Hasta el viernes 3 de septiembre, el presidente Rafael Correa podrá dar un veto total o parcial la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), aprobada el miércoles 4, por la Asamblea.
Según el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, se espera que el Jefe de Estado modifique varios de los artículos del texto legal. Esto porque en el Legislativo se hicieron modificaciones al proyecto original remitido por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) a cambio de obtener los votos necesarios para la aprobación de la Ley. Sin embargo, los asambleístas que plantearon los cambios no consignaron sus votos.
Por ello, se retomará el texto original en algunos puntos. “A mí me parece un engaño que a cambio de los votos pidan modificaciones y luego vienen y no votan. Eso vamos a vetar”, aclaró Mera.
La LOES se aprobó con 63 votos a favor, los necesarios, además de un voto en blanco que puede sumarse a la mayoría. A más de las adhesiones de Alianza País hubo el apoyo de cuatro de los cinco socialistas, los ex ADE y algunos legisladores independientes. No se contó con el respaldo de Alianza Libertad, cuyo líder, Paco Moncayo estuvo a la cabeza de las negociaciones parlamentarias.
Esto no convenció al Ejecutivo, que ya anunció un veto parcial el miércoles y lo ratificó en la cadena del sábado. Para que los legisladores puedan insistir en la ley de universidades que ellos aprobaron deberán tener 83 votos.
Fausto Cobo, de PSP, señaló que eso será casi imposible y cree que esa jugada del bloque oficialista le permitirá al presidente Correa hacer lo que quiera con la Ley de Educación Superior.
Pero Mera adelantó que los puntos centrales de la norma se mantendrán iguales, como la revalidación de títulos del extranjero, el no pago de los derechos de grado, entre otros. Pero insistirán en que el Régimen mantenga la rectoría del Sistema de Educación Superior, a través de la Secretaría de Educación.
“La rectoría del Sistema está en la Constitución. Eso no puede cambiar. El órgano de control es el Consejo de Educación Superior, pero hay un órgano de coordinación con el Ejecutivo que establece las políticas de rectoría que es la Secretaría de Educación. No es posible que solo sea de coordinación porque la Carta Magna dice que el Estado maneja la rectoría”.
Mera explicó que no se limitarán las libertades, y que el control del Ejecutivo sobre la Secretaría no significará que se perderá la autonomía universitaria ni que se cerrarán universidades.
Solamente, puntualizó, se encargará de “establecer políticas de incentivos a carreras o establecer qué carreras deben desincentivarse, restringir unas o crear nuevas. Pero no puede establecer quién es rector, cómo se maneja una cátedra o cerrar una universidad”.
Por su parte, Jorge Escala (MPD) asegura que la aprobación en la Asamblea con apenas 63 votos de la Ley de Educación Superior y con medios poco lícitos, debe haber provocado en el Gobierno un sabor agridulce.
Escala considera que la Ley debe ser sometida a consulta prelegislativa. Adelantó que el MPD, presentará una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional a la Ley Orgánica de Educación Superior.