5 de March de 2011 00:00

La presión oficial y las críticas llegaron al CNE

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Omar Simon. Presidente del Consejo Nacional Electoral

‘Voten como les dé la gana”. Esa fue la frase con la que Omar Simon, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), cerró la rueda de prensa, el martes por la tarde.

La respuesta fue para uno de los periodistas que le insistía cómo se debía votar en la consulta popular. Simon lucía cansado. Había trabajado con el Pleno del organismo desde de la mañana.

Por más de una ocasión, las preguntas de la prensa parecían incomodarle. A esa hora, las reglas con que se llevará adelante la campaña electoral no estaban claras. El propio Simon había titubeado días antes al momento de explicar el margen de proselitismo que tendrá el presidente Rafael Correa en esta campaña.

La principal cabeza de la Función Electoral lo reconoció con todas las letras. Primero dijo que no existía norma legal que permitiera al CNE impedir al Primer Mandatario referirse, en sus enlaces de los sábados, a la consulta popular. Luego reconoció que Correa entrará en la campaña plebiscitaria con todas las ventajas de ser el proponente de la consulta popular.

Estas declaraciones generaron la reacción de diversos sectores políticos. Por un lado, ex presidentes del extinto Tribunal Supremo Electoral como Medardo Oleas y Carlos Aguinaga consideraban que estas excusas eran una manera de demostrar a los ciudadanos la poca independencia que tiene este organismo frente al Gobierno. A su juicio, el CNE sí cuenta con las normas legales para regular los espacios sabatinos del Jefe de Estado.

A estas críticas se sumaron las de Andrés Páez, asambleísta de la ID. “Árbitro vendido” fue el término que utilizó para cuestionar a Simon. A su juicio, la actitud del CNE es claramente parcializada y entreguista al gobierno de Correa. En ese sentido, argumentó que los vocales electorales recurrirán a todas las normas legales que les permita blindar la campaña del Gobierno.

A esta alerta se sumó la Corporación Participación Ciudadana, de la que Simon fue su presidente, para prevenir al país de que cualquier tipo de publicidad gubernamental podría contener sutiles mensajes a favor del sí.

Simon no ha logrado tomar distancia del signo correísta que sus detractores le endilgan. Luego de que el Jefe de Estado lo visitara personalmente, la tarde del lunes 21 de febrero, para en entregarle el decreto de la consulta popular se evidenciaron primeras coincidencias entre ambos.

El ejemplo más notorio fue que Gobierno y Simon eran partidarios de que el plebiscito se llevara a cabo el domingo 1 de mayo. Sin embargo, fue el Pleno del CNE, como cuerpo colegiado, el que decidió pasar la fecha de la consulta para el 7 de mayo.

La segunda muestra de esta supuesta cercanía se dio al momento de definir los mecanismos para controlar la publicidad estatal.

Mientras Simon explicaba con cautela a la prensa de los pocos instrumentos jurídicos para controlar la fuerza mediática del oficialismo, en estos días de campaña plebiscitaria, varios sectores de la oposición exigían al CNE poner firmeza en su capacidad de control de la publicidad.

Prácticamente, una semana le tardó al Pleno del organismo electoral establecer las reglas para la campaña. Entre ellas estuvo la posibilidad de revivir a los partidos y movimientos políticos en proceso de reinscripción. Estos, junto a las organizaciones sociales con personería jurídica, son los únicos facultados para hacer campaña.

Mientras que al Gobierno se le prohibió, a partir del 9 de marzo, difundir cualquier tipo de publicidad sin la autorización del CNE. Tampoco se podrá utilizar fondos públicos para la campaña. Si Correa quiere promocionar el sí, tendría que recurrir a los espacios y montos de gasto electoral a los que tenga derecho Alianza País.

Lo que no quedó claro es cómo se regularán las intervenciones de Correa en las sabatinas y sus recorridos diarios como presidente. Total, dijo el Mandatario, es su garganta la que se gastará.

El Gobierno se ha mostrado crítico ante los aparentes controles que, finalmente, impuso el CNE. Doris Soliz cuestionó que el presidente Correa, como principal proponente de la consulta, no pueda participar activamente en la campaña.

Pero para opositores como Páez, todo esto es una dramatización política, pues Simon y el CNE, a su juicio, favorecerán los intereses del Gobierno.

Carlos Vera tiene una lectura similar, pues insiste que la función electoral fue servil al Presidente, al haber puesto una serie de tropiezos para que su propuesta de revocatoria del mandato quedara en el limbo.

¿Quién es?

Licenciado en Sociología por la Universidad Central. Ha trabajado en el Consejo Provincial de Pichincha, en Participación Ciudadana e Informe Confidencial. Desde octubre del 2008 preside el CNE.

¿Qué hizo?

En el inicio de este proceso de consulta ha recibido una serie de críticas por la forma en la que conduce el CNE favoreciendo, supuestamente, al Gobierno. El pleno del CNE ha actuado bajo presiones.

¿Qué dijo?

“En eso voy hacer muy enfático. No existe norma legal que nos permita impedir al Presidente referirse a la consulta popular. Los funcionarios públicos debemos actuar bajo las normas “.

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