4 de February de 2012 00:02

Rigen límites a la prensa en época electoral

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Una vez que el veto electoral diseñado por el Ejecutivo ha cobrado vigencia, la oposición alista nuevas estrategias para bloquear jurídicamente esa normativa.

A partir de la medianoche de ayer estaban listas para su publicación en el Registro Oficial las reformas al Código de la Democracia, instrumento que regula los procesos electorales y que estará vigente en los comicios del 2013.

El paquete de artículos aprobados por la Asamblea Nacional y el presidente Rafael Correa apuntan a realizar modificaciones sustanciales en cuatro ejes.

Uno, las restricciones a medios de comunicación durante la campaña electoral. Dos, el permiso para que las autoridades participen en las elecciones sin pedir licencia. Tres, el cambio a un método de asignación de escaños que en teoría beneficiará al movimiento oficialista. Cuatro, la posibilidad de que el Gobierno pueda realizar campañas “informativas” incluso en época electoral (ver cuadros adjuntos).

Para frenar estas reformas, varios actores han armado estrategias jurídicas, aunque sin resultados. Hasta la tarde de ayer, por ejemplo, el Tribunal Segundo de Garantías Penales de Pichincha no se pronunciaba sobre las medidas cautelares solicitadas por el movimiento Concertación. Su vocero, Juan Carlos Solines, sostiene que el veto electoral configura un serio esquema de fraude electoral, por dos razones.

La primera es que limita la difusión de los mensajes de los candidatos. Esto, debido a las prohibiciones que tendrá la prensa para realizar reportajes especiales, que pueden ser considerados por la autoridad electoral como “publicidad indirecta”. El segundo es el uso de bienes e infraestructura del Estado, pues en su veto el Ejecutivo eliminó un párrafo aprobado por la Asamblea que prohibía explícitamente su uso.

“Es una prueba de fuego para que la renovada Justicia demuestre que aplica la Ley”, dice Solines, quien critica que no haya existido un trato ágil de esos recursos.

No obstante, existe un antecedente negativo a este tipo de acciones legales. El 25 de enero, la jueza Ángela Sarmiento negó el pedido de medidas cautelares que presentó la Unión Nacional de Periodistas, para que no se apliquen las restricciones a la prensa. El titular del gremio, Vicente Ordóñez, dice que “la presión del poder se impuso”.

Pese a ello, la UNP asegura que está analizando otras acciones. Advierte que si el veto ingresa por el ministerio de la ley, presentarán ante la Corte Constitucional una demanda. El legislador Paco Moncayo apoya este camino. El lunes, a las 16:00, será recibido por el presidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño, a quien presentará la acción de inconstitucionalidad.

“Es evidente la ruptura de la norma constitucional y sería asombroso que la Corte no aplique las medidas cautelares pertinentes”, dice el legislador. Moncayo cuestiona a sus colegas del oficialismo por su actuación ante el veto electoral, pues la califica como “sumisa” a Carondelet.

En estas reformas electorales, dos organismos han tenido un papel clave. Se trata del Legislativo y del Consejo Nacional Electoral. En la primera instancia, pese a las voces de alerta, el momento de votar no hubo los 83 votos necesarios para insistir en el texto original aprobado en la Asamblea. Por eso, las reformas ingresaron por el Ministerio de la Ley. Mientras que el CNE tuvo un protagonismo clave, pues modificó la fecha de la primera vuelta (20 de enero del 2013) y con esa decisión viabilizó la consolidación de la reforma.

Reelección de las autoridades
El artículo 93 permitirá que las autoridades de elección popular  que están en funciones, como el Presidente o los asambleístas,  puedan optar por la reelección a su cargo  sin la obligatoriedad de pedir una licencia durante la campaña electoral. Opositores consideran que los beneficiados de esta norma  serán las autoridades del Gobierno, pues existe el antecedente de un aparente  mal uso de la infraestructura  oficial  durante la consulta popular de mayo del 2011.
 Las autoridades que se candidaticen a otra dignidad sí deberán renunciar antes de la   respectiva inscripción.

El método de la asignación de escaños
Las nuevas reglas electorales  establecen   que existan  dos sistemas de asignación de escaños. El método Webster, que fue acordado entre el oficialismo y la oposición durante la aprobación de la reforma electoral, que  favorece a las minorías. Esta fórmula solo se aplicará para designar a los 15  asambleístas nacionales. Los otros 108 provinciales  se escogerán con el método de D’Hondt, que a criterio de Carlos Aguinaga, ex presidente del Tribunal  Electoral,  favorece a los partidos mayoritarios en detrimento de las minorías.  Es decir,  este método  de escaños se aplicará para el 88% de la Legislatura.

Los recursos del Estado en  la campaña
En el proyecto de reformas que aprobó la Asamblea se prohibía    el uso de recursos  del Estado, así  como la publicidad o propaganda electoral en todos los niveles del Gobierno.
 Pero  el veto presidencial  quitó  la prohibición del uso de los recursos del Estado.  El texto de la Asamblea decía: “Para la campaña electoral se prohíbe tanto el uso de infraestructura del Estado como la publicidad o propaganda gubernamental  en todos los niveles del Gobierno ”. Y el texto que finalmente rige es: “Durante la campaña electoral se prohíbe la publicidad o propaganda de las instituciones del Estado”.

Las prohibiciones a la prensa
Los medios de comunicación, durante la campaña electoral, se abstendrán de hacer “promoción directa o indirecta”, ya sea a través de reporta-
jes, especiales, o cualquier otra forma de mensaje que tienda a incidir  a favor o en contra de un candidato o tesis política.  
Este inciso nunca fue aprobado por la Asamblea Nacional y constituye un texto añadido de manera íntegra por el Ejecutivo. El veto presidencial dispone que el Consejo Nacional Electoral disponga la suspensión inmediata de esos mensajes. Esta norma es considerada una  mordaza que afectará a la información del ciudadano.


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