24 de July de 2011 00:04

Una reforma a favor de la libre expresión

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Los asambleístas de Concertación Nacional, PSP, MPD- Pachakutik, PSC y Madera de Guerrero y Alianza Libertad, entre otros, solicitaron que se tramite un proyecto de ley, para eliminar la figura del desacato del Código Penal.

Según César Montúfar, el objetivo es erradicar del Código Penal las figuras que él considera anacrónicas y que atentan contra la libertad de expresión.

La propuesta también da paso a la despenalización de la protesta social y las injurias en contra de las autoridades. De esta forma se adecuaría el sistema a los estándares internacionales.

Con las reformas, una autoridad no pudiera demandar penalmente y solicitar la prisión por un delito de honra o contra el buen nombre. Esto porque señalan que los altos funcionarios se exponen a comentarios que pudieran afectar su reputación. Siendo voluntaria esa exposición y por tener mayores herramientas para responder y neutralizarlas, la defensa jurídica será menor a la del resto.

Los legisladores de las fuerzas de oposición reaccionaron con esta propuesta ante la sentencia en contra de El Universo, por injuria calumniosa. Por ella, los directivos del periódico guayaquileño y el ex editor de Opinión, Emilio Palacio, fueron condenados a tres años de prisión. Y también a cancelar una indemnización de USD 40 millones.

Enrique Herrería (ex PSC y Madera de Guerrero) señaló que hay que hacer cambios en el Código Penal. Y aseguró que la sentencia “no es sino el anticipo de lo que pretenderá hacer Rafael Correa con el inconstitucional Consejo de la Judicatura Transitorio”.

Lourdes Tibán (MPD- Pachakutik) también se mostró a favor de que se califique este proyecto.“Hoy es El Universo, mañana cualquier otro periodista o medio de comunicación, cualquier dirigente social...”.

En el documento enviado al Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) se indica que la Constitución y diversos instrumentos internacionales sobre derechos humanos, reconocen a la libertad de expresión, como una de las garantías fundamentales de las personas.

Y proponen que se sancione con prisión de uno a tres años a los funcionarios públicos o particulares que atenten contra la libertad de expresión, al restringir u obstaculizar la investigación y difusión de información y noticias de interés público. Aún si en ellas estuvieren involucradas autoridades o personas que conciten la atención ciudadana.

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