8 de August de 2010 00:00

Santos recibe un país más seguro, pero con serios problemas sociales

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Santiago Zeas B.

Álvaro Uribe se retiró de la Casa de Nariño después de ocho años en el poder, dejando como legado una Colombia más segura. Pero también con duros problemas económicos, diplomáticos y sociales que Juan Manuel Santos ha prometido solucionar.Su gestión se enfocó en desarrollar su política de seguridad a la que bautizó como “democrática”, que buscó terminar con la violencia interna y el conflicto armado colombiano.Aunque en el balance final no cumplió con su oferta de terminar con las guerrillas (FARC y ELN), consiguió recuperar la percepción de seguridad, como lo reconocen las fundaciones Nuevo Arco Iris (de visión crítica) y Seguridad y Democracia (más cercana al pensamiento uribista).Las cifras de Seguridad y Democracia señalan que en la administración de Uribe los homicidios se redujeron en un 34%, los secuestros cayeron en un 90% y los grupos guerrilleros se debilitaron, aunque no desaparecieron.Entre las explicaciones para el mejoramiento de la seguridad figura la desmovilización de los grupos paramilitares de derecha, proceso que se llevó adelante en su primer período presidencial (2002-2006) y en el que más de 31 000 dejaron las armas. No obstante, la Fundación Arco Iris ha advertido que los 21 jefes ‘paras’ que no se desmovilizaron y que manejaban cerca de 5 000 combatientes, han dado vida a las bandas criminales ‘emergentes’.A pesar de las críticas a ese proceso, la era Uribe también logró el debilitamiento de las guerrillas de las FARC y el ELN, que no tienen la misma fuerza de hace ocho años, cuando la viabilidad del Estado colombiano peligraba. Las FARC recibieron los golpes militares más duros en su historia. En enero del 2004 fue capturado en Quito, alias Simón Trinidad, mientras que en diciembre de ese año, se aprehendió a Rodrigo Granda en Caracas. Ambos guerrilleros, miembros del Secretariado de las FARC, fueron las primeras victorias de la inteligencia colombiana. En marzo del 2008, cayó Raúl Reyes, tras el bombardeo en Angostura que le costó a Uribe la ruptura de las relaciones con Ecuador. En julio de ese año, el Ejército le quitó de entre las manos a su rehén más preciada, la ex presidencial Íngrid Betancourt. Estos ‘mazazos’ a las FARC se reflejan en las cifras. La guerrilla más antigua del continente perdió cerca del 40% de territorio donde tenían influencia, según la Corporación Nuevo Arco Iris.Su director, León Valencia, admite que la administración Uribe logró “espantar” a las guerrillas de las grandes ciudades y arrinconarlas en las fronteras, especialmente con Ecuador y Venezuela.De hecho, ese desplazamiento de los grupos rebeldes ha provocado el deterioro en las relaciones bilaterales con Quito y Caracas, que en estos últimos ocho años llegaron a su punto más bajo y que son una dificultad para el gobierno de Santos.El bombardeo al campamento clandestino de Reyes provocó la ruptura de relaciones con Ecuador. Mientras que las acusaciones de que Hugo Chávez da refugio a la insurgencia terminó por desencadenar en la ruptura de nexos diplomáticos y la caída del intercambio comercial en más de USD 2 000 millones.Por eso, el ex mandatario liberal Ernesto Samper sostiene que nunca antes las relaciones internacionales colombianas estuvieron tan mal como ahora.De ahí que la recomposición de las relaciones con los dos países vecinos es precisamente uno de los pasivos que Santos recibe de Uribe, a quien esta semana revista Semana lo calificó como el “pacificador” de Colombia.El nuevo gobernante también recibe una Colombia con problemas económicos, que amenazan en convertirse en una bomba de tiempo “social”. Así lo asegura el ex viceministro de Comercio Exterior, Mauricio Reina, que mira en el desempleo (11%) y la inequidad (47% de pobres) dos dificultades grandes del país. A esto se suma que el sistema de salud tiene problemas de sostenibilidad. Por eso se impulsaron reformas tributarias para recaudar unos USD 350 millones para evitar su colapso. En ese escenario, Santos ha prometido que es hora de pensar más allá de la seguridad democrática. Su prioridad es la “prosperidad democrática”.

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