1 de November de 2011 00:01

Se prohibió el ingreso a las oficinas

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En la Gobernación de Loja fueron destituidos 105 empleados el viernes pasado. 24 de ellos acudieron ayer a esta dependencia pública, pero no pudieron ingresar. “Quería entregar los materiales y los equipos que estaban bajo mi responsabilidad”, dijo Jacqueline Granda, funcionaria que laboró 15 años como secretaria de la Comisaría de la Mujer y la Familia.

Lo mismo sucedió con Marcia Romero, secretaria general, quien laboró cinco años. Bajo su responsabilidad estaban un computador, teléfono, fax, escáner, televisión, enseres de oficina, documentos, etc. “No se qué vamos a hacer, porque no nos permitieron entregar nuestras cosas. Somos funcionarios honestos, pero no nos dejan ingresar para devolverlos”.

Romero realizó un oficio dirigido a Alicia Jaramillo, gobernadora, para saber a quién debía entregar los enseres de oficina. Su petición no tuvo respuesta.

Cosme Ordóñez, presidente de los empleados de la Gobernación, dijo que no se puede legalizar los despidos porque los empleados notificados no firmaron el documento. Y como ciudadanos no están impedidos de ingresar a la dependencia.

Denunció además que no se realizaron las evaluaciones correspondientes. “No es posible que se despida a todos. Eso equivale a decir que ni un solo funcionario ha respondido a su cargo”.

Seis efectivos policiales custodiaban ayer el ingreso a las instalaciones, solo dejaban pasar a ciudadanos particulares y periodistas, aunque estos último no tuvieron acceso al segundo piso, donde se encuentra el despacho de la Gobernadora.

La atención a los usuarios fue irregular. María Rojas tramitó un documento sin problema en las oficinas de la Comisaría de la Mujer y la Familia. Sin embargo Pedro García, de 45 años, no pudo renovar su pasaporte porque no hubo nadie para atenderlo. García tiene que viajar el próximo 5 de noviembre a España. “No entiendo por qué se dan estas cosas en mi país, particularmente en Loja. Si se iba a cambiar el personal, por lo menos era que dejen a otros. Estoy de acuerdo que se den estos cambios pero sin perjudicar al ciudadano”.

Mauro Aguirre, comisario de Policía, dijo que él mismo tiene que realizar los escritos, pero que la atención es normal.

Piedad Guerrero, ex abogada de la Intendencia de Loja, rechazó las declaraciones de la Gobernadora respecto a denuncias por mala atención al público. “Es algo insólito que la Gobernadora nos llame incompetentes sin una previa evaluación. Ella ni siquiera se asomó a nuestros escritorios para mirar cómo se trabaja. No se puede botar a todo el personal con simples excusas”.

En la Dirección Provincial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 13 empleados fueron separados. Lorena Gonzaga, directora del MTOP, dijo que aún no se conoce el total de destituidos porque las acciones de personal continúan en otras dependencias.

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