Primeras voces de preocupación por el plebiscito del Presidente

El grupo Cauce Democrático. De izq. a der., Osvaldo Hurtado, Pablo Better, Juan Andrade, Ernesto Albán, Simón Espinosa y Abelardo Pachano se reunieron.

El grupo Cauce Democrático. De izq. a der., Osvaldo Hurtado, Pablo Better, Juan Andrade, Ernesto Albán, Simón Espinosa y Abelardo Pachano se reunieron.

Diferentes sectores ciudadanos comienzan a marcar posiciones frente a la propuesta de consulta popular que planteó el presidente Rafael Correa. Desde posturas ideológicas distintas han mostrado su preocupación por el contenido de las reformas que se pretenden introducir a través de 10 preguntas, y que incluyen cambios directos, entre otros temas, en el sistema judicial.

Ayer, un grupo de 17 intelectuales, políticos, periodistas y artistas conformaron el foro Cauce Democrático. El objetivo, según lo plasmaron en su manifiesto público es crear “conciencia” en la ciudadanía de los “peligros” que encierra la intención del Gobierno de “tomarse la justicia”.

Estuvieron el ex presidente Osvaldo Hurtado y los ex titulares de la Legislatura, Wilfrido Lucero y Guillermo Landázuri. También el ex magistrado Ernesto Albán, y el canciller José Ayala Lasso. También estuvieron el periodista Simón Espinosa, los ex ministros José Gallardo y Pablo Better; la ex directora del SRI, Elsa de Mena, y el ex presidente de la Junta Monetaria, Abelardo Pachano.

Finalmente los artistas Oswaldo Viteri, Juan Andrade, Milton Barragán y el escritor Julio Echeverría. El ex vicepresidente Pedro Pinto y el ex titular del TSE, Medardo Oleas no acudieron a la cita, pero firmaron el documento.

El manifiesto público recoge su sentimiento de “preocupación, alteración y alarma por la concentración de poder del Ejecutivo, la pérdida de independencia de las funciones Legislativa y Judicial, la violaciones de la Constitución y el menoscabo de los órganos de control”.

Según el ex presidente Hurtado, en la propuesta de consulta popular solamente existen dos temas de interés para el Gobierno: la Justicia y los medios de comunicación. “Los demás son adornos. Quiere controlar al sistema judicial y a la prensa y de eso la gente tiene que estar consciente”.

Asimismo, el ex ministro de Defensa, José Gallardo, aseguró que el problema de la inseguridad es consecuencia de las decisiones “erradas” que ha tomado el Régimen. Entre ellas, la eliminación de las visas para los extranjeros, señaló el General retirado.

Según el jurista Ernesto Albán, las preguntas planteadas son engañosas, pues en ellas no se establecen los mecanismos para cambiar al Consejo de la Judicatura, ni las atribuciones que tendría la Comisión Tripartita que propone el Ejecutivo. “Nadie va a leer los anexos. Capaz ni siquiera los ponen en la papeleta. Solo quieren engañar a la gente sin explicarle cuáles son las intenciones reales del Ejecutivo”.

Este colectivo lanzó una página web (www.caucedemocratico. com) en la que propondrán temas de discusión y foros de debate. La campaña, en su esencia, es para crear conciencia sobre el impacto que tendrá esta consulta.

Otras voces de izquierda

Sectores que hace cuatro años acompañaban al Régimen también han puesto reparos al proyecto de plebiscito. Alberto Acosta, ex titular de la Constituyente, dice que desde el 2009, cuando se aprobó la Ley de Minería, se creó un Frente de Defensa de la Constitución. “(La consulta) sería la oportunidad para retomar esta idea pues existen temas, como la caducidad de la prisión preventivas, que violan garantías constitucionales y no pueden ser reformados mediante consulta, sino con una nueva Asamblea Constituyente”.

Manuela Gallegos, también alejada del Gobierno, cree importante que se unan los sectores sociales que apoyaron el proyecto político de Rafael Correa y que “vemos defraudado” el cambio.

Uno de estos grupos es el movimiento indígena. Marlon Santi, presidente de la Conaie, explicó que el lunes próximo, desde la mañana, se reunirán todas las filiales de la organización indígena para decidir cuál será su postura frente al referendo.

Aunque adelantó que están en contra de las intenciones que tiene el Gobierno de “meter la mano en la justicia”.

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