Sarayaku no aceptará una UPC en su territorio

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Redacción Sierra Centro

La mañana del viernes pasado (16 de mayo del 2014), tres mujeres de Sarayaku, en la provincia amazónica de Pastaza, corrían para alcanzar a llegar hasta el helicóptero de la Policía. Su objetivo era llegar y presentarse como las supuestas esposas de los tres prófugos de la justicia Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa.

Las tres sonreían mientras corrían y hablaban en kichwa, su idioma natal. Su broma calmó la preocupación del resto de habitantes al ver la llegada de los comandantes de la Policía nacional y provincial y del Fiscal de Pastaza. Los delegados del Gobierno no entregaron ninguna documentación a los habitantes que en su mayoría eran niños y ancianos ya que los hombres salieron de cacería y pesca para la celebración de la Pachamama.

Lo único que hicieron fue dejarnos un mensaje, dijo José Gualinga, presidente del gobierno de Sarayaku. Las palabras del comandante de la Policía, Rodrigo Suárez, refirieron a que en los próximos días se instalará una Unidad de Policía Comunitaria, UPC, en el poblado.

De acuerdo con Gualinga, esto no puede darse ya que para esto la Policía debe solicitar una autorización al pueblo que es el dueño de todos los terrenos disponibles en la zona. “Acá hacemos un consenso y según el resultado se aprueba cualquier cosa. Ellos (los policías) no han hablado con nosotros ni con ningún dirigente”.

Hilda Santi fue la teniente política de Sarayaku desde el 2011 hasta enero de este año. Según la dirigente de la población hace dos años ya se propuso la construcción de una UPC. Antes de mi salida, ya tuvimos una primera evaluación para instalar el servicio pero se decidió que sea en Pacayaku, otra de las comunidades. Sin embargo, cuando el técnico del Ministerio del Interior, Antonio Belín, debió ir a la reunión de coordinación, nunca llegó.

Santi recuerda que en la zona hay 31 comunidades bajo la jurisdicción de la parroquia. “El trabajo se hizo junto al gobierno de (gobierno del pueblo originario Kichwa) y con la presencia de likuatis (policías) que representan a las siete comunidades que integran el pueblo. Además coordinábamos la labor con el técnico del Ministerio del Interior que labora en la Gobernación de Pastaza”.

Con el grupo Wio (seguridad interna), añade Santi, se trabaja desde el año pasado. “Ellos son reconocidos por el Codempe. Fuimos la primera parroquia de Pastaza que aplicó la justicia indígena en casos de violencia intrafamiliar y pública. De acuerdo a la falta cometida se imponen las sanciones”.

Entre los pobladores no hay dudas. No permitirán el ingreso de los Policías permanentes. EL entrenador de fútbol comenta que cuando se realizaron las elecciones de autoridades seccionales, el pasado 23 de febrero, los policías llegaron para controlar el desarrollo de las votaciones. “Apenas se terminó el proceso se fueron”.

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