17 de December de 2011 00:02

Él quiere el 30-S solo para su publicidad oficial

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Vinicio Alvarado Espinel. Secretario de la Administración Pública.

Quién es
Es Secretario Nacional de la Administración Pública desde el 15 de enero del 2007.  A su cargo está  el manejo publicitario del Gobierno.  Su especialidad es la publicidad. Fue jefe de campaña de A. País en 2006.

Lo que hizo
Solicitó  al IEPI que se  patenten como marcas registradas los signos 30-S y 30S, así como la frase prohibido olvidar para que solo la Presidencia de la República pueda usarlos con fines publicitarios.

Lo que dijo
“Esta solicitud no implica, en el caso de que se apruebe, que las marcas no puedan ser usadas por cualquier persona para fines informativos o identificativos, siempre y cuando su uso sea de buena fe”.

El hombre que maneja el aparato publicitario oficial quiere monopolizar el uso del signo 30-S, que nació en las redes sociales tras la asonada del 30 de septiembre del 2010.

En completo silencio, el 16 de septiembre, Vinicio Alvarado, secretario general de la Administración Pública, se encargó de iniciar los trámites legales para registrar ese término, así como la frase prohibido olvidar.

El objetivo de ese registro en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) es que ni el símbolo ni la frase puedan ser utilizados en el campo publicitario por actores ajenos al Gobierno .

Sin embargo, Alvarado prefirió mantener en secreto los trámites que había iniciado a nombre de la Presidencia de la República. En este caso prefirió no poner en práctica la política de comunicación que ha predicado en casi años de gestión: informar las acciones que realiza el Régimen.

Solo el lunes 12 de diciembre, a tres días de que se cierre la recepción de impugnaciones, se confirmó del plan del Gobierno ejecutado a través de Alvarado. Ese día, el tuitero @Senior_H alertó de las intenciones del Régimen y en un artículo de su blog explicó con precisión de las gestiones oficiales para lograr el registro del IEPI.

A partir de entonces críticas y cuestionamientos se propagaron como fuego en pastizal seco, especialmente en las redes sociales. Sobre todo, porque el 30-S no fue creación ni del Gobierno ni de ninguno de sus funcionarios.

Quien ideó esa abreviación, el propio 30 de septiembre fue el bloguero Eduardo Arcos, quien sugirió usarla en Twitter después de que estallase la sublevación policial en el Regimiento Quito.

Ante la noticia, desde España, Arcos protestó y envió una carta de reclamo al IEPI, demandando que se frene el proceso.

“Es un término público, el cual ha sido utilizado por los ciudadanos -desde la fecha del hecho por el cual fue creado- sin restricción alguna, convirtiéndose en un genérico para referirse a una fecha”. Ese fue su argumento para exigir que se detenga la inscripción.

A renglón seguido aparecieron impugnaciones formales ante el organismo. El primero en hacerlo fue el asambleísta Andrés Páez (ID), quien enfatizó que registrar el 30-S resulta tan insólito como creer que los gobiernos de EE.UU. o España patentasen en sus países los signos 11-S ó el 11-M, a propósito de los atentados en Nueva York y Madrid.

Juan Carlos Solines, vocero del movimiento Concertación, también objetó el trámite de Alvarado, al considerar un atropello que el Gobierno quiera hacer uso exclusivo de un término manejado de forma general en el país.

Para políticos, catedráticos y expertos en patentes, está claro que el objetivo de Alvarado es impedir que en un año electoral el 30-S sea empleado en campañas publicitarias incómodas al discurso oficial. Es decir, que cuestionen la versión de Carondelet, de que en esa fecha hubo un supuesto intento de golpe de Estado. “No quiere que se le convierta en un bumerán”, es la reflexión de la asambleísta Cynthia Viteri.

Durante cuatro días Alvarado prefirió no pronunciarse sobre el asunto. En ese tiempo, al parecer, armó la estrategia informativa para que el trámite del IEPI sea percibido por el país como un trámite regular y corriente.

El funcionario rompió el silencio el jueves, a través de una nota en El Ciudadano, la gaceta oficial de la Presidencia. En ese espacio, el Secretario señaló que el objetivo es convertir a esas marcas en patrimonio del Estado. “Es un procedimiento normal que busca precautelar los íconos que podrían ser considerados o convertirse en elementos con valor patrimonial, histórico o promocional en beneficio del país”, dijo.

Según esa explicación de Alvarado, Socio País, un eslogan que nació en campaña electoral, también tiene un valor “patrimonial” y, por lo tanto, ya fue inscrito.

No obstante, en ese boletín, Alvarado reconoció que el objetivo del registro es impedir usos que, para el Régimen, resulten “inapropiados”. En la misma línea se pronunció el presidente Correa, quien dijo que la medida busca que esos signos no sean empleados, por ejemplo, para bautizar a un burdel con el nombre 30-S.

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