19 de March de 2011 00:00

Él puso en riesgo el contrato para el nuevo aeropuerto

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El 17 de junio del 2005, el Concejo Metropolitano de Quito autorizó al entonces alcalde Paco Moncayo la firma de un contrato con Canadian Commercial Corporation, concesionaria de la construcción del nuevo aeropuerto de Tababela. En el documento, el Municipio capitalino otorgó una garantía para el cumplimiento de las obligaciones que Corpaq, su unidad ejecutora, contrajo con el concesionario.

La garantía desató una serie de acusaciones en contra del Concejo, porque supuestamente autorizó que una entidad pública (el Municipio) sea garante de un ente privado. La Contraloría General del Estado dispuso exámenes especiales a los 358 contratos que el Cabildo firmó para la construcción de Tababela, desde el 1 de enero del 2003 hasta el 31 de diciembre del 2007.

Con relación al documento en el cual se incluyó la garantía, el ente determinó que “el contrato comprometía recursos municipales” y que supuestamente se había violado el artículo 45 de la Ley de Modernización, que prohíbe que el Estado confiera finanzas o avales.

Por esa razón, existía la presunción de peculado que recayó en Paco Moncayo, en el ex vicealcalde Andrés Vallejo y en Carlos Jaramillo, ex síndico municipal.

El contralor Carlos Pólit envió el informe a la Fiscalía, para que se inicie la instrucción a los implicados. Además, Pólit, en una práctica poco común, autorizó la publicación de un comunicado en la prensa nacional, en el cual se detallaron las observaciones que realizó el organismo de control al proyecto en Tababela con respecto a las garantías municipales. En el texto se explicó que es “un acto de información transparente con la ciudadanía”.

La carta se hizo pública en un momento crucial cuando el Municipio negociaba con los prestamistas la continuación de la obra. Además, en el informe de la Contraloría General también se estableció que los costos de construcción del nuevo aeropuerto de Quito no son razonables y que el valor de inversiones previas al plan financiero no han sido sustentadas.

En el examen especial, técnicos del ente de control calcularon el costo de la construcción y lo fijaron en USD 312 880 474. Ese monto es USD 100 819 527 menor al valor contractual. Por esta razón había una presunción de sobreprecio.

La Fiscalía Distrital de Pichincha, luego de la indagación previa determinó que hay datos relevantes sobre la existencia del delito y fundamento grave “que permite presumir que los imputados son partícipes del delito tipificado en el art. 257 del Código Penal (peculado)”. Se emitió el dictamen acusatorio y se pidió el auto de llamamiento a juicio.

El caso fue a la Tercera Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha. El pasado 25 de febrero, los magistrados dictaron el sobreseimiento a los acusados, por considerar que en el contrato no existe una garantía financiera, por lo cual no hay un crédito público a una entidad privada.

El sobreseimiento para todos los implicados, dictado por la Corte Penal, es provisional. Los sobreseídos apelaron a la resolución solicitando que sea definitivo. El argumento es que si no existe delito no hay motivo para que no sea definitivo.

Con ello, dieron la razón al ex alcalde Paco Moncayo, quien en sus comparecencias a la Fiscalía y a la Corte Penal explicó que la garantía era de seguridad jurídica. Eso implicaba que el Municipio se comprometía a mantener, otorgar y renovar cuando sean necesarias las autorizaciones, resoluciones, licencias y permisos para que no se detenga el proceso de construcción del aeropuerto. Por ejemplo, retirar las antenas de HCJB ubicadas en Pifo.

Luego de que se conoció el informe de la instrucción fiscal, Moncayo, ya como asambleísta, difundió una carta pública en la cual defendió su gestión frente al proyecto del nuevo aeropuerto.

Explicó que la garantía se la firmó con el visto bueno de la Procuraduría General del Estado y que sin ella la terminal aérea no se construía. También calificó como insensata, antijurídica y vil a la acusación, que en su opinión, tenía origen político.

Los trabajos en Tababela están por reiniciarse. Se estima que la terminal esté en el primer semestre del próximo año. Actualmente, se realiza un proceso para escoger personal para las obras previstas.

¿Quién es?

Es Contralor General del Estado desde el 2007. En el gobierno de Lucio Gutiérrez fue Ministro de Bienestar Social y Secretario de la Presidencia. Es abogado de la Universidad Vicente Rocafuerte.

¿Qué hizo?

La entidad a la cual representa estableció indicios de responsabilidad penal en la firma del contrato para el aeropuerto de Tababela y puso en riesgo la construcción de la obra.

¿Qué dijo?

Ha guardado silencio frente al sobreseimiento dictado por los jueces de la Tercera Sala de lo Penal de Pichincha, para el ex alcalde Paco Moncayo, Andrés Vallejo y Carlos Jaramillo.

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