Recoger firmas es un derecho extenuante

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Redacción Política  politica@elcomercio.com

El pedido que el colectivo Yasunidos hizo ayer al Consejo Nacional Electoral (CNE), para que frene un supuesto boicot político a su proyecto de consulta popular contra la explotación del ITT abre una interrogante.

¿Ha funcionado la recolección de firmas como un verdadero espacio de participación ciudadana?

La preocupación que embarga a este colectivo, así como la experiencia de dos resultados anteriores con alcance nacional, muestra que el interés puesto por la Constitución de Montecristi en una 'democracia directa' no ha tenido los resultados esperados.

Más aún porque dichas iniciativas derivaron en duros cuestionamientos de sus gestores al papel de instancias como el CNE y la Corte Constitucional (CC).

Una revocatoria se frustró

En el 2010, el expresentador de televisión, Carlos Vera, impulsó la recolección de firmas para revocar el mandato del presidente Rafael Correa. Sin embargo, este nunca se realizó porque Vera no presentó las 1,6 millones de firmas requeridas para este trámite.

El activista cuestionó que en pleno proceso la CC emitiera un dictamen a través del cual planteaba, entre otros aspectos, que la autoridad sujeta de la revocatoria, podía solicitar la suspensión de ese trámite.

Si bien el CNE señaló que este cambio no frenaba el proceso de Vera, él se abstuvo de presentar las firmas, cuestionando la posición del CNE y de la Corte a favor de Correa.

¿Firmas fraudulentas?

Una vez que terminó el plazo para que las organizaciones políticas se inscribieran ante el CNE, estalló un escándalo que hasta ahora no ha sido resuelto. Supuestamente, hubo agrupaciones que presentaron firmas adulteradas y fraudulentas, donde miles de ciudadanos terminaron como afiliados o adherentes a grupos a los que nunca apoyaron.

El CNE reinició el proceso de verificación y reinscripción, ya a las puertas de la campaña electoral del 2013. Mientras que la Fiscalía Provincial de Pichincha hasta ahora no termina la investigación de este caso que va a cumplir dos años.

¿Por qué han resultado tan complejos estos procesos? Las visiones son diversas.

César Montúfar, quien recién logró inscribir a su movimiento Concertación, luego de casi tres años, señala que recoger firmas ciudadanas es una visión caduca de participación ciudadana.

Dice que se vuelve un proceso burocrático que, por un lado, no mide el verdadero respaldo ciudadano. Y, por otro, se presta para que existan irregularidades. "Mi agrupación, que es pequeña, no se inscribió porque nos invalidaron 7 000 rúbricas, pero Alianza País, que si bien superó el techo de las firmas válidas necesarias, también tenía muchísimas irregulares y allí no pasó nada".

Los exvocales del CNE, Marcia Caicedo y Fausto Camacho reconocen que este organismo no ha estado a la altura de estos procesos y temen por el destino que tenga la iniciativa de Yasunidos.

Este grupo reclama que se haya "plagiado" la carátula de sus formularios para "confundir a la ciudadanía". Yofre Poma, representante del colectivo que, en cambio, sí busca la explotación del ITT a través de otra consulta, dijo que la similitud de su formularios es "una coincidencia".

Camacho lamenta que el titular del CNE, Domingo Paredes, en lugar de mirar estas advertencias, diga que si las firmas no se recogen en formularios de formato A4, con tinta azul, y papel bond, se los invalidarían. Y Caicedo cuestiona que el organismo no critique los pronunciamientos de Correa para descalificar el proceso de los Yasunidos. "Las instituciones tienen que dar confianza al ciudadano".

Para Ruth Hidalgo, vocera de la Corporación Participación Ciudadana, el problema de fondo es que la Constitución plantea un proceso complejo para ejercer esa "democracia directa". La recolección de firmas puede ser extenuante, por la cantidad que se deben presentar, y su validación. "Lo que debería ser un derecho fácil de aplicar, se volvió todo un reto".

tres procesos que fueron noticia 2010-2011 Carlos Vera impulsó la revocatoria del mandato al Presidente. Pero no presentó las firmas, acusó al CNE y a la CC de boicot.

2011 Más de dos años los sectores de Quimsacoha esperaron a que la CC les permitiera recoger firmas para su consulta antiminera.

2012 La reinscripción de los partidos y movimientos terminó en un fraude, según el CNE. Las investigaciones legales continúan.

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