julio pasado, el Ministerio del Interior inició  el plan  Los más buscados, con el objetivo de capturar a los supuestos delincuentes más peligrosos y que son requeridos por la Justicia.

Sin embargo, Ramiro Ávila, experto en derechos humanos, considera que esta lista viola el derecho de las personas a presumir su inocencia. La razón:  se lo “estigmatiza en un cartel como uno de los mayores delincuentes, sin que exista una sentencia de por medio”.
Asimismo, cree que se viola el derecho a la defensa de los acusados y a la reputación. Un ejemplo de esto fue la “equivocación” de la Policía   en el caso de Elías Barberán. El joven  fue acusado injustamente y presentado por los gendarmes como asesino;  luego del proceso judicial se determinó su inocencia.

Posición oficial

El ministro del Interior, José Serrano, quien impulsó el proyecto, aseguró que este mecanismo permite judicializar a personas que eran requeridas por la justicia, incluso desde hace nueve años. “Así se rompe la cadena de impunidad y se refuerza el trabajo coordinado  entre Fiscalía, jueces y policías”, señaló el Secretario de Estado.

Además, aclaró que la nómina de los delincuentes más buscados se realizó con parámetros técnicos, y tomando en cuenta que las personas que eran requeridas tenían antecedentes penales, con instrucciones fiscales abiertas en su contra y también órdenes de prisión. Por lo que descartó que  se haya incluido en la lista a personas inocentes. “La Policía, con la campaña,  ha logrado algunas capturas de delincuentes”.

3. artículos  18 y 20

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (...).  
Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.

Cuestionamientos

Más de 200 dirigentes   y  líderes  sociales, en su mayoría indígenas, han sido procesados y enjuiciados por el Régimen, por los   supuestos delitos de sabotaje y terrorismo. Ellos   protestaron  en contra de la aprobación de la Ley de Aguas y  de los proyectos mineros.  

El presidente de la  Conaie, Humberto Cholango, acudió en octubre pasado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a denunciar la “persecución” de la que son víctimas los dirigentes indígenas. Señaló que el Gobierno trata de amedrentarlos para evitar la  “resistencia”
Elsie Monge, directora de la Cedhu, señaló que “no se puede acusar de esos delitos a alguien que está defendiendo sus derechos (…). El Gobierno debería ser tolerante.

Posición oficial

El oficialismo considera que en el país los indígenas tienen absoluta  libertad para  protestar, pero no para atentar contra propiedad privada y pública.  

 “Lo que se cuestiona son actos de vandalismo, que afectan a bienes públicos, eso es lo que causa la detención de los actores”, afirmó la asambleísta Gina Godoy (Alianza País).   

Con esto coincidió la subsecretaria de DD.HH. del Ministerio de Justicia, María del Carmen Jácome. A su criterio,  las protestas que incluyen cierres de vías y destrucción de bienes  no pueden afectar al derecho de las otras personas a movilizarse ni al  bienestar colectivo.
 “Lastimosamente nuestro Código Penal data de 1938 y allí se establecen las figuras de sabotaje y terrorismo para quien daña bienes públicos y cierra vías”.  

4. Artículo 19

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión;  incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas.

Cuestionamientos

Desde el 2007, el Gobierno ha incitado  un enfrentamiento con la prensa, a la que ha calificado de corrupta, mediocre, entre otros epítetos.

Incluso, uno de los objetivos del Régimen es crear una Ley de Comunicación, que “controle los contenidos de los medios de comunicación”, afirmó Vicente Ordóñez, presidente de la Unión Nacional de Periodistas (UNP). En su última intervención ante el Pleno de la Asamblea Nacional recordó la importancia de que exista una prensa libre e independiente, para evitar   corrupción y para lograr  transparencia.

La organización Amnistía Internacional también cuestionó al Gobierno por el juicio que se sigue en contra de Mónica Chuji, por haber llamado a Vinicio Alvarado: “Nuevo Rico”.

Posición oficial

El Gobierno  insiste  que en el país sí existe  libertad de expresión y que los medios de comunicación quieren confundir a la opinión pública, para mantener su poder y resguardar sus  intereses comerciales.

La semana pasada, durante la cita de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac),  el presidente Rafael Correa acusó a los medios de comunicación de ser “poderes de facto”.
 
Asimismo, el secretario de Comunicación del Régimen, Fernando Alvarado, señaló  que “los medios de comunicación, que deben dedicarse a informar y no ocultar la verdad de esas negociaciones, han usufructuado y lucrado del Estado. Por eso les aterra que haya medios públicos para que digan la otra parte de la versión”.

