26 de May de 2011 00:02

Polémica por operativo antiminero

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La destrucción, por parte de las Fuerzas Armadas, de la maquinaria que se utilizaba para la explotación minera (ilegal según el Gobierno) en los cantones esmeraldeños de San Lorenzo y Eloy Alfaro sigue generando críticas.

La oposición en la Asamblea quiere pedir explicaciones a los ministros de Seguridad, Homero Arellano, y de Defensa, Javier Ponce. Mientras que dos juristas precisan comprobar si la actuación de la Fuerza Pública rebasó garantías ciudadanas.

El art. 166 de la Constitución señala que, dentro de un estado de excepción, “los servidores públicos serán responsables por cualquier abuso que hubieran cometido en el ejercicio de sus facultades”. En ese sentido, el jurista Milton Castillo considera que hay una puerta abierta para que quienes se sientan afectados, por la forma en la que se desalojó a los mineros y se destruyó su maquinaria, demanden al Estado.

El debate es complejo. El art. 2 del Decreto de excepción, 783 dispone que los ministerios de Defensa, Seguridad, Recursos no Renovables, Ambiente y Salud, así como la Fiscalía General, “ejecuten las medidas necesarias para eliminar y neutralizar las actividades de la minería ilegal”.

Para el jurista Édgar Terán, la Fuerza Pública y el Gobierno solo debían incautarse de la maquinaria y seguir los procesos legales correspondientes; no destruirla. A su juicio, más allá de si son ilegales o artesanales, las máquinas son propiedad privada. “Es un acto de violencia injustificable”.

El presidente de la Asociación de Ingenieros Geólogos y Mineros del Ecuador, José Gómez, no justifica el operativo en el aspecto legal. Pero advierte que el mandato Minero de Montecristi no fue efectivo a la hora de controlar la minería ilegal o informal. “Toda persona debe ajustarse a las reglas del Estado y la explotación en esos cantones ha sido caótica”.

Para Terán, la actuación del Gobierno “ha violado la presunción de inocencia, la propiedad privada y el debido proceso. Los DD.HH. están sobre la Constitución y sobre otra norma como los derechos de la naturaleza”.

Bajo este panorama, los propietarios de las retroexcavadoras inutilizadas por el Ejército anuncian demandas contra el Estado ecuatoriano por los daños causados a su maquinaria. Uno de ellos, Charles Pozo, dijo que su equipo lo tenía rentado a un grupo minero sin tener vinculación con esa actividad. Exige reparaciones.

El asambleísta Fernando González, de la Comisión Legislativa de Biodiversidad, solicitó la comparecencia de los ministros Arellano y Ponce, para que expliquen los supuestos excesos. Señaló que el Ejecutivo envió a la Asamblea un paquete de reformas al Código Ambiental, para que se permita destruir maquinaria mal empleada en materia minera. El documento no se ha tramitado.

Una comisión revisará el caso

Anoche, en Quito, dialogaron pequeños mineros del norte de Esmeraldas y representantes gubernamentales. Formaron una comisión que, desde el lunes, buscará mecanismos de solución.
Técnicos de los ministerios de Minas y del Ambiente, y representantes de las dos asociaciones de minería de San Lorenzo y Eloy Alfaro integran la comisión, que tendrá el respaldo de la Agencia de Regulación y Control Minero, el Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero y de le Empresa Nacional de Minería.

Jesús Constantino, titular de los mineros de San Lorenzo, está conforme con el acuerdo, "siempre que el Gobierno cumpla con la regularización del sector.

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