Sin que ni su esposo lo supiera, Jeanneth Orbe, cónyuge del coronel César Carrión, ex director del Hospital de la Policía, envió una carta al presidente Rafael Correa y a los medios de comunicación.
Carrión está detenido desde el 27 de octubre como parte del proceso judicial por supuesto intento de magnicidio, durante la insubordinación policial del 30 de septiembre. El Presidente, en el enlace sabatino del 23 de octubre, acusó a Carrión por, supuestamente, haber cerrado una puerta lateral externa del Hospital cuando el Mandatario intentaba escapar de la gresca del Regimiento Quito.
En la misiva, que fue entregada el pasado lunes en la Presidencia, la esposa de Carrión pide al Mandatario rectificar su acusación y “enmendar el daño que está causando” a su familia.
Orbe dialogó ayer con este Diario. Lo hizo luego de visitar a su esposo en una celda de la cárcel 4. Lucía triste. “Estoy segura de la inocencia de mi esposo y de que el Presidente tiene un buen corazón y me va a ayudar”. Ella lo visita cada miércoles, sábado y domingo para apoyarlo.
La decisión de escribir al Mandatario -asegura- fue voluntaria y dada la necesidad de expresar el drama que vive su familia desde que su esposo está retenido en la cárcel. También está convencida de que la justicia fallará a favor de Carrión porque “es inocente y un hombre intachable”.
Esta Navidad, ella y sus dos hijos permanecerán en su casa solos. No lo van a celebrar en familia, como se acostumbraba. Orbe, en el texto de la carta, recalca que sus dos hijos tienen problemas por el encierro injusto de su padre.
“Señor Presidente, si mi esposo decidió dar una entrevista a CNN no fue porque él le quiso hacer quedar mal a usted. Solamente contó lo que vio. (…) no habló de secuestro, tampoco de golpe de Estado”, señala uno de los párrafos de la carta de Orbe. Ahí le pide revisar los videos en poder de la Fiscalía para probar que hay una sola verdad.
Mientras Orbe espera una respuesta de Correa, el abogado de Carrión, Stalin López, asegura que el proceso en su contra avanza satisfactoriamente a su favor.
El abogado pedirá la próxima semana la revocatoria de la prisión preventiva de su defendido. Según López, la mayoría de las declaraciones recogidas en la Fiscalía corroboran la versión del ex director del Hospital policial.
Ayer, López dijo que el general Rafael Yépez, en su declaración, había asegurado que Carrión nunca obstruyó el ingreso del Mandatario a la casa de salud.
“Incluso, Álex Casierra (miembro de la escolta presidencial, quien manifestó que tuvo que quitarle las llaves del candado de las manos del Carrión para permitir el ingreso de Correa) dijo que el coronel cerró la puerta, porque estaban botando bombas lacrimógenas y piedras al hospital, por cuidar la vida de los pacientes. Y cuando le intentó quitarle las llaves al coronel, él mismo le había dicho que le va abrir al Presidente cuando esté ahí”.
Según López, con esas declaraciones se desmienten las manifestaciones de que Carrión no quiso abrir la puerta gresca.
Las investigaciones están en etapa de instrucción fiscal y, el caso, está a cargo de José Miguel Jiménez, quien deberá decidir si acepta o no el pedido de la defensa de retirar la prisión preventiva. La etapa de instrucción concluirá, el 7 de enero.
Hasta el cierre de esta edición, no hubo una respuesta por parte de la Presidencia ni del secretario particular de Correa, Gustavo Jalkh, quien tiene la función de recibir las misivas del Mandatario.
Guerrero, sin orden de prisión
El juez 24 de lo Penal de Pichincha, Galecio Luna, revocó la orden de prisión en contra de Pablo Guerrero, quien es investigado por los daños que sufrió la sede del canal público EcuadorTV, el 30 de septiembre pasado, durante la insubordinación policial.
La decisión causó sorpresa y molestó al gerente de la estación, Francisco Arosemena, quien en una declaración pública sostuvo que existen evidencias en contra de Guerrero y que la decisión que tomó la autoridad es una evidencia de los problemas de la Función Judicial en el país.
Según la Fiscalía, Guerrero y otras personas ingresaron a la fuerza a las instalaciones del canal la noche del 30 de septiembre. En ese momento, EcuadorTV funcionaba como matriz de la cadena de radio y televisión que ordenó el Gobierno durante la sublevación de policías y militares durante más de cinco horas.
La defensa de Guerrero aseguró que no existen indicios de que se haya atentado contra la administración pública y que la orden de prisión es una medida exagerada para el investigado.
El pedido convenció al juez Luna, quien se encuentra como encargado de esa dependencia penal y cambió la orden de prisión por la prohibición de enajenación de bienes.
Aunque se haya revocado la orden de arresto, el proceso aún sigue en trámite. En el expediente, además de Guerrero, son investigados María Alejandra Cevallos, asambleísta alterna del PSC (quien está en la clandestinidad), Max Marín y Patricio Camacho, ambos están detenidos por los actos de violencia al entrar al canal estatal el 30 de septiembre.