Rendiciones de cuentas, hasta fin de mes

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Redacción EL COMERCIO 

Hasta el 30 de abril, los organismos públicos y privados que manejan recursos del Estado deberán entregar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), los informes escritos de lo que ha sido su año de labores. A esta lista se suman aquellas instituciones que son consideradas de servicio público por la legislación, como medios de comunicación y universidades.

Estos informes son la segunda parte del proceso, porque la Ley Orgánica de Participación Ciudadana dispone que todos estos organismos y entidades debían realizar su rendición de cuentas en una audiencia pública, hasta el 31 de marzo.

Por esta razón, en las últimas semanas, ha sido una constante la presentación de estos eventos a escala nacional.

El objetivo de esas 7 300 rendiciones, que deberán concluir este mes, es transparentar la información y el buen uso de los recursos públicos. Pero, además, deben ser sometidas al escrutinio público, por lo que la convocatoria que se haga para ellas deben ser abiertas a todos los ciudadanos.

Sin embargo, no todos estos espacios cumplen del todo su propósito inicial, porque hay una confusión entre lo que es una rendición de cuentas y un informe de labores. "Algunos funcionarios consideran que estas rendiciones se pueden hacer como una sabatina", dice David Rosero, vocal del Cpccs, que se encarga de establecer mecanismos de control social.

La diferencia es esencial: las audiencias deben estar abiertas a la intervención del público y a sus críticas, de ser necesario. Pero Mariana Andrade, principal de la salas de cine Ochoymedio, quien asistió al evento organizado por el Ministerio de Cultura, dio cuenta de que la mayoría de los asistentes eran funcionarios del propio Gobierno.

Hubo poca, por no decir nula, participación de los actores y gestores culturales. Y hubo apenas algunas preguntas que tuvieron como respuesta, algo que siempre supieron escuchar los hacedores de cultura en el país: "Hay que esperar a que lleguen recursos por la nueva refinería" o "la prioridad es la salud", recuerda Andrade.

En el acto que realizó la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) en la sede de los medios públicos (El Telégrafo y Ecuador TV) en Quito, sí hubo una presencia diversa. No menos de 25 delegaciones de medios, organizaciones gremiales, universitarios y aquellos con una proximidad con el Gobierno, como el colectivo 30-S o los equipos de comunicación de las gobernaciones estuvieron presentes.

Allí, por ejemplo, un estudiante universitario hizo una pregunta que salió del libreto. Fue cuando se terminaron los discursos de los cinco subsecretarios de la Secom. Él consultó si en algún momento se piensa incorporar las voces de aquellos que no estén afines al Régimen. Fernando Alvarado, secretario de Comunicación, en tono amable, le respondió que este organismo, que recién tiene autonomía administrativa desde agosto del año pasado (antes dependía de la Presidencia), no es en sí un medio, sino una herramienta comunicacional del Gobierno.

Singular, sin duda, fue la rendición de cuentas que efectuó Petroecuador. Se llevó a cabo en la escuela esmeraldeña Laura Mosquera, ubicada al sur de la ciudad y a pocos kilómetros de la refinería, desde donde se veía el humo negro de la chimenea. Los asistentes eran principalmente docentes y habitantes del sector y decenas de funcionarios que viajaron desde Quito.

Más allá de las preguntas de un medio de comunicación nacional presente, las autoridades hablaron muy poco sobre los proyectos pendientes o con retrasos. Y las consultas del auditorio se concentraron en el avance de las obras de compensación para la población directamente impactada por la planta refinadora.

Alcantarillado, agua potable y escuelas para Esmeraldas fueron los puntos principales que se trataron en esta rendición de cuentas.

Hubo todo tipo de rendición de cuentas. Por ejemplo, la de los asambleístas. Si estos eran de la oposición, su tema central era la crítica al Régimen y la imposibilidad de incorporar sus propuestas. Los del oficialismo resaltaban los avances. En las instituciones predominaban el Powerpoint y los videos, para que los asistentes se guiaran en las obras ejecutadas.

Hubo aquellas en que no faltó el brindis, aunque modesto, de algunos organismos, como el que brindó Paco Velasco, ministro de Cultura, o los canelazos en el Teatro Nacional del Consejo de la Judicatura, aunque en este, no hubo preguntas.

Esa es la falla que encuentra Rosero, según los informes que ha recibido de los delegados del Cpccs a las rendiciones de cuentas. "Ha habido falencias. En varias instituciones y gobiernos autónomos no se ha cumplido con un mecanismo participativo. Solo se han dedicado a informar, pero esta es verticalizada".

En Contexto. 
La Ley de Participación Ciudadana afirma que están obligados a rendir cuentas las autoridades de Estado, electos o de libre remoción, representantes legales de empresas públicas, privadas con recursos públicos o de interés público y medios de comunicación social.

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