Ruptura de los 25 ratificó ayer su decisión de no utilizar los fondos públicos otorgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), para su campaña por el ‘no’ en la consulta popular del próximo 7 de mayo.
La asambleísta María Paula Romo y sus coidearios Alexandra Ocles y Juan Sebastián Roldán dirigieron la conferencia a nombre del movimiento. Allí expresaron los motivos por los cuales tomaron la decisión de devolver los montos asignados, que suman cerca de USD 100 000.“Nuestra campaña será comunicar, analizar, debatir, pero sabemos que la consulta no resolverá los problemas reales del Ecuador y no nos parece responsable gastar millones de dólares en preguntas sobre temas que no requerían de este procedimiento”, señaló Roldán.
Con respecto a ese tema, manifestaron que continuarán su campaña a favor del no de forma independiente. Es decir, sin los fondos públicos que les permitían mayores alcances de propaganda en los medios tratarán de continuar manifestando su posición directamente con la gente.
Ante esto, Ocles indicó que hasta el momento lo han hecho en provincias hablando en comunidades cara a cara con la ciudadanía “y lo seguiremos realizando así, todos los que pertenecemos al movimiento colaboraremos”.
El movimiento Ruptura además invitó a los actores políticos del próximo referéndum a que efectúen su campaña sin utilizar las asignaciones del CNE.
Para los actores políticos que recientemente se separaron de A. País, la consulta encierra “un discurso en donde nos hacen escoger entre seguridad y derechos, como si fueran opuestos. El desafío es lograr vivir con seguridad sin renunciar a los derechos”: esta es una de las frases que reza en el comunicado emitido por el movimiento. Y por el cual Romo argumentó que la consulta popular tiene 10 preguntas, pero modifica artículos y transitorias de la Constitución y, a través de anexos, más de 50 normas de otros cuerpos legales. “Eso quiere decir que hay muchos que votaremos sin conocer eso siquiera”.
En el comunicado también se hace referencia a que a través del comunicado de la consulta, el presidente Rafael Correa ejerce el Poder Ejecutivo, Legislativo, reemplaza al Consejo de Participación Ciudadana y nombraría al judicial. “Esta concentración es exactamente lo contrario de lo que conviene en la democracia”.
El asambleísta César Montúfar considera que hay que hacer una aclaración, pues el CNE no asigna a los movimientos fondos públicos sino que estos son cancelados a los medios de comunicación para realizar las campañas.
“Todos los actores políticos tenemos derecho ante la ley de utilizar esos fondos públicos para apoyar a las campañas”.
Al asambleísta no le parece justo que el Gobierno nacional sí pueda utilizar todos los medios para hacer propaganda a favor de la consulta. “Nosotros (Unidos por la democracia) sí usaremos esas asignaciones porque tenemos derecho a manifestar nuestros puntos de vista”.
Seis grupos más en campaña
Dos organizaciones políticas y cuatro sociales fueron inscritas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para participar en la campaña por la consulta popular del 7 de mayo. Estos grupos apelaron ante el Tribunal Contencioso Electoral que acogió su pedido.
Sin embargo, la distribución de los montos para publicidad en los medios ya fue establecido, por lo cual el Pleno del Consejo debe encontrar un mecanismo para que estas organizaciones reciban el monto a tiempo para invertirlo en su campaña.
El vocal Fausto Camacho dijo que la mejor opción es una nueva asignación para que de esa forma no se disminuyan los recursos que ya se establecieron para la inversión en medios. Por su parte Marcia Caicedo coincide con esta propuesta.
Estas organizaciones tendrán un promedio de USD 100 000.