16 de March de 2010 00:00

Dos propuestas para conformar el Consejo de Comunicación

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Redacción Política

La conformación del Consejo de Comunicación se definirá esta semana en la comisión encargada de redactar la nueva Ley de Medios.

Este organismo es la ‘joya de la corona’ del proyecto legal, por las facultades que tendrá para manejar la política pública en comunicación y el monitoreo de medios. Tarea en la que se incluye la sanción a periodistas y medios.

Para definir su conformación, la Comisión tiene en carpeta dos posiciones. La una, la encabeza la presidenta del equipo legislativo, Betty Carrillo (Alianza País).

La semana pasada, ella presentó un proyecto para que dos delegados del Ejecutivo sean parte del Consejo. Según su propuesta, este organismo tendrá siete vocales: dos del Gobierno, uno de las universidades y tres representantes de la sociedad civil, escogidos por el Consejo de Participación Ciudadana (ver entrevista).

La otra propuesta pretende que el Consejo sea independiente del Gobierno. Este criterio tiene como respaldo el acuerdo firmado entre las fuerzas legislativas en diciembre del año pasado.

Este acuerdo tiene el objetivo de desbloquear el debate de la Ley de Medios, que se inició por cuestionamientos nacionales e internacionales a los excesos contemplados en el proyecto para primer debate. Entre ellos, la conformación y facultades del Consejo.

En el acuerdo se especificó que el Consejo de Comunicación sea independiente de los poderes políticos y fácticos. Además, que sus funciones sean orientadas a garantizar los derechos ciudadanos de acceso a la comunicación; pero no podrá suspender o clausurar medios de información.

Esta idea fue respaldada por el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, también de Alianza País. Por eso, no se conoce con certeza cómo actuarán los miembros de ese movimiento que son parte de la comisión de redacción. Ellos son mayoría con seis de los 11 integrantes.

Para el analista Guillermo Navarro, el acuerdo intenta que este nuevo ente no sea político sino ciudadano, como sucede en varios países del mundo. “En el único escenario en el cual se aceptaría la presencia de un delegado del Gobierno es cuando este organismo sea encargado del manejo del espectro radioeléctrico, es decir las frecuencias”.

Pero, Navarro aclaró que en ese caso se deberá nombrar otra institución autónoma al Consejo, para tratar los temas mediáticos. Es decir, que realice un monitoreo del cumplimiento de las normas deontológicas en los medios.

En Cataluña (España) funciona un Consejo de Comunicación con esas características. Llúcia Oliva, titular del ente, estuvo el mes pasado en Quito para contar su experiencia sobre el tema.

Ella dijo que la lucha para separar los interese de grupos políticos de la prensa duró varios años; pero que finalmente los periodistas son los encargados de manejar el Consejo y de tramitar las quejas ciudadanas sobre malos contenidos informativos de la prensa.

En esos casos, se realiza una investigación y si se comprueba que existió un error, los medios son obligados a sacar una rectificación. Su trabajo no termina ahí, porque el Consejo es el encargado de crear una normativa de cómo actuará la prensa para no volver a cometer esa equivocación.

Adicionalmente, en Cataluña. sostuvo Oliva, se implementará un sistema para entregar una especie de sello de calidad a los medios que cumplan con los parámetros de trabajo del Consejo. “Es una idea para que el lector conozca que es un medio confiable”.

Kela León, presidenta del Consejo de la Prensa de Perú, también tiene un criterio similar. Explicó que está en contra de la regulación de los medios desde cualquier organismo político.

Según su experiencia, la Ley de Comunicación y el Consejo terminaron siendo utilizados en el Perú, por los gobernantes de turno. “Una ley que puede ser interpretada desde diferentes intereses. La norma puede tener muy buenas intenciones, pero quienes las ejecutan pueden aplicarla de mala manera y es el primer paso para una censura”. Ella cree en la autorregulación de la prensa.

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