Dos semanas tomará sintetizar 22 consultas para la Ley de Aguas en la Asamblea Nacional

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Santiago Estrella G. Redactor

En dos semanas, la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea espera entregar la sistematización de los resultados de las consultas prelegislativas sobre la Ley de Aguas. Desde el 26 de marzo hasta el martes pasado, los miembros de esta Comisión viajaron por todas las provincias del país, a excepción de Galápagos, para tratar con las organizaciones provinciales los principales temas de la Ley.

De esta manera, se cumplió con el artículo 57 de la Carta Magna, que impone consultar con pueblos y nacionalidades indígenas, montubio y afro cuando una ley podría afectar derechos colectivos.

Entregado ese documento, resta esperar que la presidenta del poder legislativo, Gabriela Rivadeneira, convoque a la mesa de diálogo nacional con los referentes de las organizaciones nacionales de estos tres sectores de la sociedad civil. Al finalizar esta etapa, será el Pleno el encargado de tramitar el proyecto de Ley en un segundo y definitivo debate.

Además, sostiene Miguel Carvajal, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, estos diálogos tuvieron aspectos importantes para resaltar. Uno de ellos es que el agua sea considerado un recurso estratégico, lo que impediría cualquier posibilidad de privatizarla. El otro aspecto tiene que ver con que es un derecho humano y, además, sujeto de derechos por sí misma porque la actual Constitución de Montecristi defiende los de la naturaleza.

Entre los temas más delicados durante estas rondas de diálogos estuvo el de la ancestralidad y el carácter del agua sagrada que tiene para algunas comunidades y que deberán ser protegidos por el Estado para evitar su contaminación desde las fuentes.

Además, se busca radicalizar la protección de sitios vulnerables como páramos, humedales y bosques.

Otro aspecto complejo de cara a la mesa nacional de diálogo es la institucionalidad encargada de la administración, que se pretende sea centralizada. Mauricio Proaño, vicepresidente de esta comisión, afirma que la eventual creación de un consejo plurinacional del agua es interesante.

"Es algo que venimos peleando desde los años 90 porque había un caos en el Estado", dice Proaño.

En aquellos años el Inerhi (Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos), municipios, ministerios de Energía y Minas, entre otros, tenían competencia sobre el agua, pero no algo centralizado.

La integración de este ente es algo que todavía está en discusión. Al ser el agua un recurso estratégico, es el Estado el que debe administrarla, regularla y controlarla. Una de las propuesta fue la creación del Fondo Nacional del Agua. Pero lo más trascendente es establecer el financiamiento permanente para la conservación de las fuentes de agua.

Con el Fondo, las perspectivas económicas serían de cuatro o cinco millones de dólares. "Quizá mas importante es lograr el financiamiento al plan nacional de riego que propone una inversión del Estado por USD 4 000 millones".

Uno de los principios fundamentales de la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua -tal es su nombre oficial- no es solamente garantizar el derecho al agua, sino que sea de calidad.

Para eso se detiene en el orden de prelación: potable para consumo humano (incluso en ciudades donde no se goza de ella, como en barrios de Riobamba o Cayambe); para el riego y abrevaderos, "que garanticen la soberanía alimentaria", dice Carvajal; para uso industrial, como agroexportadores, industrias y proyectos hidroeléctricos.

Para la consulta prelegislativa que finalizó se inscribieron 86 organizaciones de segundo orden. En cada sesión hubo un promedio de 300 representantes de estos colectivos.

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