Se construirá una UPC en Sarayaku

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Reds. Política y Sierra Centro 

En Sarayaku no hay policías ni militares. En esa comunidad indígena, que se extiende por 135 000 hectáreas de Pastaza, dicen que no hay necesidad de que alguien vigile su seguridad, pues no hay delitos.

Pero el hecho de que no haya fuerza pública en ese segmento del Ecuador inquieta a las autoridades, que ahora tienen sus ojos sobre esta zona. El motivo es que allí estuvieron Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, condenados por injurias contra el presidente Rafael Correa.

Lo que preocupa a las autoridades es la presencia de supuestos “paramilitares” y “grupos armados” en Sarayaku. El ministro del Interior, José Serrano, en días anteriores,  dijo que se tienen fotografías y evidencias que prueban la existencia de estos grupos desde hace un año, aunque la dirigencia indígena señala que las armas son para cazar.

El 16 de mayo se confirmó que “se instalará” en los próximos días una Unidad de Policía Comunitaria (UPC), con lo que la presencia de los uniformados será permanente en la zona.

El anuncio lo hizo el comandante general de la Policía, Rodrigo Suárez, minutos después de descender de uno de los helicópteros que llegaron desde Shell, y que no permanecieron allí por más de 20 minutos.

Suárez llegó el jueves junto con el fiscal Fabián Salazar para verificar si están en esa comunidad los tres sentenciados, quienes ya no estarían en este territorio indígena. Arribaron en dos helicópteros de la Policía hasta la comunidad principal, que se sorprendió por el sonido de las naves y que se encontraba en medio de los preparativos para la fiesta de la Pacha Mama.


Fue el segundo ingreso de la Policía a Sarayaku y traía consigo una advertencia sobre las consecuencias legales –según dijo Suárez- para los habitantes si ellos impiden que la fuerza pública verifique la presencia de tres sentenciados.

La encargada de hablar con las autoridades fue Corina Montalvo, madre de José Gualinga, presidente de la comunidad. El dirigente no estaba en el poblado pues salió desde el jueves en la noche a cazar, acompañado con otros miembros.

Pero además la visita traía el contexto de una advertencia mayor, hecha por el mismo Correa en su sabatina. Él anunció que decretaría el estado de excepción en Sarayaku si no se permite el ingreso de la Policía.

Las acciones que se tomarán aún están en análisis, según confirmó vía telefónica el fiscal Salazar. El agente señaló que el ambiente en la comunidad fue hostil y que se negaron a recibir la notificación por escrito. “La presencia de la Fiscalía allí fue para garantizar el proceso”.

Pero la amenaza del estado de excepción en la zona sigue en el ambiente, aunque de momento no ha dejado de ser nada más que una advertencia. Según la Constitución en su artículo 164, el Presidente puede declarar este estado en todo el territorio o parte de él “en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural”.

Mientras se extiende este decreto, el Mandatario puede suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión e información.

Más acciones en Corte IDH

La ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, anunció el jueves que pedirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) una audiencia en la que se reciba al Estado y a los representantes de Sarayaku.

El objetivo de esta cita sería exponer cómo avanza el cumplimiento de la sentencia de 2012, en la que se halló culpable a Ecuador de vulnerar los derechos de la comunidad.

Tanto Zúñiga como el procurador Diego García mantuvieron el miércoles una reunión con el presidente de la Corte, Humberto Sierra. Sin embargo, en esa cita no estuvo presente ningún representante ni abogado de la comunidad indígena.

La Ministra también aseguró que esperan que se posesione la nueva dirigencia de Sarayaku para iniciar un diálogo.



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