17 de June de 2010 00:00

Rafael Correa no tiene plazo para enviar las ternas

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Redacción Política

Ayer, tras una sesión de cuatro horas, los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) aprobaron los lineamientos generales para realizar los concursos en los cuales se nombrarán a las autoridades de control del Estado.

Todos coincidieron en que se iniciará con el proceso para escoger a las autoridades del Consejo de la Judicatura y al Fiscal General. Sin embargo, primero deben aprobar los reglamentos para la conformación de comisiones ciudadanas y para la selección del Procurador y de los superintendentes de Compañías, de Bancos y de Telecomunicaciones. Según la Ley, estas autoridades deben ser escogidas de entre ternas enviadas por el Ejecutivo.

Para los consejeros, la fecha para la realización de esa selección dependerá de la voluntad del presidente Rafael Correa. La razón: no hay ningún plazo establecido para que el Ejecutivo envíe las ternas que le corresponden. Se analiza la posibilidad de enviarle una carta al Presidente.

El proceso podría dilatarse aún más porque la presidenta del Consejo, Marcela Miranda, emitió un pedido de interpretación jurídica al presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, sobre el artículo 68 de la Ley del Consejo de Participación, que norma la designación de las autoridades.

El vocal David Rosero cuestionó la actuación de Miranda y aseguró que ese trámite retrasaría la designación por ternas del Ejecutivo. En el Pleno, hacia el final de la tarde, hubo debate sobre la carta que remitió Miranda. Pero no se dio pasó a la lectura de la misiva.

Por otro lado, se acordó también que se iniciará con campañas de información para las convocatorias, tanto para conformar las siete comisiones ciudadanas que participarán en los concursos como para las veedurías ciudadanas. Estas instancias son transversales durante todo el proceso.

La propuesta que presentó el consejero Fernando Cedeño, que fue consensuada por todos los vocales, consiste en conformar tres bloques de concursos. El primero, para escoger al Fiscal y al Consejo de la Judicatura; el segundo, para seleccionar a los miembros del Consejo Nacional Electoral y al Defensor del Pueblo y, finalmente, para nombrar al Contralor, a los integrantes del Tribunal Contencioso Electoral y al Defensor Público. “Con este planteamiento tendríamos posesionadas a las 27 autoridades hasta agosto del 2011”, precisó Cedeño.

Esta idea fue incluida en los lineamientos generales, pero la titular del organismo aseguró que todavía pueden variar.

También se resolvió pedir a Finanzas USD 6 284 273 para los últimos seis meses del año. A este valor se deben sumar los USD 4 083 994, que faltan por ejecutar (sueldos de 120 empleados).

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