El ultimátum lo planteó la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Marcela Miranda. Hasta la próxima semana se aprobará el cronograma definitivo para llevar adelante los procesos para selección de 27 autoridades de control.
Hace 15 días, Andrea Rivera y David Rosero fueron los únicos vocales que plantearon una propuesta sobre el tema. Su proyecto pretendía terminar a finales del 2011 solo con la designación de Fiscal y de los vocales del Consejo de Judicatura. No se habló sobre la designación de otras autoridades de control.
El ajetreo sobre los concursos coincidió con la crítica que hiciera el presidente Rafael Correa en su último enlace. El Primer Mandatario pidió celeridad al organismo, específicamente, en el tema de justicia. Dijo que es una prioridad de la revolución ciudadana reestructurar la justicia.
Justamente, la mayoría de los consejeros considera que la designación del Fiscal General y de los miembros de la Judicatura debe primar. Esto, luego de la selección del Procurador, Superintendentes de Bancos, Compañías y Telecomunicaciones, a través de las ternas que emita el presidente Correa. Ese criterio tiene el apoyo de los siete consejeros, pero la próxima semana se tomará una decisión definitiva.
El vocal, Luis Pachala, aseguró que la decisión de agilitar la designación de las autoridades no tiene que ver con los cuestionamientos que hiciera Correa. “Es un clamor ciudadano que se empiece por reestructurar la justicia”.
Por eso, los vocales del Consejo de Participación empezaron a analizar cómo cumplir en el menor tiempo posible esa tarea.
El vicepresidente del organismo, Fernando Cedeño, propuso que sean conformadas, al mismo tiempo, las comisiones ciudadanas que serán las encargadas de la elección del Fiscal del Estado y de los vocales de la Judicatura. Él dijo que eso serviría para que se reduzcan los tiempos entre la designación de cada autoridad.
Según Cedeño, si se siguiera este cronograma con los 27 funcionarios que deben ser escogidos, los procesos concluirían en julio del próximo año.
Mientras, los vocales del Consejo deciden una fórmula para cumplir con ese deber, tienen que articular el marco jurídico para reforzar su trabajo.
El primer paso que deberá seguir el Consejo es aprobar 10 reglamentos: siete de los concursos, uno de la selección a través de ternas, el de las comisiones ciudadanas y el de veedurías. Este último es el que está más avanzado. Ayer se lo aprobó en primer debate.
No obstante, aun están estancados en el tema presupuestario. El debate se ha prorrogado por tres veces, y aún no hay consensos. Ayer la vocal Mónica Banegas criticó los gastos innecesarios planteados. Por ejemplo, USD 2 millones solo para consultorías.
Concursos millonarios
Según el planteamiento de la Comisión de Presupuesto , solo en los concursos, el Consejo de Participación invertirá entre USD 8 y 9 millones.
Desde la creación del Consejo de Participación hace un año y seis meses, se han receptado 365 denuncias de actos de corrupción. Los funcionarios los depuran para clasificar los procesos.
Según el informe de labores de la presidenta del Consejo, Marcela Miranda, la Secretaría de Lucha contra la Corrupción está trabajando en el análisis de las denuncias represadas por más de tres años. Se despachan alrededor de 78 expedientes semanalmente.