El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene listo al personal que se encargará de dirigir los próximos comicios, en las 24 provincias.
Se trata de los funcionarios de las juntas provinciales electorales, quienes fueron seleccionados por el Pleno del CNE mediante un hermético proceso, sin la participación de los delegados de las fuerzas políticas del país y sin que tampoco se conozca la manera cómo fueros designados.
Se trata de cinco vocales principales y cinco suplentes por provincia, es decir, 240 funcionarios. Desempeñarán tareas claves antes, durante y después de las elecciones de febrero próximo.
De ellos dependerá: calificar las candidaturas que se presenten en las respectivas jurisdicciones; realizar los escrutinios de los procesos electorales; designar a los vocales de las Juntas Intermedias de Escrutinio y de las Juntas Receptoras del Voto; vigilar la gestión de la respectiva delegación en el proceso electoral.
Además, deberán mantener informado al Pleno del Consejo Electoral y conocer y resolver en su sede los reclamos.
Políticos de oposición están preocupados. Coinciden en que los miembros que conforman estas juntas no fueron designados de manera transparente y que la mayoría son afines a Alianza País.
“La parte administrativa de las elecciones corresponde a Alianza País y también los cincos vocales de la junta, no existen garantías del proceso”, dice el director del Partido Social Cristiano, Alfredo Serrano, por ello anticipa que fortalecerán el control electoral.
El asambleísta de Sociedad Patriótica, Gilmar Gutiérrez, criticó que los reglamentos para la conformación, los nombres de los vocales y la forma de selección no hayan sido compartidos con las fuerzas políticas. Por ello, su partido ha pedido al CNE entregar la metodología de selección de estos funcionarios.
La ex vocal electoral Marcia Caicedo recuerda que para las elecciones del 2009 antes de conformar las juntas provinciales se realizó una convocatoria pública para que los ciudadanos se postulen. “Esa junta debe garantizar transparencia”.
En las elecciones anteriores al 2009 existía un Tribunal Provincial que asumía la parte administrativa y electoral. Este estaba conformado por siete delegados de las fuerzas políticas más fuertes. No obstante, con el nuevo Código de la Democracia estas funciones se desconcentraron. Ahora existe un director de la delegación que se encarga de la parte administrativa y los miembros de la junta que son contratados exclusivamente para el periodo electoral.
Para el ex titular electoral, Medardo Oleas, con la anterior conformación del Tribunal Provincial existía una igualdad de representación de las fuerzas políticas. Considera que ahora con la actual conformación de las juntas provinciales “no pesa los conocimientos electorales sino la consigna política”.
Uno de los principales temores de los sectores políticos es la falta de independencia en los comicios. De hecho, de los 24 directores de las delegaciones provinciales que fueron designados en julio, 15 han desempeñado algún cargo público durante este Gobierno. Ahora la mira está sobre los 240 vocales de las juntas provinciales. “Gente vinculada al Gobierno dirigirá los comicios”, dice la activista Martha Roldós.
Hay una pista. En la Junta Provincial del Galápagos una de las vocales es la suegra del asambleísta oficialista Ángel Vilema. Se trata de Nila Cobos Córdova, quien habría renunciado el lunes. Otro de los miembros de esta junta es José Jumbo Chamba, es concejal suplente de Alianza País.
Juntas receptoras
290 000 ciudadanos serán capacitados en el país como miembros de las Juntas Receptoras del Voto para las elecciones generales de febrero del 2013.
En el Auditorio de la Democracia de la Delegación Provincial de Cotopaxi se realizó ayer el taller de Capacitación Electoral para el Sufragio.
Los directores de las 24 delegaciones provinciales y los encargados de la capacitación participaron en el evento.
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