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‘El proceso de paz en Colombia no elimina la violencia en la frontera’

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16 de September de 2012 00:03

Oswaldo Jarrín, ex ministro de Defensa, dice que Ecuador debe actualizar su estrategia, de cara a los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC

¿El inicio de una negociación de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) solucionará los problemas de narcotráfico, violencia y delincuencia en la frontera de Ecuador con ese país?

Nadie puede estar en desacuerdo con ese proceso, sobre todo cuando es un conflicto armado que no tiene una solución militar, sino política. No nos debe preocupar la negociación franca, valiente y decidida entre el Gobierno colombiano y esa guerrilla...

Entonces, ¿sí hay algo que debe inquietar a Ecuador?

La preocupación es que en ese proceso no quieren, no pueden y no deben estar las bandas criminales. Hay más de 400 organizaciones de ese tipo en Colombia -formadas por desertores de la guerrilla o ex integrantes de grupos paramilitares- que son generadores de violencia y del crimen transnacional. Ese proceso de paz no incluye a otros actores que siembran un ambiente de inseguridad en la frontera.

¿Las dificultades fronterizas se mantendrán al margen del resultado de esas negociaciones de paz?

No desaparecerán. Lo mejor es considerar qué pasó en el proceso de paz que impulsó el presidente (colombiano Andrés) Pastrana, de 1999 al 2002, que dio paso a la zona de despeje del Caguán.

¿A qué se refiere?

Hubo dos acciones criminales transnacionales de inmensa gravedad para el Ecuador. El 11 de septiembre de 1999 se plagió a un grupo de turistas en Tarapoa, en Sucumbíos. En ese caso se debió pagar un rescate de USD 3,5 millones. En octubre del 2000 se repite un incidente de mayor gravedad, cuando en Pompeya (Sucumbíos) un grupo armado secuestra a 11 técnicos petroleros del campo de Repsol-YPF. El problema se solucionó con otro rescate de USD 3 millones, pero con la muerte de un técnico petrolero estadounidense.

¿Cuál era la relación entre esos episodios y los diálogos que se impulsaban entonces en Colombia?

Esos hechos demuestran que mientras la guerrilla de las FARC estaba negociando la paz sin hostilidades de por medio, otros grupos violentos incursionaron desde Colombia en la frontera.

¿Ecuador y sus Fuerzas Armadas deben estar en alerta ahora que está por empezar un nuevo proceso de paz en Colombia?

Tienen que seguir cumpliendo su responsabilidad de brindar seguridad y protección de fronteras. El Presidente ha fortalecido a las FF.AA. para que cumplan en mejor forma la misión que ya ejecutan. Hay que tener en cuenta que el proceso colombiano de paz está al margen de la política del Estado ecuatoriano en materia de relaciones internacionales.

¿Ecuador no debe intervenir en ese proceso?

La única política de Estado que se ha mantenido a través de varios gobiernos es la no intervención en el conflicto interno de Colombia. Esa no intervención se debe cumplir en todos los órdenes, ya sean de paz o bélicos. Se puede expresar el deseo de que se solucione el conflicto, pero eso no cambia en nada la responsabilidad de las FF.AA. de mantener seguras las fronteras.

Tras el ataque a Angostura, en el 2008, en Ecuador se analizó la opción de brindar el estatus de fuerza beligerante a las FARC e incluso se mencionó que se podía facilitar el territorio nacional para una negociación. ¿Esos pronunciamientos no afectaron la conducción del país frente al conflicto colombiano?

No afectan a la conducción del país (en el tema) porque hay una política clara y definida. Pero sí generan dubitaciones. Recordemos que el Secretario de la OEA dijo que no se podía indicar que hubiera comprometimiento del Gobierno de Ecuador con el campamento de las FARC, pero tampoco que se podía negar simpatías con las FARC. Tampoco podemos negar el nexo que hubo entre el campamento de Raúl Reyes con la reunión de la Coordinadora Continental Bolivariana, que se desarrolló el 2008 en Quito.

Pero esas simpatías hacia las FARC se evaporaron luego del ataque del 2008.

Los hechos y las vinculaciones eran obvios, aunque han sufrido un giro después de Angostura. Solo entonces se refuerza a las Fuerzas Armadas y se da la más plena confianza para una protección de la soberanía territorial. No obstante, siguen existiendo políticas incoherentes.

¿Cuáles?

A la vez que se establece una política de seguridad para las fronteras, también se implementan políticas migratorias como la ciudadanía universal.

¿Cuál es el efecto de ese tipo de medidas?

La permisividad para que cualquier persona del mundo transite en el Ecuador significa brindar oportunidades a las redes transnacionales para que triangulen y hagan conexiones en el espacio ecuatoriano.

¿La solución es cerrar las fronteras?

Las políticas tienen que armonizarse: el desarrollo fronterizo, la movilidad fronteriza, la Carta Andina, la Zona de Integración Fronteriza y las políticas de migración deben estar en consonancia con la política de seguridad. Una política no puede ir en contradicción de otra. Si se permite que las FF.AA. tengan un mejor desempeño en la frontera, no se puede dar toda la permisividad para el libre tránsito de las fronteras.

La apertura migratoria está planteada desde la Constituyente de Montecristi, cuando se evidenció el enfoque ideológico de la medida.

Jamás la ideologización de la seguridad puede constituirse en un obstáculo para la cooperación internacional en materia de seguridad. Tienen que marginarse los aspectos ideológicos y cooperar con todos quienes buscan una seguridad regional.

