Fernando Ortiz Vizuete. Subdecano de la Universidad de Cuenca habla de las frecuencias a las comunidades. Fue parte de la Comisión Auditora de Frecuencias.
¿La propuesta de Ley de Medios prevé la redistribución equitativa de frecuencias del espectro radioeléctrico entre los sectores público, privado y comunitario. Estas últimas tendrán el 34%. ¿Cuál es su lectura?
Interesante desde el punto de vista de la democratización de la comunicación y de los contenidos. La concentración de medios en el sector privado determinó, por ejemplo, que las expresiones de grupos indígenas sean miradas como algo exótico, turístico…, pero no como una expresión de nuestra cultura, de nuestro país.
¿Si el Régimen es el que concederá las frecuencias a las comunidades, es posible que estas dependan de él y se llenen de cadenas y propaganda oficialistas?
Sí, eso se ve en la práctica actual. El riesgo es que esos espacios se vuelvan instrumentos políticos de agitación a su favor. Pero el modelo actual tampoco es democrático, hay concentración excesiva de medios privados. La iniciativa bien administrada puede dar resultado si se canalizan las frecuencias para la organización, educación y fortalecimiento de las comunidades.
Las comunidades no tienen dinero y se apoyarán en ONG que también son controladas por el Gobierno
Claro. He estado contactando con colegas que están asesorando proyectos que tienen el apoyo de ONG. Las fuentes de financiamiento son deliberantes y desequilibrantes para definir la línea editorial de un medio.
¿34% es una cifra alta para las comunidades?
No. La distribución tripartita del 33% de medios para el sector privado, 33% para el público y 34% para el comunitario es una gran expectativa. No todas las comunidades están en capacidad de gestionar la concesión de frecuencia, pero va a estar allí un espacio disponible hasta alcanzar a cubrir es porcentaje.
¿Y si eso deriva en programaciones de mala calidad?
Administrar un medio de comunicación es un tema serio. No todos los medios privados nos garantizan una programación de calidad. Las comunidades deberán seguir un proceso de formación y capacitación para asumir el manejo. Hace tiempo planteamos crear un gran centro académico de formación y producción para fortalecer esa iniciativa.
¿Ve usted algún riesgo?
Que el modelo dominante de la comunicación comercial se traslade como un calco al medio comunitario. El Régimen concedió 14 frecuencias a comunidades. A los Chachis (Esmeraldas) le dieron una frecuencia modulada, pero la base de operaciones está en la ciudad de Esmeraldas cuando Los Chachis viven a seis horas en canoa y allá no llega la señal. Es un despropósito; en esa programación hay reggaetón.
¿Qué sentido debería tener una radio comunitaria?
Servir exclusivamente para reivindicar la cultura y manifestaciones, proyectos comunitarios, programas educativos y organización. Hay una disminución de esa vigorización cultural. En la Amazonía por la penetración del mundo occidental, hay Shuar que dejan de hablar su idioma.
¿Pero fortalecer esa identidad se consigue solo con frecuencias de radio?
Es más efectiva, por la inmediatez y permanencia. Hablar y construir mensajes en su idioma revitaliza la identidad, las costumbres y tradiciones…
¿Y lo negativo?
Podrían presentarse prácticas totalmente contrarias. Que estos medios sean usados, de alguna manera para un bandolerismo comunicacional, en donde cierto grupo se apropie de un medio y desde allí forme una trinchera para propósitos inconfesables.
¿En base a qué se debería entregar las concesiones?
De acuerdo a proyectos con contenido de educación radiofónica, radioeducación… Hay que poner reglas claras. Hay organismos como el Conartel, Conatel, la Supertel que están en capacidad de definir características técnicas, el tipo de uso… Deberían ser reglas para todos.
¿Pero esas son entidades del mismo Gobierno?
Sí, la politización es otro riesgo en este o cualquier Gobierno.