30 de December de 2012 00:03

Principios de libertad de expresión en riesgo por reformas en la OEA

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Los principios de la libertad de expresión en el continente se encuentran en riesgo si se aprueba en marzo próximo un paquete de reformas que reduciría las facultades de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Las reformas serían aprobadas por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), y se refieren al funcionamiento de la CIDH en general, pero algunas vendrían específicamente a eliminar o debilitar las facultades de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

El interés por reformar la CIDH existe desde hace varios años, pero tomó fuerza en el 2011 cuando Brasil, Ecuador y Venezuela, molestos con cuestionamientos y medidas cautelares emitidos por la CIDH y la Relatoría para la Libertad de Expresión, amenazaron con retirarse de la OEA. Así lograron que esta aprobara una serie de recomendaciones para el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Aunque todos los actores, incluida la CIDH, están de acuerdo en la necesidad de hacer cambios, algunas propuestas han hecho que en ocasiones el término “fortalecimiento” parezca más un eufemismo que un objetivo real.

Las recomendaciones

Una de las recomendaciones consiste en modificar la estructura de financiamiento de la CIDH, de manera que las nueve relatorías reciban igual cantidad de recursos y las donaciones vayan directamente a la CIDH en lugar de a una relatoría específica.

Camilo Sánchez, investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Colombia, dijo que esa recomendación resultaría en una reducción sustancial del financiamiento de la Relatoría y de su capacidad para investigar.

Aunque se propone buscar alguna forma de aumentar el presupuesto, la OEA nunca ha logrado darle suficientes fondos a la CIDH para cumplir su mandato; y la Relatoría, que más donaciones recibe, funciona en gran parte gracias a estas, agregó Sánchez.

En su respuesta oficial a la OEA, la CIDH confirmó que “prohibir o impedir, de cualquier manera, que en la práctica pueda operar cualquiera de las fuentes de financiación (externa), conduciría de inmediato al debilitamiento estructural de las relatorías”.

Para Karina Banfi, de la Alianza Regional para la Libertad de Expresión e Información, la propuesta de “equidad” y “balance” presupuestario de las relatorías “esconde una seria amenaza de retroceso en la protección específica de la libertad de expresión”.

“Impedir que pueda seguir gestionando sus propios recursos u obligar a las Relatorías que como la de Libertad de Expresión o la de Defensores de Derechos Humanos cuentan con un presupuesto más robusto, a asimilarse a las relatorías que tienen menos recursos, sería simplemente impedir que estas oficinas sigan cumpliendo la labor que han venido realizando”, puntualizó Banfi.

Otra propuesta sugiere que la CIDH incorpore los informes de las relatorías en su informe anual, lo cual vendría a restringir la libertad de las relatorías de difundir sus propios informes y llamar la atención pública a situaciones críticas en los países.

Alejandro Delgado, presidente del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión de Costa Rica, recordó que los Estados no están obligados a acatar las recomendaciones de la CIDH y sus relatorías. Al impedirles difundir sus informes más de una vez al año, se anula un importante instrumento de presión para motivar a los Estados a proteger la libertad de expresión.

En su respuesta, la CIDH confirmó que los reportes de las relatorías “adquieren especial visibilidad y responden a criterios adecuados de oportunidad,” por lo que seguir publicándolos a lo largo del año “permitirá preservar el impacto” de la labor de las relatorías.

La Nación de Costa Rica, a nombre del Grupo de Diarios de América (GDA), solicitó la versión de la relatora para la libertad de expresión, Catalina Botero, pero indicó que solo los representantes de la CIDH pueden referirse al tema. La encargada de prensa de la CIDH, María Isabel Rivero, dijo que estos se encontraban fuera del país y no podría dar declaraciones.

Desde el 27 de noviembre se solicitó una entrevista con el secretario, José Miguel Insulza, pero no fue posible conversar con él.

Los extremos

Desde que las recomendaciones fueron acogidas por la Asamblea General de la OEA en junio pasado, en Bolivia, los Estados miembros de la OEA, la CIDH y más de 50 organizaciones de la sociedad civil del continente se han abocado a debatir y ofrecer propuestas.

No obstante, en el proceso se enfrentan visiones radicalmente opuestas. Una revisión de las posiciones públicas y propuestas expresadas por los diferentes países en los últimos meses permite categorizarlas según si son restrictivas hacia las facultades actuales de la CIDH y sus relatorías.

Países como Argentina, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y Venezuela comparten posiciones restrictivas. El canciller y vicepresidente venezolano, Nicolás Maduro, había indicado que “les decimos a nuestros hermanos de América Latina y el Caribe: ha llegado el momento de desmontar esa estructura decadente de la Corte Interamericana y de la CIDH”.

En tanto, países como Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Panamá, y Uruguay, defienden la necesidad de hacer reformas sin restringir o eliminar las facultades clave de esos órganos. Por ejemplo, Ecuador propone que se suprima la capacidad de la CIDH y sus relatorías de emitir medidas cautelares, y dejar esa facultad exclusivamente en manos de los funcionarios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En contraste, Costa Rica apoya que la CIDH continúe emitiendo medidas cautelares en tanto haga algunos ajustes, entre ellos definir parámetros precisos para otorgarlas y dar plazos razonables a los países para cumplirlas. Según Karina Banfi, el mecanismo de las medidas cautelares es una de las piedras angulares de la protección de los derechos humanos. El 7 de diciembre, durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, la embajadora María Salvador (Ecuador), indicó a la agencia EFE que “nadie busca atacar a la Comisión”.


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