¿En qué se basa para decir que no ha existido la apertura del Gobierno a esa cooperación internacional?

El Plan de Desarrollo del Gobierno señala que el Puerto de Operaciones de Avanzada en la Base de Manta debía ser sustituido por un sistema similar. Específicamente que se coopere con el Sistema de Vigilancia Amazónica, pero nunca se lo hizo. Los problemas transnacionales no pueden ser enfrentados por un solo país.

¿El sistema de seguridad está atrapado por los sesgos ideológicos del Gobierno?

Así lo demuestra la incoherencia de sus políticas, cuando a las Fuerzas Armadas se les asigna tareas que nada tienen que ver con su desempeño profesional.

¿Se refiere la participación de fuerzas militares en tareas de seguridad ciudadana?

Hay más de 20 tareas fuera de las misiones específicas. Las Fuerzas Armadas no tienen por qué ser guardianes de terrenos para evitar invasiones o dinamitar maquinaria de la minería ilegal.

¿Tampoco ayudar a combatir los incendios que en la actualidad sitian a Quito?

Eso es diferente. El Libro Blanco y su actualización establecen que las Fuerzas Armadas deben participar en mitigar desastres naturales. Pero no pueden estar en una tarea como la seguridad ciudadana, sustituyendo a la institución policial. En cambio, la seguridad fronteriza sí es una tarea esencial de la institución militar.

¿El Presidente es el llamado a solventar esas incongruencias en esta materia?

La Constitución señala que el Presidente diseña la política de seguridad y el Ministerio de Defensa la ejecuta. Pero para eso se necesita experiencia, liderazgo, conocimiento y dedicación profesional. Las fronteras exigen cada vez más de las capacidades del Estado. Por eso, jamás se puede subutilizar a las FF.AA.

¿No es muy severo su análisis de los cinco años del Gobierno en materia de defensa?

Se debería reflexionar todo lo que ha pasado en esta época. ¿Quién se ha responsabilizado de las consecuencias y del origen del ataque de Colombia a Ecuador?

El gobierno colombiano de Álvaro Uribe se responsabilizó por ese bombardeo.

El Gobierno colombiano actuó con un argumento explicable, pero jamás justificable. Eso pudo prevenirse, si no se permitían campamentos de las FARC y que se promocionen cónclaves de cariz guerrillero en Quito. Se creó un Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa y a raíz de su funcionamiento se tuvo ese campamento en el país.

Con estos antecedentes, ¿cuál sería el mejor aporte de Ecuador al nuevo proceso de paz en Colombia?

Un respaldo político sin ninguna participación. Y militarmente mantener firme la seguridad de fronteras. No se puede concebir que las FF.AA. consideren que el conflicto está solucionado. Sería una tremenda ingenuidad.

¿Las bandas criminales pueden sacar provecho de una eventual paz entre el Gobierno y las FARC?

Las FARC no tienen control absoluto de sus miembros. Por eso, no está garantizado que la decisión a la que se llegue sea cumplida por todos sus integrantes. Entonces habrá desertores que quieran continuar con sus nexos con el crimen organizado y el narcotráfico a través de esas bandas.

¿Y por qué los programas de desarrollo fronterizo del Estado ecuatoriano no han logrado contrarrestar los problemas en la frontera?

El problema es que se aplican políticas erradas, sin seguimiento ni permanencia en el tiempo. Cuando se cortaron las negociaciones entre el gobierno de Pastrana y las FARC, en el 2000, el Consejo Nacional de Seguridad del Ecuador se reunió y estableció una política de seguridad para la frontera norte. De ahí salió el Udenor, para fortalecer económica y socialmente a esas poblaciones. Sin embargo, se convirtió en el Plan Ecuador, volviendo a cero. No se quiere fortalecer ni mejorar las políticas que se aplican, sino desecharlas y partir de cero.

¿Es ingenuo pensar que la posible firma de paz con la guerrilla de las FARC calme los 720 km de frontera?

Sería un escenario de fantasía que no se va a dar. Las Fuerzas Armadas deben proteger la soberanía territorial y coordinar acciones con otras instituciones, para que el Ecuador esté libre de las amenazas transnacionales o reducir al máximo su efecto.

¿Es el momento para que el Gobierno redefina su política de defensa, ya que el proceso de paz en Colombia está por comenzar en octubre?

Debería ser materia de una reunión urgente del Consejo de Seguridad Nacional. Siempre que hay un evento de trascendencia internacional en materia de defensa se tiene que reactualizar la estrategia nacional. Debería ser una medida urgente para que no haya dudas...

¿Dudas?

El país debe tener claro que un proceso de paz no implica el fin del conflicto y el restablecimiento de la seguridad. No va a existir una frontera de paz mientras existan actores armados incontrolables. Son actores que no se rigen por ninguna ley y seguirán actuando. Este proceso de paz con las FARC no tiene nada que ver con el narcotráfico, que seguirá existiendo. El narcotráfico arrastra el resto de delitos conexos, que afectan a la soberanía, convivencia y seguridad del Estado. Por eso, las Fuerzas Armadas no deben desviar el cumplimiento de sus tareas específicas en la frontera.

HOJA DE VIDA

Oswaldo Jarrín Román

Su trayectoria. General (r) de División, ex Jefe del Comando Conjunto de las FF.AA. Tiene un máster en Inteligencia Estratégica. Ex profesor de la Flacso, articulista y actualmente académico de la Universidad Internacional.

Su punto de vista. El Gobierno ha implementado medidas incoherentes que dificultan que las Fuerzas Armadas puedan proteger la soberanía nacional en frontera.

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