Romo: 'Este Código Penal nos mira a todos como delincuentes, no solamente a los médicos'

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Carlos Rojas A. Editor Político

Entrevista a María Paula Romo, jurista, catedrática, exasambleísta, fundadora de Ruptura 25 

¿Se puede hablar de un Código Integral Penal (COIP) exitoso porque reemplaza a una ley totalmente vieja?
Una ley no es moderna porque se haya aprobado en este año, sino porque su contenido es moderno. Este Código Penal no está acorde con esta época.

Hay una serie de delitos nuevos que allí se incluyen.
En un cuerpo de mil artículos se van a encontrar temas muy actuales, que están bien, pero hay otros malos. Lo indicado es hacer un análisis global. Este Código Penal no es moderno ni constitucional.

¿Por qué?
Según nuestra Constitución, el derecho penal es la última respuesta. Pero según este Código, el derecho penal es la única respuesta.

En esencia, ¿punitivo?
La pregunta que debemos hacernos es el tipo de sociedad que el COIP recrea. A mi juicio, es una sociedad de castigo, represión y violenta respuesta penal. Este Código y la política criminal del Gobierno nos van mostrando que lo que se quiere es una sociedad de soplones, donde todos nos acusemos entre nosotros, con márgenes de arbitrariedad bien grandes.

¿Crear nuevos delitos y aumentar las penas no es un paso contra la impunidad?
Eso no lo dicen los amplios estudios sobre este tema.

Esta idea de la 'criminalización' se ha quedado en el ejemplo de cinco, 10 o más casos de políticos, activistas, periodistas procesados que denuncian persecución. ¿En qué momento el ciudadano común sentirá ese peso punitivo del COIP?
El COIP es solo un eslabón en la construcción de ese discurso punitivo. Al inicio del Gobierno había 18 000 personas privadas de libertad; el 80% no tenía sentencia. Para el 2010 bajó esa cifra a 12 000. Y en el 2013 hubo casi 27 000 presos. El aumento es escandaloso.

El Gobierno muestra indicadores de la inseguridad que en general bajaron. ¿No es ese un buen resultado?
Eso es discutible, porque desde hace dos años los indicadores sobre muertes violentas solamente los maneja el Gobierno. El último informe de la OEA habla de 19 muertes violentas por cada 100 000 habitantes, que es el promedio de América Latina. El ministro José Serrano dice que son 10 por cada 100 000 habitantes.

Con más 'delincuentes' presos la sociedad podrá decir que está más tranquila...
Puede ser esa una primera sensación del ciudadano que todavía no ha sentido cerca del sistema penal y no ha visto que ahora hay procedimientos abreviados, cárceles hacinadas, etc. Si eso lo llega a ver, la sensación cambiará y se sentirá desprotegido.

¿El ciudadano que no afilió a su empleado en el primer mes o el que se pasó los límites de velocidad y que por ello deben ir a la cárcel?
Exactamente, porque se dará cuenta de lo duro que es defenderse y que las penas en muchos casos son desproporcionadas. Resulta que no afiliar al IESS es tan grave como un homicidio inintencional o el microtráfico de drogas (hasta tres años de cárcel).

La gente puede decir que llevando un buen comportamiento, el COIP será siempre una ley lejana. ¿Cómo esta ley puede marcar la convivencia ciudadana?
Con esa idea de que nos demandemos por todo, que todo termine en juicio, y que el auxilio de la cárcel sea el fin de los conflictos. Eso es muy grave.

¿La sociedad ecuatoriana, es conflictiva?
No sé si solo la ecuatoriana, pero hay sociedades a las que la idea del castigo, la jerarquía y el autoritarismo las seduce. Todos, como sociedad, deberíamos aprender de la lucha de los médicos que ahora están diciendo: no nos traten como delincuentes. Y el problema no es que el COIP tipifique la mala práctica profesional, sino que este presuma la culpabilidad y la criminalidad desde un inicio, puesto que lo que el Código hace con los médicos lo hace con todos nosotros, porque hasta divulgar secretos está penado. Es decir, hasta el chisme.

¿Qué pasa si a una ley punitiva como esta se suma un Poder Ejecutivo que tiene una marcada influencia en todo el sistema judicial?
Esa mezcla es explosiva y la mecha que la enciende es esa Corte Constitucional que no existe y que solo falla diciendo que el Estado es la víctima, por ser el titular de derechos fundamentales. El problema no es que haya leyes mal elaboradas o autoridades y jueces al margen de ellas si hubiera una CC que vele por los derechos encima de cualquier poder.

Ustedes, en Montecristi, refundaron el país por completo. ¿La situación actual de la Justicia es consecuencia y una lección de esa ruptura que patrocinaron, solo por tener mayoría total?
Es más fácil evaluar las cosas cuando uno mira hacia atrás. Pero yo sí creo que este Gobierno tuvo varios momentos. Es cierto que hay una lista de cosas que no debimos haber hecho, pero hay otras que sí lo hicimos. En Montecristi dejamos en el cargo al contralor Carlos Pólit, que era de Sociedad Patriótica, la oposición, y pusimos en el CNE a Omar Simon, de Participación Ciudadana. Y eso fue un desastre.

  • Su trayectoria. En el 2004 impulsó el movimiento Ruptura de los 25 que, en el 2006, apoyó a Rafael Correa. Su alianza política llegó hasta el 2011. Romo, con Alianza País, fue constituyente y asambleísta por Pichincha. Su distanciamiento con el oficialismo fue a raíz de la consulta popular del 2011, para reformar la Justicia.


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