Los países más avanzados en la teorización de la llamada democracia directa, como Ecuador y Venezuela, consagraron al Quinto Poder -de Transparencia y Control Social en el primer caso, y Ciudadano en el segundo- como parte de la estructura del Estado. Los líos en la selección de candidatos para la Fiscalía prácticamente lapidan su viabilidad institucional.
El Consejo, después de un lento y costoso proceso, nació con el pecado original de su dependencia del poder central, empeñado en captarlo para desde ahí ejercer su versión del “poder ciudadano”. Poco se podía esperar de un organismo integrado con vocales vinculados a personajes del Régimen, o que hizo delegaciones administrativas siguiendo esa misma lógica.
Pero las principales acciones han venido del Poder Ejecutivo, que además creó su propio Sistema de Participación Ciudadana para impulsar veedurías. La principal fue la interrupción del proceso de selección de candidatos para integrar el Consejo Nacional de la Judicatura, con la convocatoria a una consulta que, de ganar, reemplazará el sistema aprobado en Montecristi. Ha habido también desautorizaciones como las relativas a la veeduría de los contratos de Fabricio Correa o el proceso de elección de la candidata del Gobierno para la Superintendencia de Bancos.
Ahora, los procedimientos internos para escoger al nuevo Fiscal han sido cuestionados por candidatos y vocales. La entidad, a merced de los apetitos políticos, ya no tiene legitimidad. Quienes pensaron en que podían conver-tirla en una dependencia terminaron canibalizándola, y mostrando su inutilidad.