19 de June de 2011 00:01

Sobre la rectificación, réplica y respuesta

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El proyecto dice

La rectificación, réplica o respuesta aparecen en dos secciones, primero como un derecho y luego en los procedimientos administrativos.

La norma que más ha causado conflicto es el mecanismo administrativo para aplicar esos derechos. En los arts. 98 y 99 se establece 48 horas para que los medios respondan a los pedidos y en caso de que no lo hicieran sería sujetos a una demanda constitucional de acción de incumplimiento.

El Gobierno dice


La Secretaría de Comunicación dice que   la extensión de plazos para estos recursos  es un tema que debe debatirse en la Asamblea,  para definir lo que sea más correcto, pero es positivo para medios y ciudadanos el procedimiento que propone en el proyecto legal.  

Lo que no está  en   discusión, dice la Secretaría,  es  que  derecho  a la rectificación y réplica, como lo  reconoce la  Constitución y la Convención Americana sobre DD.HH.,   es  independiente de la existencia de responsabilidades civiles, penales o administrativas.

La oposición dice

María P.  Romo, de Ruptura de los 25, cree que aún hay ciertos detalles por aclarar en el proyecto de ley. Por ejemplo,   la descripción de que es un colectivo o una comunidad y quienes lo representan para exigir la rectificación.


Sobre  los procedimientos  y sanciones para este derecho, Romo  recalca que hay que hacer un análisis integral, pero que en general comunicación “las sanciones contra los medios, dentro del proyecto, me parece lo más delicado”.

Alianza País dice


El asambleísta Gabriel Rivera  dice que también se debe considerar los plazos en el mecanismo de la réplica o rectificación. “Debe ser considerado el tema, personas involucradas”. Cada caso es diferente debe ser analizado.


Rivera sostiene  que el derecho a la réplica es  garantía, para defenderse de publicaciones que pudieran atentar a la honra. Además, que está dentro de la Constitución y de las normas internacionales de los Derechos Humanos.

Otras  opiniones


La Unesco, en su Código de Ética Periodística especifica  que “el periodista deberá acogerse y exigir a la empresa el derecho a réplica o rectificación que haya afectado a personas o institución”.


La Comisión  Interamericana halló varios errores en el proyecto. Uno sobre los plazos y  otro sobre la calificación para información “sin prueba”, pues el organismo dice que puede afectar a la prensa.

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