¿El primer poder del Estado?

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Carlos Rojas Araujo  Editor sección Política

Que la Asamblea Nacional carezca de agenda propia no es el único problema por el cual atraviesa el primer poder del Estado. Lo que verdaderamente preocupa es que su autonomía e independencia están tan venidas a menos que ya ni siquiera se guardan las formas políticas.

Cada semana hay un nuevo tiro al aire: la negativa a Mae Montaño para debatir, desde su visión, la crisis venezolana. Otra: la desesperación del oficialismo porque en el Pleno no se trate el caso Jiménez y que sean solo cinco votos del Consejo de Administración de la Legislatura los que le despojen para siempre de su investidura. Y el bloqueo para que en la sala de prensa los Yasunidos expongan sus puntos de vista...

Todas estas actuaciones responden, sin ningún tipo de cuestionamientos, a los intereses políticos del Gobierno.

Ayer, la Asamblea dio otra vez muestra de su poca autonomía y falta de agenda. En sus instalaciones se realizó la primera de las jornadas sobre "La discriminación en los medios de comunicación y el ejercicio de los derechos".

Este acto no solo fue un nuevo espacio para que los principales rostros del oficialismo insistieran en atacar a los medios de comunicación privados que el Régimen no controla. Sino que este se dio, precisamente, cuando el debate por las sanciones que la Superintendencia de la Información impuso a diario Extra y a Ecuavisa no se han cerrado. Hay argumentos jurídicos y éticos que señalan que las resoluciones de la Supercom son subjetivas, pues resulta complejo juzgar desde lo moral. En el panel de ayer estuvieron el superintendente Carlos Ochoa, el Cordicom, el Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira y la legisladora Alexandra Ocles, quien denunció a Alfredo Pinoargote. Es decir, juez y parte.

Estas jornadas, sesgadas hacia la verdad oficial, no abren un mínimo espacio de pluralidad. Ni siquiera a la Asamblea le interesa reivindicarse como un foro democrático cuando coincide en horario y esmero con la agenda de Carondelet.

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