19 de April de 2011 00:00

Lo que opina la CIDH ya no vale

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La pregunta de si el Ecuador puede ignorar opiniones de órganos de la OEA volvió a ponerse sobre el tapete. Esto a propósito de los cuestionamientos contenidos en el informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre América Latina en el 2010, y la respuesta de la Cancillería.

Entre otras cosas, el informe critica el uso de cadenas nacionales para refutar en duros términos a periodistas que polemizan sobre decisiones gubernamentales, una práctica que se extendió a funcionarios por fuera del Presidente.

Asimismo, se hace notar que siguen vigentes normas que penalizan la información y la opinión, lo cual permite la imposición de medidas desproporcionadas que pueden silenciar el debate. Y se critica la concentración de medios por parte del régimen.

El canciller Ricardo Patiño fue tajante en su reacción. Estimó que el informe es una intención del órgano de la OEA de interferir en asuntos internos, y pidió que se abstenga de “proyectar erróneas atribuciones en los ámbitos legislativos y jurisdiccionales de los Estados miembros”.

La última observación es novedosa, pues la CIDH ha contado en varias ocasiones con la presencia de funcionarios de los actuales poderes del Estado, quienes han concurrido para aclarar el manejo de los temas internos de libertad de expresión y han adquirido varios compromisos respecto de leyes y reformas.

Por lo demás, los ámbitos legislativos y judiciales nacionales no pueden desconocer -y hasta hoy no lo han hecho- la normativa internacional. A menos que estemos en una nueva etapa y se quiera aplicar los conocidos argumentos políticos contra la OEA a aspectos que hasta hace poco parecían incontrovertibles.

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