La Procuraduría ya está en conocimiento de la solicitud de información sobre el caso El Universo, hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado ecuatoriano.
El organismo pidió datos sobre la sentencia que se emitió en contra de los directivos de diario El Universo, Carlos, Nicolás y César Pérez; y del ex editorialista del medio, Emilio Palacio. Y dio plazo para que la Procuraduría, como abogado del Estado, respondiera hasta el 18 de noviembre.
Esta solicitud fue entregada de inmediato al director de Derechos Humanos de la Procuraduría, Erick Roberts. Él deberá analizar el proceso y determinar la contestación que se le brinde a la Comisión Interamericana.
Sin embargo, el presidente Rafael Correa cuestionó ayer nuevamente la solicitud hecha por el organismo. “Ha habido excesos, se nos pide información de un proceso judicial en marcha. Eso es atentatorio contra los estados, porque para realizar cualquier reclamo se debe esperar que se agoten las instancias internas. Se dan cosas extrañas, fruto del poder mediático, del capitalismo”, afirmó el Mandatario, durante su enlace sabatino.
No obstante, la solicitud de información planteada por la CIDH tiene como objetivo analizar si se aplican medidas cautelares a favor de los cuatro procesados, mas no constituye una demanda internacional.
Pero el Jefe de Estado insiste en que se debe rectificar el trabajo que realiza el sistema interamericano, para evitar la “injerencia de Estados Unidos. Hay un sesgo muy claro en este tema. Se nos quiere imponer principios anglosajones: que la injuria no debe ser penalizada, porque en EE.UU. no es penalizada, a mí qué me importa”, señaló Correa.
En ese sentido, también cuestionó las denuncias presentadas por Fundamedios ante la CIDH, por supuestas violaciones a la libertad de expresión en el país.
“Fueron a desprestigiar al Presidente. Qué tiene que ver la CIDH con un juicio privado en los que se me acusa de que sabía de unos contratos. Dicen que yo era culpable”, manifestó.
Estos “ataques” del Gobierno en contra de Fundamedios han provocado, según la organización, que se amenace de muerte a los directivos de la ONG.
César Ricaurte, director de Fundamedios, denunció que a través de redes sociales y de correos electrónicos se los ha tratado de amedrentar. Incluso, organizaciones internacionales, como el Comité de Protección a Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), hicieron responsable al Gobierno por cualquier agresión que reciba Ricaurte.
Por ello, el viernes en la noche, el Ministerio del Interior asignó escolta policial permanente a Ricaurte. Según el viceministro de Seguridad Interna, Leonardo Berrezueta, se inició un estudio de riesgo para determinar las posibles amenazas que pueda recibir el directivo de la ONG.
“Sin necesidad de pedido alguno hemos acudido a brindarle la protección que se requiera”, dijo . Y añadió que en las redes sociales “existe una gran cantidad de improperios, amenazas, atropellos e insultos, pero que sin duda son parte de la libertad de expresión que se vive con absoluta tranquilidad en el Ecuador”.
Pero Ricaurte cuestionó esta declaración. En su cuenta de Twitter, escribió: “Ahora resulta que amenazar de muerte es parte de la libertad de expresión”.
Asimismo, comentó en la red social que frente a su casa está un “carro lleno de militares”.