Ecuador cedió parcialmente lo absoluto de su soberanía cuando la guerrilla de las FARC ingresó a territorio ecuatoriano para instalar el campamento de Angostura donde se hallaba el guerrillero Raúl Reyes, quien cayó abatido por un bombardeo de las Fuerzas Armadas colombianas.
Ese es uno de los argumentos que el procurador de Colombia, Alejandro Ordóñez, utiliza en su alegato en contra de la decisión de la Corte Suprema de Justicia que dictaminó que los supuestos correos hallados en las computadoras que Reyes tenía en Angostura no tienen validez procesal.
Según la Corte, la invalidez se debe a que fueron obtenidos de forma ilegal en territorio ecuatoriano y porque no había prueba alguna de que fueran correos ya que se hallaron en formato Word.
Según una publicación de diario El Tiempo de Colombia, Ordóñez, en un documento de 52 páginas, se opone a la decisión de la Corte Suprema, de ‘borrar’ de los expedientes judiciales el contenido de los computadores del jefe guerrillero Raúl Reyes.
Ordóñez sostiene que los archivos del abatido número 2 de las FARC deben seguir jugando en los procesos penales en Colombia porque no era posible contar con colaboración ecuatoriana para ir por las PC.
“Ecuador cedió parcialmente lo absoluto de su soberanía al permitir que grupos terroristas perpetrasen ataques contra territorio colombiano, conociendo de esta situación previamente y sin tomar acción”, dice el documento.
Estos son, básicamente, los argumentos de Ordóñez según los ha clasificado El Tiempo:
1. ‘Era operación militar, no caso judicial’
La Procuraduría dice que la Corte, que no cuestionó la legitimidad de la Operación Fénix, no tuvo en cuenta todos los elementos de juicio. “Desconoce que la operación se efectuó en un campamento militar de un grupo narcoterrorista ubicado en la frontera con un país vecino, lo que representaba un peligro para la seguridad nacional”, asegura el Ministerio Público. Y agrega que al no tener la operación como fin principal la recolección de evidencia sino la eliminación de un adversario legítimo, esto “obliga a la Corte a determinar cuál derecho es el aplicable a la actuación de la Fuerza Pública”. Según la Procuraduría, Fénix es válida dentro del Derecho Internacional y no podían los magistrados exigir que allí se cumplieran acuerdos de cooperación judicial.
2. ‘Sí tenían poder de Policía Judicial’
La Procuraduría dice que además de que se trató de “una operación militar que contrajo de manera inusitada la consecución de material probatorio”, los miembros de la Fuerza Pública colombiana sí tenían facultades “supletorias” de Policía Judicial, como ocurre en zonas de combate. “Frente a un inminente peligro de ataque de las Farc, custodiaron el lugar de los hechos, inspeccionaron el sitio, recolectaron, embalaron y transportaron las evidencias más importantes”.
3. ‘Sí hay correos y son prueba’
La Procuraduría acude al concepto de Interpol que certificó la autenticidad de los archivos de ‘Reyes’. Frente a las dudas de la Corte porque le entregaron archivos de Word y no correos, cuestiona por qué los magistrados no recurrieron a la opinión de expertos.
Dice que en los PC estaban los archivos en ese formato, que corresponden a mensajes enviados y almacenados en un sistema llamado Packet Radio que utilizan las Farc.