31 de May de 2010 00:00

Los puntos polémicos de la Ley de Medios

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Redacción Política



El asambleísta César Montúfar (Concertación Nacional) y los asesores de la Comisión de Comunicación Xavier Flores y Manolo Sarmiento prepararon ayer una propuesta para conformar el Consejo de Comunicación, el punto de discordia en la redacción del proyecto de Ley de Medios.

Los tres se reunieron en la mañana con la intención de presentar ese planteamiento al resto de sus compañeros en una sesión informal de la Comisión. Cerca del mediodía, Montúfar entregó el documento a la presidenta de la Comisión, Betty Carrillo (Alianza País). El texto ratificaba el acuerdo político suscrito en diciembre pasado, en el cual se establecía que no haya delegados del Ejecutivo en el organismo.

Pero esta propuesta no fue aceptada por Carrillo, quien incluyó en el articulado del proyecto de ley que haya dos personas designadas por el Gobierno, pero que cumplan con los requisitos establecidos en el mismo documento. Es decir, que no tengan parentesco con funcionarios públicos, que no estén afiliados a partidos o movimientos políticos, etc.

Esta idea no convence a los asambleístas de oposición, quienes anunciaron que presentarán un informe de minoría, en el que se recojan sus expectativas.

Carrillo se reunió la mañana de ayer con su equipo de asesores para redactar el articulado de la ley de Medios. Está previsto que el texto sea votado mañana.

El viernes pasado, los 11 legisladores parte de la Comisión recibieron un primer borrador del proyecto, que incluye desde los objetivos de la Ley hasta las sanciones en contra de los medios. En este documento constan varios temas que han sido cuestionados por la Unión Nacional de Periodistas (UNP), por la Asociación de Canales de Televisión del Ecuador, por partidos como Sociedad Patriótica, Madera de Guerrero, entre otros.

Carrillo deberá recoger todas las observaciones hechas al documento para elaborar el informe final, que sea llevado a votación.

La Comisión tiene plazo hasta el próximo 7 de junio para entregar el informe final del proyecto de ley de Comunicación a la Presidencia de la Asamblea, para que luego sea votado en el Pleno del organismo Legislativo.

Derecho a réplica

El proyecto de la Comisión plantea nuevas reglas para la réplica, la rectificación y aclaración de información. Se señala que: toda persona que se sienta afectada por informaciones que “sean inexactas, incontrastadas y que agravien su honra (...), tiene derecho a la rectificación o réplica correspondiente de forma obligatoria, inmediata y gratuita, en el mismo espacio y con las mismas características”.

El concepto de “incontrastada” va contra la Constitución, que en su art. 7 sostiene que el derecho de réplica, rectificación o aclaración será para “informaciones sin pruebas o inexactas”. En el primer informe, varias entidades criticaron el uso del término “incontrastada”, porque podría afectar el trabajo periodístico. Si una persona no diera su versión, la noticia no se difundiría.

Medios públicos

Los medios públicos podrán recibir publicidad de empresas privadas. Según el borrador de su proyecto, los medios públicos tendrán como fuentes de financiamiento: fondos propios asignados en los presupuestos institucionales; la comercialización de sus producciones y productos; los fondos provenientes de donaciones y patrocinios; autogestión y la publicidad comercial y la propaganda de las empresas públicas y privadas.

La Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión advirtió a la Comisión que al incluir esta reforma habría una competencia desigual entre los medios privados y públicos. Pero los directivos de EcuadorTV y de Radio Nacional apoyaron esta iniciativa. Dijeron que recibir dinero de publicidad privada no afectará a su independencia.

Título obligatorio

La profesionalización obligatoria para las periodistas que trabajen en los medios es otra de las reformas del proyecto. Aunque no existe un artículo definido, en el capítulo sobre los derechos de los comunicadores sociales se señala: “Para los fines de esta Ley, se consideran cargos de desempeño exclusivo de los periodistas profesionales, los establecidos en la Ley del Ejercicio Profesional del Periodista Ecuatoriano, lo que no elimina el derecho a la libertad de expresión”.

En la norma a la que se hace referencia, se señala que los graduados de las facultades de Comunicación serán los únicos que pueden ejercer el periodismo.

La UNP sostuvo que esa decisión violaría una sentencia de la CIDH, que dice que cualquier persona puede hacer tareas relacionadas con la información.

La Publicidad

La publicidad para canales de televisión y emisoras radiales también será regulada. Los comisionados decidieron incluir un artículo para que la duración de la publicidad en radio no supere los 14 minutos por hora de emisión y en televisión no exceda de 12 minutos. También se intentó aplicar ese control en los medios impresos, pero la iniciativa no tuvo el respaldo.

Ayer, Jaime Guamán, asesor jurídico de la Asociación de Canales de TV, en un programa difundido sobre la Ley de Medios, sostuvo que no se puede poner control a la publicidad. Adicionalmente advirtió que por este y otros temas que se incluyen en el proyecto legal se debería realizar una consulta prelegislativa, como se cumplirá con la Ley de Aguas. No está incluida la propaganda pública.

Cierre de medios

Una norma transitoria establece la posibilidad de que un medio de comunicación sea clausurado. El cierre de una empresa fue descartado dentro del acuerdo legislativo de diciembre y los jefes de los bloques de la Asamblea aseguraron que los gobiernos pudieran usar esa norma para violar la libertad de expresión y la libertad de prensa. El jueves pasado, el asambleísta Mauro Andino pidió que se incluyera en las disposiciones transitorias una reforma al art. 130 del Código Penal, que establece sanciones a quienes atenten contra la democracia. Y que se incluya en la norma, que un juez pueda decretar el cierre de un medio cuando compruebe que atentó contra el Régimen establecido. La idea no fue votada, pero es parte del borrador enviado a los comisionados.

Las Sanciones

El mayor punto de discrepancia dentro del paquete de sanciones que pretende establecer la Comisión de Comunicación es el monto de la multa económica. El jueves pasado, los legisladores establecieron que los medios podrán ser sancionados con hasta el 20% de su facturación de los tres últimos meses.

Para el comisionado Ángel Vilema (AP), este porcentaje debe ser revisado, porque le parece exagerado y pudiera afectar a los medios de comunicación.

Las causas para recibir esta multa son: la reincidencia de una infracción sancionada con amonestación escrita; la incitación directa de violencia física o psicológica, comercio sexual, pornografía infantil, consumo de cigarrillos o sustancias estupefacientes; intolerancia religiosa o política, entre otros.

El Consejo

La presencia de delegados del Ejecutivo en el Consejo de Comunicación es el punto crítico en la Comisión legislativa. Además aún no se ha acordado cuáles serán las competencias que tendría el Consejo. Este organismo será el encargado de la administración de las políticas públicas en el área de comunicación y de las sanciones a los medios de información.

Por eso el acuerdo firmado entre las fuerzas legislativas en diciembre pasado estableció que este organismo sea independiente de los intereses políticos y de poderes fácticos.

Según el borrador de la ley, el Consejo de Comunicación es un organismo público con personalidad jurídica y autonomía administrativa y financiera. Tiene como fin promover y proteger el ejercicio de la comunicación.

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