29 de March de 2011 00:00

‘Se busca una injerencia política y eso no conviene’

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Pablo Estrella está en desacuerdo con la pregunta 5 porque, a su criterio, atenta a la democracia. Él opina que no se han creado mecanismos adecuados de justicia.

¿Usted considera que el sistema de administración de justicia va a ser eficiente con la reforma del Código Orgánico de la Función Judicial?

No estoy de acuerdo porque atenta contra la clásicas divisiones de las funciones del Estado. Hay una injerencia del Ejecutivo y no creo que eso sea conveniente para la democracia. Es un atentado y una reforma al Código Orgánico no será la solución ni tampoco el mecanismo idóneo.

¿Las falencias que tiene el Consejo de la Judicatura se modificarán enmendando la Constitución?El problema de la función judicial es mucho más profundo, con unos cambios epidérmicos no se logrará absolutamente nada. En la propia Constitución de hace dos años está establecido como debe reorganizarse el Consejo de la Judicatura. No se han creado los mecanismos adecuados. No significa que el hecho de crear una comisión tripartita con delegados cercanos al Gobierno la administración de justicia va a cambiar.

A su criterio, ¿los manejos políticos no han permitido que se aplique la actual Constitución en lo que reza la función judicial?

Uno de los problemas más grandes del país es tener injerencia política, esto ha impedido que la función judicial tenga su verdadera autonomía y por ello no se puede aplicar la función de derecho y de justicia. Esta situación ha complicado los procesos legales y además genera un organismo de control muy peligroso porque se pretende tener una injerencia directa por parte del Presidente de la República.

¿Con esta reforma considera que habrá un control permanente, ágil y dinámico en la función judicial?

El problema de la agilidad es mucho más grave y de fondo. Por ejemplo, hay un exceso de causas que se convierte en demandas. No se utilizan los medios alternativos para solución de conflictos como es el arbitraje, mediación. El gran congestionamiento de causas impide que los jueces puedan tener tiempo suficiente para resolver. Además, no se ha hecho mucho para profesionalizar al personal que labora en estos sectores, que están vinculados a la justicia y a esto se agrega un problema grave que es la ética. Los jueces no operan bajo derecho.

¿Qué alternativas se deben plantear para una reforma de la administración del sistema de justicia?

Aplicar lo que está en la actual Constitución. El proceso de nombramiento del Consejo de la Judicatura requiere un cambio, que se logre una función judicial ágil y eficaz. También es necesaria la inversión del Estado y que todos los ciudadanos se eduquen y conozcan cómo pueden aportar a un cambio. Es urgente una reforma del sistema pero desde su propia función y desde la ciudadanía.

¿Cómo se vería afectada la justicia en el caso de que gane el sí en esta pregunta?

Definitivamente va a salir afectado en la medida que va a empezar a depender del Ejecutivo y esto crearía una situación de inseguridad, con esto no superaríamos en nada el proceso judicial. Se atentaría con la eficacia de la administración de justicia.

¿Es necesario un proceso de difusión de esta pregunta y de qué manera se haría?

En principio es necesario un análisis, porque creo que la propia consulta popular no es conveniente para el país. Existe una intencionalidad política. Todos los sectores están llamados a debatir y generar conciencia en relación con lo que implica esta pregunta y cuánto afectaría a la justicia.

REFERENDO

PREGUNTA 5

¿Con la finalidad de tener una más eficiente administración del sistema de Justicia, está usted de acuerdo en modificar la composición del Consejo de la Judicatura, enmendando la Constitución y reformando el Código Orgánico de la Función Judicial como establece el anexo 5?

Rafael Simons/ Gerente de Cartopel

‘Es un acto perverso lo que se quiere hacer’

Es necesario que se mejore el sistema de justicia pero no como se lo quiere hacer. Lo que se pretende es una intromisión en una función del Estado y esto sería perverso por parte del Ejecutivo.

La alternativa vigente me parece la más aceptable. Los manejos políticos han impedido que funcione. Las designaciones deben hacerse a través de un sistema auditable, transparente y no bajo un análisis político. Debe existir un enfoque democrático y que permanezca en el tiempo.

El sistema de justicia debe ser libre. La pretensión de los cambios, uno no sabe en qué puede afectar al sector empresarial.

Marcelo Chico/ Prof. Derecho Internacional

‘La independencia es vital en democracia’

La independencia de la función judicial es vital en un estado democrático. Si el Ejecutivo nombra jueces a través de sus representantes, es evidente que serían sus subalternos y van a tener mayor influencia.

La Constitución elaborada por el actual Gobierno no es aplicada, y por eso es que tratan de modificarla a través de una consulta popular. En este referendo no pueden incluirse preguntas cuyas respuestas impliquen una violación a las dependencias de las funciones del Estado.

La alternativa es nombrar a integrantes del Consejo de la Judicatura que sean personas eficientes y apolíticas.

Lilio Carbo/  Abogado en libre ejercicio

‘El cambio ayudaría a lograr la igualdad’

La mayoría de jueces utiliza sus diferentes mecanismos para que no sea ágil el proceso y creo que es necesario que el Consejo de la Judicatura sea un órgano eficiente.

Es necesario nombrar a jueces probos, reconocidos en el Ecuador. Y no únicamente con padrinazgo a los parientes o amigos. Existen abogados muy capaces; sin embargo, como no tienen la misma influencia son dejados al margen.

El cambio que se plantea en esta pregunta ayudaría para que quienes califiquen tengan la completa idoneidad, trasparencia y se logre que la justicia sea aplicada para todos con igualdad.

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