5. Artículo  21

Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país (...). Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

Cuestionamientos

El jurista Juan Pablo Albán, experto en DD.HH., cree que el Gobierno utiliza la estrategia política de descalificar a sus posibles oponentes políticos. Un ejemplo, sería  el caso de Juan Carlos Solines, vocero del movimiento Concertación y consultor  en materia de  libertad de expresión. “Desde hace unos días se inició una campaña gubernamental para acusarlo de supuestas irregularidades  cuando fue Presidente del Conartel”.

 Ramiro Ávila, catedrático universitario,  cree que otra forma de limitar la participación  es evitar que sectores sociales y políticos participen en la elaboración de  normas, como la Ley Minera, desconociendo la figura de la consulta prelegislativa. También  por la   posibilidad de que la Corte Constitucional apruebe la ley de medios sin que la Asamblea la debata.

Posición oficial

Para el oficialismo, la oposición trata de sabotear la aprobación de leyes y de evitar que se cumpla con el mandato de la ciudadanía. Un ejemplo  es la Ley de Comunicación.  El legislador Hólguer Chávez (Alianza País) aseguró que esta norma debe ser aprobada por la Corte Constitucional, porque venció el plazo de la Asamblea para  tratar el texto legal.

Esta solicitud fue hecha, a pesar de que el Legislativo ha tratado por más de dos años de aprobar un proyecto legal.
Para el presidente Rafael Correa, la oposición no valora la decisión de la ciudadanía, que se ha expresado en las urnas. Por ello, cada vez que puede, el Mandatario  reta a sus contradictores y a todo el que   lo cuestione a que se enfrente a él en las próximas elecciones presidenciales, para ganar legitimidad.

6. artículO 23

 Toda persona tiene derecho al trabajo,  a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

Cuestionamientos

Desde octubre pasado, el Gobierno inició una masiva compra de renuncias a casi 5 000 funcionarios públicos.
Para los dirigentes gremiales, estos despidos violaron sus derechos, pues no se les dio la posibilidad de defenderse ni se probó que ellos habían incumplido sus funciones.

Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos, dijo que la decisión no tuvo fundamentos y violó lo que se estableció en la Ley de Servicio Público, en donde se prohibió la compra de renuncias.
Asimismo, se consideró que se violó el derecho a la privacidad y a la filiación política de los funcionarios, porque se utilizó como argumento para despedirlos “el compartir la política e ideología   del Gobierno”. Para esto se usó   a los servicios de Inteligencia de la Fuerza Pública.

Posición  oficial

El  Ejecutivo justificó los despidos con varios argumentos. Uno de ellos, las evaluaciones que se realizaron en las instituciones públicas. Otro, porque supuestamente habían cometido actos de corrupción y, finalmente, porque habían cumplido su tiempo en funciones.

 “Estamos trabajando por el bien común y eso significa tomar decisiones duras, como separar a trabajadores que, tras una larga evaluación, hemos visto que no han respondido.   Se trata de cuestiones de maltrato, de resistirse al cambio”, señaló el presidente Rafael Correa.

El ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, aclaró que la reestructuración consistió en la implementación de herramientas tecnológicas, gobierno por resultados y la optimización del talento humano de los entes.

7.  Artículo  28

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración se hagan plenamente efectivos.

Cuestionamientos

Ecuador ha mantenido una política confusa  frente a las condenas internacionales a los países que han sido cuestionados por tener regímenes represivos y que han violado los derechos humanos de sus ciudadanos.
 
Así, la semana pasada,  Ecuador votó en contra de la  condena al Gobierno sirio por los asesinatos a civiles, durante los enfrentamientos que se viven en ese país.  Para el ex canciller José Ayala Lasso,   el voto de Ecuador en Ginebra “no corresponde al espíritu de nuestro pueblo, porque se está traicionando toda nuestra posición de defensa y de protección de los derechos humanos en el mundo”.
 
A su juicio,   la decisión ecuatoriana fue únicamente política. Pues los asesinatos a personas inocentes es un tema que “no vamos a dejar de condenar”  por temor a una intervención.

Posición oficial

El Gobierno ha cuestionado la política de “intervención” que tiene Estados Unidos en los países de Oriente Medio, con la intención de captar los recursos naturales, en especial el petróleo, que abunda en la zona.

Para el secretario de Asia, África y Oceanía, de la Cancillería, Rafael Quintero, Ecuador mantiene una postura clara en derechos humanos.
Y considera que se ha usado como excusa la condena a algunos países, para intervenir y apropiarse de sus riquezas.
 
“Ecuador se opone al tratamiento discrecional de los países al interior del Consejo de Derechos Humanos, pues no se planteó el mismo tratamiento a otros países de la zona envueltos en protestas civiles”, puntualizó el funcionario.

Y  aseguró que el país  seguirá con esta postura siempre.

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