La pregunta 9 de la consulta popular, considerada una de las más importantes para el Gobierno solo logró el 44,9% de los votos a favor. Aquí se proponía al pueblo la creación de un Consejo de Regulación de los Medios, para controlar el contenido difundido por la TV, las radios y los periódicos.
Según la oposición al Régimen, estos resultados reflejan que el pueblo no quiere que se establezcan límites a la comunicación. Pues los votos por el No obtuvieron el 42,05%, los nulos, el 5,25% y los blancos el 7,73%, con el 99,6% escrutado por el CNE.
Sin embargo, para Alianza País, esta estrecha diferencia entre los sufragios a favor y en contra de la tesis gubernamental (248 527), demuestra que el centro de la campaña de la oposición y de los medios de comunicación fue precisamente esta pregunta. Asimismo, adelantó que no cederá en sus intenciones reguladoras.
Las cadenas en contra de los medios continuarán, se retomó el segmento ‘La libertad de expresión ya es de todos’ de los enlaces sabatinos y en la Asamblea, insistirán en redactar una ley que tenga facultades controladoras.
El secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, señaló que el triunfo en la pregunta 9 fue categórico, “pese a la intensa campaña mediática promovida por grupos empresariales que controlan y manejan la información como un negocio. Cruzada que tuvo una máscara de supuesta defensa de libertades para confundirá a la gente. En el fondo fue la defensa de los intereses económicos de estos consorcios”.
Un criterio similar tiene el legislador oficialista Virgilio Hernández. Para él, “la campaña de los sectores de oposición y de los grandes medios concentraron ahí el debate. Pero de todas formas hubo cerca de 250 000 ecuatorianos que creen que los medios, al ser un poder, deben ser regulados”, señaló.
No obstante, para el legislador de oposición César Montúfar, los resultados demuestran que ahora Alianza País no tiene la misma fuerza que antes y que deberá negociar con todos los sectores para lograr que se viabilice la creación de un Consejo de Regulación. A su criterio, ahora la presión social será un factor determinante en el debate del proyecto de Ley de Comunicación (ver recuadro).
Así, por ejemplo, en Pichincha, la diferencia entre el Sí y el No es solamente de 3 026 votos.
Manuela Gallegos, ex secretaria de Pueblos del Régimen, señala que la pérdida de votos del Gobierno se debió a que su atención se centró en la parte mediática y no en los contenidos.
Pero el vicepresidente de la Asamblea, Rolando Panchana, considera que el triunfo del Sí demuestra que el pueblo quiere un cambio y que se debe tratar de inmediato la Ley de Comunicación, que está a la espera del segundo debate. Y señaló, es momento de que el Legislativo analice cómo viabilizar y ejecutar los resultados del referendo. Está previsto que la próxima semana se convoque a sesión de jefes de bloque para tratar estos temas.
Pero Lourdes Tibán (Pachakutik) afirma que el Gobierno ha perdido credibilidad, “se ha desviado” de sus inicios y de la “revolución” que promovía. Por ello, dice, perdió en 12 provincias del país que ya “no le creen”.
Este fue uno de los temas que se trató el martes en la noche, en la reunión de bloque de País. Según Hernández, se analizaron los resultados y resolvieron hacer una evaluación profunda sobre “el voto rural e indígena. Sabemos que hay consecuencias de las políticas aplicadas y de las formas…”.
Ley de Medios, a debate la próxima semana
El presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, adelantó ayer que pondrá en el orden del día el segundo debate de la Ley de Comunicación, inmediatamente después de que el Consejo Nacional Electoral publique los resultados oficiales de la consulta.
Es decir, esto significaría que se podría iniciar el segundo debate la próxima semana, sin que se haya analizado previamente el contenido del proyecto de articulado que realizó la oposición sobre el acuerdo ético político. Este convenio fue suscrito en diciembre del 2009 y contó con el apoyo de todas las bancadas legislativas.
Allí se estableció la creación de un Consejo de Comunicación, que básicamente tenga capacidades administrativas y no punitivas en contra de los medios informativos.
Asimismo, se determinó que el organismo no esté integrado por representantes de ningún partido o movimiento político, ni del Ejecutivo. Sino solamente por la ciudadanía.
Pero Alianza País insiste en que el Consejo tenga al menos un representante del Gobierno. Mauro Andino, presidente de la Mesa de Comunicación, consideró que en el organismo deben estar dos delegados del Régimen, mientras que otros legisladores del oficialismo, como Rolando Panchana, consideran que al menos debe haber uno.
Pero la oposición considera que el tema debe ser analizado con cuidado y profundidad antes del segundo debate. Pues creen que la ciudadanía no está de acuerdo con la intención del Gobierno de controlar a los medios de comunicación.
Jimmy Pinoargote (independiente) manifestó que el oficialismo deberá incluir en el informe para segundo debate la propuesta de la oposición, como una muestra de apertura.
Pero Ángel Vilema (AP) defendió la legitimidad del informe y adelantó que se pueden llegar a acuerdos siempre que se respete la decisión tomada por la ciudadanía.