7 de February de 2012 00:01

La reforma electoral, vigente, sin dilaciones

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Mientras el sistema de justicia se toma su tiempo para analizar un urgente pedido de medidas cautelares en contra de las reformas al Código de la Democracia, esa reforma electoral fue publicada en el Registro Oficial, ayer, a las 15:30.

El documento que contiene las nuevas reglas para los procesos electorales fue enviado por el Ejecutivo cinco horas antes. Sin contratiempo la Gaceta Oficial arrancó con la impresión del segundo suplemento de la jornada.

Entre las nuevas normas que entran en vigencia está la prohibición de que los medios de comunicación hagan reportajes o especiales “que beneficien a los candidatos o tesis políticas” durante los 45 días de campaña. También, la posibilidad de que los funcionarios públicos hagan campaña sin pedir licencia. Se aplica un método de asignación de escaños que, en teoría, beneficia a los movimientos fuertes, así como la ambigüedad en las prohibiciones para el uso de recursos públicos durante el período electoral.

Estas reformas ingresaron por el ministerio de la ley debido a que la Asamblea no tuvo los 83 votos para modificar el veto enviado por el presidente Correa.

El trámite de impresión en el Registro Oficial fue mucho más rápido que el sistema judicial.

“Existe una inoperancia del sistema de protección de garantías constitucionales. Este no funciona, porque no entra actuar cuando debe actuar”. Así lo señaló Juan Carlos Solines, vocero del movimiento político Concertación. Esta agrupación presentó el jueves pasado un pedido de medidas cautelares contra la publicación de las reformas electorales, por considerar que viola derechos constitucionales.

A pesar de que el artículo 31 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional sostiene que “el procedimiento para ordenar medidas cautelares será informal, sencillo, rápido y eficaz en todas sus fases”, en la práctica no fue así.

Solines cuenta que respetuosos del procedimiento esperaron a que la Sala de Sorteos de la Función Judicial designara un Juzgado para analizar su recurso, “Pero se quedó estancado el pedido durante 36 horas”. El viernes, Solines fue a esa sala, junto con el conserje del Tribunal Segundo de Garantías Penales, para pedir que se dé trámite a su solicitud.

Ese momento, el jefe de Sorteos Judiciales, Rufo Guerrero, y el secretario, Gustavo Villamarín, elaboraron la nota de traslado del pedido de medidas cautelares. Esto provocó que el pedido ingresara al Tribunal Segundo recién a las 14:45 del viernes, día y medio después de su presentación. Así lo ratificó el presidente del Tribunal Segundo, Luis Manosalvas.

Amparado en el artículo 13 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, el juez aseguró que tiene 24 horas para calificar la demanda. Es decir, que debía pronunciarse a las 14:45 de ayer, pero no lo hizo. En su lugar, luego de avocar conocimiento de la acción, llamó a audiencia oral a los sujetos que solicitaron la medida cautelar. Es decir, a Solines, al asambleísta César Montúfar y Grace Almeida, todos dirigentes de la Concertación. También se citó al presidente Rafael Correa.

La audiencia se realizará mañana. Solines cuestiona esta demora advirtiendo que “las medidas cautelares son para evitar que se violente un derecho”. Por eso concluyó que una vez publicadas las reformas en el Registro Oficial, su recurso cautelar ya no tendría sentido y la audiencia convocada por Manosalvas sería un saludo a la bandera. Frente a estas críticas, Manosalvas dijo que “lastimosamente no tendría que comentar sobre el tema, estamos tramitando en los términos y tiempos exactos, sin dilaciones de ninguna naturaleza”.

Solines fue a las 15:00 al Tribunal Segundo para presentar un escrito en donde solicita que se revoque la providencia del juez Manosalvas, pues no ha justificado el porqué de una audiencia que ya no tendría sentido.

Hugo del Pozo, director del Registro Oficial, confirmó que una vez que los cambios estén publicados en el Registro, las medidas cautelares ya no tendrán ningún efecto, pues la reforma es un hecho consumado. Aclaró que la única manera de cuestionar la normativa es mediante una demanda de inconstitucionalidad.

2 demandas a la C. Constitucional

Dos demandas de inconstitucionalidad fueron presentadas ayer por la tarde, una vez que la reforma electoral entró en vigencia. La Unión Nacional de Periodistas (UNP) y  asambleístas del movimiento Alianza Libertad, presentaron esos recursos ante la Corte Constitucional.

Según las dos agrupaciones, con la decisión del Ejecutivo se coartan las libertades, en especial las de expresión e información. La UNP se centra  en el artículo 203 del texto legal, que establece los límites a los medios de comunicación durante el período electoral.  Según el gremio, este texto es ilegal  porque no fue debatido por la Asamblea, sino que fue incluido en el veto presidencial.

Asimismo, los legisladores Paco Moncayo y Marco Murillo entregaron al vicepresidente de la Corte Constitucional (CC), Édgar Zárate, la demanda, por considerar que en el texto que entró en vigencia por el ministerio de la ley existen tres puntos críticos. El primero, que existan dos diferentes métodos de asignación de escaños para las elecciones pluripersonales: el Webster y el D’Hont. El segundo, que se elimine al Gobierno de la restricción para difundir propaganda y publicidad. Y el tercero, la prohibición a los medios de comunicación de informar sobre las candidaturas.

Moncayo aseguró que una de las ventajas de estas demandas presentadas es que la CC las puede tratar antes de  entren en vigencia, que sería durante la próxima campaña electoral. Así que “esperamos que no se tomen un año en resolver el tema”, señaló.

A la par de estas dos acciones judiciales, el asambleísta Leonardo Viteri presentó un proyecto de ley interpretativa a las reformas al Código de la Democracia, para subsanar “la confusión que dejó el veto presidencial”, explicó.

Este texto, que fue entregado ayer en la Secretaría de la Asamblea, tiene como objetivo garantizar el derecho a la ciudadanía a estar informado, de las candidaturas y propuestas políticas.


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