1 de May de 2011 00:00

La responsabilidad ulterior de la prensa

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Sofía Lara y Pamela Rizzo pronto se graduarán de periodistas. Las dos consideran que la profesión está blindada de responsabilidades para con la información que transmitirán y con la ciudadanía.

Esos dos criterios engloban el concepto de responsabilidad ulterior, que es parte de la pregunta 9 de la consulta popular impulsada por el Gobierno. Ese concepto no es nuevo, está incluido en la Constitución de Montecristi. En la Carta Magna se establece que la información que emita la prensa debe ser veraz, verificada...Sofía Lara y Pamela Rizzo aprendieron esos principios en las aulas de la Universidad San Francisco de Quito y conocen que son la piedra angular del periodismo. “Debemos ser totalmente objetivos con la información que entregamos”, dice Lara.

Pero el Gobierno asegura que la prensa ecuatoriana ha pecado contra esas dos reglas. Por eso, intenta que se apruebe una Ley de Comunicación para, entre otros aspectos, poner un freno a los supuestos abusos de los medios.

Esa ley quedó estancada en la Asamblea desde julio del año pasado, por eso el Régimen incluyó este tema en el referendo. La intención es que si gana su propuesta, los legisladores obligatoriamente aprueben la norma, con las condiciones que decidan los votantes en las urnas.

En el caso de la responsabilidad ulterior, la consulta quiere ser más rígida e incluye aspectos que no están en el proyecto de ley de medios del Legislativo. En ese texto únicamente se colocó, en el artículo 19, que el “ejercicio de los derechos de comunicación, no estará sujeto a censura previa, salvo los casos establecidos en la Constitución, tratados internacionales y la Ley, al igual que la responsabilidad ulterior por la vulneración de estos derechos”.

Sin embargo, la consulta pretende que el Consejo de Regulación establezca los criterios de responsabilidad ulterior de los comunicados y de los medios. Es decir, que elabore un conjunto de reglas que controlen y sancionen la violación de este principio.

Esa intención no es nueva dentro de Alianza País. En la Ley de Comunicación también se pretendió imponer la creación de este tipo de reglas; pero uno de los opositores a esa idea fue César Montúfar. Él sostuvo que se pretende controlar a los medios con esas sanciones, de tipo administrativas y que atentan contra los tratados internacionales. Según el legislador, no pueden colocarse nuevas órdenes, porque había una censura velada y se pondrían en peligro las libertades de expresión y de prensa en el país.

Esos peligros también fueron advertidos por la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, que señaló que no se puede traspasar el derecho internacional (ver breves). Esa alerta causó que A. País no incluyera ese objetivo en la ley; pero con la consulta hay una nueva oportunidad.

Paola Pabón, asambleísta del movimiento oficialista, no cree que la consulta endurecerá la Ley de Comunicación. “Defendemos la libertad expresión, pero con responsabilidad. Los periodistas y los medios son responsables de emitir una información veraz y verificada y en caso de que no suceda permitir que el afectado pida una rectificación”.

Vicente Ordóñez, presidente de la UNP, sostiene que esas normas ya existen y sospecha que la consulta intenta avalar un tribunal para regular a la prensa y definir cómo deberán trabajar los periodistas y las sanciones que tendrían.

Él, como sus futuras colegas Sofía Lara y Pamela Rizzo, asegura que un periodista conoce su responsabilidad y las sanciones a las que se sometería. “La consulta pretende colocar un camino incierto”, dice Ordóñez.

Puntos de vista

Los medios manejamos un código de ética

Rodrigo Matute/ Ex Presidente de la UNP, núcleo de Azuay

No considero que el periodista deba estar sujeto a una normativa, peor a un Consejo de Regulación, es muy peligroso para la libertad de expresión. Se pretende limitar la libertad de expresión e intimidar la labor del periodista, porque ya no podemos trabajar libremente y expresar nuestra voluntad y pensamiento. En cada medio de comunicación nos manejamos con un código de ética, por lo tanto rendimos también cuentas no solo a la ciudadanía, sino también podemos rendir ante un fiscal y juez. Es decir, cualquier ciudadano puede pedir cuentas o una aclaración a través del periódico o vía judicial, que es lo que pasa ahora. Los ciudadanos están en su pleno derecho.

En el momento que estemos sujetos a está censura o las normas creadas por este Consejo las cosas serán totalmente diferentes. El objetivo del Gobierno es tener el poder absoluto. Comenzamos con este Consejo de Regulación y luego cuando el Gobierno tenga el apoyo vendrá una serie de golpes a la prensa. Más allá de los juicios que pueden ser ventilados en un juzgado está el hecho de que no se va a poder decir y expresar lo que sucede en el país.

El Gobierno querrá intimidar y luego hará las reformas que crea conveniente para sujetar a los medios de comunicación.

Un gran problema es la autocensura por temor a juicios

Marco Viera / Periodista de Ambato

En la actualidad los comunicadores sociales ya tenemos problemas para publicar notas relacionadas con el Gobierno y con casos de supuesta corrupción de funcionarios públicos.

La amenaza de juicios acompañada de la exigencia de fuertes cantidades de dinero ya es una constante en los actuales momentos. Esto, con seguridad será peor cuando exista un Consejo de Comunicación que regule la responsabilidad ulterior del comunicador social.

Otro problema es la autocensura, previa a la publicación de una nota periodística. Esto sucede pese a que los informes periodísticos están debidamente documentados, contrastados y con la versión de las partes involucradas. Un ejemplo de esta situación ya sucedió con el libro ‘El Gran Hermano’. El Presidente demandó a los dos periodistas autores de la publicación, pese a que su hermano dio declaraciones sobre el tema.

Yo también tuve una experiencia similar. Una señora denunció mala práctica médica y presentó documentos, entrevistas y la denuncia ante la Fiscalía. Traté de localizar al médico, pero se negó a dar su versión. La noticia fue publicada y él entabló una demanda en la que pide indemnización de USD 100 000.

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