3 de December de 2012 00:01

El reglamento de la Ley y la recalificación, en el debate

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La asambleísta de Madera de Guerrero, María Cristina Kronfle, asegura que tratar igual a las personas con discapacidad es injusto. “Hay que tratar desigual a los desiguales, para equiparar oportunidades. La Ley que aprobamos busca eso, no es paternalista como creen varios”.

Ella se mueve en silla de ruedas debido a una discapacidad física. Y dice saber de lo que habla.

Desde que el Pleno del Legislativo acogió el veto del Presidente de la República a la Ley de Discapacidades ha hecho críticas.

Entre otras asegura que la disposición transitoria tercera trae problemas. Esta dispone que en el plazo máximo de un año de publicada la Ley, la autoridad sanitaria nacional expedirá la norma técnica para la calificación de las personas con discapacidad.

Y le otorga un año adicional para evaluar a las personas con discapacidad, que deberán someterse nuevamente al proceso para la determinación del grado de discapacidad conforme al nuevo Sistema de Calificación.

Según Kronfle, la recalificación sirve de excusa para que las instituciones no apliquen los derechos de esta población.

“No nos hacen desde ya las rebajas en el pago de la luz eléctrica”, dice la asambleísta quien asegura recibir quejas de ciudadanos a los que les han dicho que se acerquen con el carné renovado, que podría ser emitido recién desde el 25 de septiembre del 2013. Ella también cuenta que el IESS ya envió una carta diciendo que no puede hacer el cálculo actuarial de los beneficiarios del sistema de Seguridad Social hasta que no haya una determinación real del universo de personas beneficiarias.

Xavier Torres, vicepresidente del Conadis, señala que el asunto de la recalificación no aplica para todos los ciudadanos con discapacidad sino para quienes registren entre 30 y 40&. Aunque Kronfle pregunta en qué parte de la ley se indica eso.

“Puede ser que muchos hayan superado la discapacidad. Otros la mantienen porque sufren deficiencias irreversibles”, explica Torres y cuenta que ya trabajan en el instrumento calificador. Niega que los beneficiarios pierdan sus derechos, pues la ley prevalece sobre el reglamento.

Torres, quien también se moviliza en silla de ruedas por una discapacidad física, dice estar apenado porque el tema se maneja políticamente. Recuerda que en el debate y aprobación de la ley, la Asamblea tardó más de un año. Cree que hay que tomarse el tiempo necesario para redactar el reglamento. Anuncia que en septiembre del 2013, con el Ministerio de Salud emprenderán la campaña de recalificación.

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