Sarayaku en polémica jurídica por proteger a Cléver Jiménez

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Estefanía Celi R. Redactora

Las versiones son contradictorias. Mientras los dirigentes del pueblo de Sarayaku denuncian que aeronaves militares estarían sobrevolando su territorio, el Ministerio de Defensa, a través de un comunicado, aseguró ayer que "no ha existido ninguna presencia ni tampoco sobrevuelos en la zona con helicópteros de las Fuerzas Armadas".

La polémica surgió después de que los dirigentes de ese pueblo, ubicado en la provincia amazónica de Pastaza, anunciaron que brindaron asilo en su territorio a Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa. Los tres están sentenciados por injuriar al presidente Rafael Correa.

Sin embargo, a pesar de que la ubicación de los tres sentenciados es ahora de conocimiento público, aún no han sido capturados. En Sarayaku, aseguran que la Fuerza Pública no puede ingresar a esta zona, porque se violarían sus derechos.

Las casi 135 000 hectáreas pertenecientes a este pueblo les fueron otorgadas mediante títulos de propiedad en mayo de 1992, durante los últimos meses del gobierno de Rodrigo Borja.

Patricia Gualinga, representante de la comunidad, asegura que hay dos antecedentes que no permiten el ingreso de militares en la zona. El primero es que en el 2002, las Fuerzas Armadas fueron declaradas institución no grata.

"Hubo una reunión del gabinete provincial con todas las autoridades y se acordó que no podían ingresar a territorio Sarayaku". Por esta razón, los militares no pudieron entrar a la comunidad durante las elecciones del 2006.

El segundo antecedente, según la dirigente, es la sentencia a favor del pueblo que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) en 2012. El fallo determinó la responsabilidad del Estado ecuatoriano por no haber realizado una consulta previa, libre e informada sobre la explotación petrolera en la zona. Y ordena reparar a la comunidad por violaciones a sus derechos.

"La sentencia dice que no puede haber un hecho de repetición de militarizar o invadir con la Fuerza Pública a Sarayaku. Por esto, el Estado fue condenado", señala Gualinga.

Sin embargo, está en debate si esa sentencia -dictada en una disputa por un tema petrolero- tiene alcance para el actual caso, señala el jurista Alejandro Ponce. Él cree que el fallo de la Corte-IDH es un precedente parcial para este tema. "Lo que resolvió la Corte es que no podía haber una intervención arbitraria de las FF.AA. Bajo esta perspectiva, independientemente de la razón, los militares no deberían ingresar a Sarayaku", asegura.

Mario Melo, quien fue abogado de Sarayaku ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, señala también que la sentencia de la Corte-IDH es un precedente en el sentido de que debe haber diálogo entre las organizaciones indígenas y el Estado, antes de tomar una decisión que les afecte directamente. "Cualquier salida deber ser en el marco de respeto".

Desde el Gobierno se mira a la decisión de acoger a Jiménez, Villavicencio y Figueroa desde otra perspectiva.

En su última sabatina, el presidente Correa dijo que Sarayaku es una comunidad "altamente politizada". "Ellos son fugitivos (Jiménez, Villavicencio y Figueroa) de la Justicia y han decidido darles protección, desafiando todo el Estado de derecho. Imagínense si se sienta ese precedente que cualquier comunidad (se) considera con la autoridad para desobedecer una sentencia judicial y proteger fugitivos".

Ponce señala que no es labor de las Fuerzas Armadas capturar a un fugitivo. De ahí que señala que sería diferente el escenario si la intervención la hiciera la Policía. Argumenta que en todo caso no es una infracción albergar allí a los tres sentenciados, pues es una medida de carácter jurídico, no político. Mientras tanto, la comunidad de Sarayaku se declaró en alerta roja ante una posible intervención de la Fuerza Pública. En rueda de prensa, el dirigente José Gualinga dijo que la comunidad se está organizando para estar preparados ante "cualquier emergencia".

Villavicencio se disculpará

El exasesor de Jiménez aseguró que está preparando una disculpa para el Presidente. En una entrevista en el programa Visión 360, de Ecuavisa, comentó que es posible que se cometieran "errores" en la denuncia contra Correa, sobre la revuelta policial del 30-S.

"Yo estoy preparando una disculpa para el presidente Correa. Yo digo: ¿por qué firmé esa denuncia?", declaró.

Además, señaló que en el fondo, lo que buscaba el Gobierno es "cualquier instrumento para silenciarme".

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