22 de March de 2011 00:00

3 preocupaciones tras el juicio de Correa

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El presidente Rafael Correa lo dejó ayer en claro: el juicio contra Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, por la investigación de los contratos de su hermano Fabricio Correa con el Estado, no será el único que plantee contra reporteros o medios de comunicación.

En una entrevista con Ecuadorinmediato.com, el Primer Mandatario señaló que se vienen, al menos, dos procesos más contra diario El Universo, por una columna de opinión sobre el 30-S. El editorialista Emilio Palacio y los directivos de ese diario serían acusados por el Presidente.

Si estas demandas se concretan, bajo argumentos similares a los que exhibe la demanda contra Calderón y Zurita, por la publicación del libro ‘El Gran Hermano’, el debate sobre las restricciones a la libertad de expresión, a través de la justicia, toma más fuerza.

Esta postura genera al menos tres preocupaciones. La primera: intentar generar temor entre los reporteros para evitar que estos investiguen a la administración pública en general.

Para el presidente de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), Vicente Ordóñez, es una acción desproporcionada y tiene como fin acallar a la prensa.

La agrupación Cauce Democrático aseguró que con la demanda “Correa busca amedrentar a periodistas, sociedad civil y ciudadanos, infundiéndoles el temor de que si denuncian actos de corrupción de funcionarios del Gobierno, o de sus familiares, serán condenadas al pago de millonarias indemnizaciones”.

La segunda preocupación tiene que ver con la utilización de la figura del daño moral en contra de quienes hacen periodismo y de que esta se convierta en un instrumento de uso reiterado, a futuro.

El catedrático Farith Simon pide no caer en el error de centrar el debate en el hecho que es el Presidente el que pone una demanda. “Es cómo el poder en general utiliza a la justicia para atacar a quienes lo investiguen”. Según Simon, todo funcionario público está sujeto a un escrutinio y vigilancia, por ello, una investigación periodística que tiene respaldo suficiente no debería ser motivo de un juicio por daño moral”.

Además está el desproporcionado monto de las demandas que constituyen, en sí mismas, un mecanismo para amedrentar.

En la causa contra Calderón y Zurita, Correa señala que “afectaron su buen nombre”, por lo que pidió que se le pague una indemnización de USD 10 millones. Para el ex presidente de la desaparecida Corte Suprema de Justicia, Gustavo Medina, la cifra preocupa porque es excesiva.

“Este monto es una amenaza contra quienes intenten difundir información que pueda perjudicar a la Administración Pública”, puntualizó el jurista Simon.

Medina insiste en que será una tarea y responsabilidad del Juez Quinto de lo Civil de Pichincha, quien lleva el proceso, fijar un monto real y coherente, en caso de que acogiera la demanda. Todo esto en función del análisis que realice sobre las pruebas.

La tercera preocupación surge porque los plazos en este tipo de procesos civiles son los más largos que existen en el sistema judicial. Es decir, que el juicio debe pasar por varias instancias: el fallo del juez de lo Civil, la respectiva apelación ante la Corte de Justicia Provincial. También se puede pedir el recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia y finalmente plantear una acción de protección constitucional.

Es un proceso que, incluso, podría tomar años. Por lo tanto, la demanda contra Calderón y Zurita podría avanzar luego de la reestructuración judicial que Correa promete, de ganar el sí en la consulta del próximo 7 de mayo.

Si las urnas lo favorecen, el Ejecutivo tendría una participación en el nombramiento de jueces, a través de la Comisión Tripartita que reemplazará a la Judicatura.

Las críticas al libro del Calderón*

En las páginas 18 y 19.

“Las cerca de mil hojas transcritas en esa reunión dejaron evidencia de cómo Rafael Correa tomaba la decisión personal de entregar el campo de Pungarayacu a la inexperta Ivanhoe Energy”.

Juan Carlos Calderón:

“Como prueba están las actas de Petroecuador, donde asumió la decisión de Ivanhoe”.

Página 199: “El Presidente sí conocía de todos los contratos de su hermano”.

Calderón: “Esa es una afirmación de Fabricio Correa, no nuestra; y está citada en la quinta entrega de Expreso”.

Página 72: “... Los indicios empresariales de Fabricio Correa en relación con el Estado. Y la forma cómo fue armando su plan de simulación societaria (...) en los contratos que ya estaban negociando”.

Calderón: “Ahí estamos hablando de Fabricio, no del presidente Correa”.

Página 78: “El fracaso de Aplitec le impidió contratar con el Estado hasta que su hermano asumiera el poder”.

Calderón: “Es un hecho real, Aplitec se reactivó en el Gobierno de Correa; eso también lo contó Fabricio”.

Página 458: “¿F. Correa habría seguido acumulando contratos y el Gobierno, simulado no darse cuenta?”.

Calderón: “Es una pregunta. Hablamos de funcionarios de Gobierno no del Presidente”.

*Calderón contestó a este Diario estas preguntas, advirtiendo que aún no conoce la demanda.

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