Desde que la Veeduría Ciudadana que investiga la relación de las empresas de Fabricio Correa con el Estado empezó su trabajo, el 2 de julio pasado, se han enviado decenas de pedidos a los organismos de control. Muy pocos han contestado oportunamente las solicitudes, y algunos, como los superintendentes de Compañías y Bancos, nunca respondieron.Por ese motivo, según Jackeline Estupiñán, integrante de la Veeduría, incluso se vieron obligados a pedir al Consejo de Participación Ciudadana la destitución de esos funcionarios, amparados en lo que establece la ley de Acceso a la Información Pública. Diego Jaramillo, también parte de la Veeduría, dice que están por concluir su investigación, pese a la poca colaboración de las autoridades estatales, respaldados en documentos certificados. Una de las cosas que llamó la atención de los veedores es la discrecionalidad de los funcionarios frente a la disposición del presidente Rafael Correa, que pidió la terminación de los contratos relacionados con su hermano. “Nos sorprendió que no existió una orden directa, por escrito, del Presidente para terminar los contratos”, apunta el veedor Pablo Chambers. “Según la Ley de Contratación, para dar por terminados los contratos tiene que haber algo por escrito, pero según las contestaciones de todos los organismos, eso nunca llegó”.