Régimen busca neutralizar crítica antipetrolera

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Nancy Verdezoto F. Redactora politica@elcomercio.com

Los temas vinculados con la explotación de los recursos no renovables son muy delicados para el Gobierno. Por eso este ha reaccionado a las críticas, en este sentido, de ecologistas, indígenas o políticos.

Los reparos a la agenda petrolera y minera del Régimen se profundizaron desde que se anunció explotar el Parque Nacional Yasuní, luego de que no se lograra obtener el financiamiento internacional para dejar el crudo bajo tierra.

Desde entonces, el Gobierno empezó a desvalorizar cualquier crítica. El primer objetivo fue cuestionar las protestas de los grupos ecológicos por el fin de la Iniciativa Yasuní. El presidente Rafael Correa dijo que los grupos ecologistas "se oponen al desarrollo del país".

A este hecho siguieron los procesos judiciales y administrativos iniciados en diciembre, contra quienes, a criterio del Régimen, han protestado "violenta o ilegalmente" en esta materia.

El caso más reciente se conoció el jueves pasado. La Conaie informó que 10 dirigentes son investigados por la Fiscalía de Pichincha, por el supuesto delito de amenazas y lesiones al embajador de Chile, Juan Pablo Lira, y al apoderado de la compañía bielorrusa Belorusneft, Andrei Nikonkov. Esto, por las protestas del 28 de noviembre pasado, durante la apertura de ofertas para la licitación de la XI Ronda Petrolera.

El presidente de la Conaie, Humberto Cholango, negó participación en este episodio diciendo que se busca criminalizar la protesta. La denuncia la puso el secretario de Hidrocarburos, Andrés Donoso.

Este caso no es el único. Hace un mes se conoció del cierre de la Fundación Pachamama, porque supuestamente se extralimitó en sus actividades, al haber participado en las protestas contra esa Ronda Petrolera, realizada en Quito.

Asimismo, el Gobierno denunció públicamente a Carlos Zorrilla, por su oposición contra las empresas mineras en Íntag (Imbabura).

En la sabatina del 7 de diciembre, el presidente Correa dijo que el extranjero había creado un manual para afectar a las empresas mineras, como una estrategia para desestabilizar a los gobiernos progresistas. "Esto no es respetar derechos humanos, son unos farsantes", dijo el presidente Correa.

Pero Zorrilla, a través del blog 'La línea de fuego', dijo que la idea del manual es no usar la violencia. Él es uno de los más antiguos "resistentes" de la explotación petrolera en Íntag.

El 27 de diciembre, apareció otro proceso judicial vinculado al tema petrolero. La Fiscalía allanó las viviendas del legislador Cléver Jiménez y su asesor, el sindicalista petrolero Fernando Villavicencio, por pedido de la Presidencia. Los cargos: el supuesto 'hackeo' de los correos electrónicos de Correa, del secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera; y del vicepresidente Jorge Glas; que contenían información sobre el caso Chevron-Texaco y la defensa del Ecuador ante la petrolera estadounidense.

El Gobierno dijo ser "víctima de un espionaje" y que esto motivó la denuncia y un futuro proceso penal contra ellos.

Por esos días, el grupo Yasunidos denunció que la Policía Metropolitana de Quito le impedía recoger firmas para la consulta contra la explotación en el Parque Nacional. El Cabildo argumentó el incumplimiento de permisos administrativos para esa recolección.

Para el jurista experto en Derechos Humanos, Alejandro Ponce Villacís, las amenazas y el inicio de procesos judiciales tiene un trasfondo claro: "aplacar las opiniones disidentes de las personas frente a las decisiones que toma el Estado y que considera determinantes para la gestión, como los recursos no renovables".

El exsecretario de la OPEP, René Ortiz, señaló que el Gobierno debe manejar las protestas antipetroleras “como cirujano: con pinzas”, porque existen argumentos para que los grupos indígenas y ecologistas reclamen. Uno de ellos sería la falta de distribución de las rentas que recibe el país por la extracción del crudo y porque “no se ha cumplido” con la Constitución y las leyes sobre  la obligación de la consulta previa a los habitantes cercanos a  las zonas en donde se va a dar la concesión de un bloque.

“La gente demanda una extracción petrolera amigable con el ambiente, con tecnología moderna y que no afecte a los habitantes de las comunidades indígenas vecinas de los bloques. La gente tiene miedo de que no se cumplan estas demandas”, explicó Ortiz.

También dijo: “El tema petrolero nos pone en un punto complejo. Pero necesitamos esos recursos para reducir la pobreza.  Hay sectores que dicen que se debe dejar de extraer petróleo. Eso es imposible”.

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