El Gobierno cree que la reciente condena al coronel Rolando Tapia, ex jefe de la Escolta Legislativa, y otros cinco policías, comienza a probar la tesis de la conspiración contra el Presidente de la República. Sin embargo, hay otras voces que miran este caso como un hecho aislado y, jurídicamente débil, como para probar la supuesta tesis del golpe de Estado.
El secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, aseguró ayer a este Diario que la condena que impuso la madrugada del martes el Tribunal II de Garantías Penales es importante. La razón: “confirma que hubo un intento de miembros de la Policía de impedir la sesión de la Asamblea, al atacar diputados e impedir su ingreso al recinto. Eso, aquí y en la Conchinchina, es intento de golpe de Estado”.
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En ese sentido, las palabras de Mera van a tono con lo que aseguró el presidente Rafael Correa la tarde del martes, al decir que, sobre este caso, se ha empezado a hacer justicia y que aún falta establecer responsabilidades en los otros hechos del 30-S. Incluso, el fiscal Marco Freire, que representa a la parte acusatoria, ha dejado entrever que la sentencia contra Tapia pudiera revertir las sentencias dictaminadas a favor de Fidel Araujo y César Carrión, acusados por el Gobierno en los hechos del 30-S.
Pero el jurista Ramiro Aguilar tiene una opinión contraria, al tiempo de ver que la sentencia contra Tapia y los otros cinco uniformados de la Escolta Legislativa ha sido sobre dimensionada por los jueces del Tribunal II.
A su juicio, esta condena no puede comprobar ninguna tesis de golpe de Estado. “Lo que hubo fue una insubordinación policial y en la noche crímenes de policías y militares enfrentados en una balacera, cuyos juicios no se iniciaron todavía”.
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Bajo esta explicación, cree que es un error mezclar hechos que se suscitaron de manera aislada. Por ejemplo, asegura que los casos de Fidel Araujo y César Carrión no obedecieron a la lógica de la insurrección policial en el Regimiento Quito. Al primero -explica- se lo vinculó por haber pasado cerca de la zona de la protesta y el segundo “no hubiese sido procesado si no declaraba a la CNN”.
Araujo aseguró ayer que la falla disciplinaria del coronel Tapia no puede alterar el curso de una sentencia. “Si en el proceso no se acusó al capitán Giovanny Fuentes, con quien supuestamente yo había hablado el 30-S, no hay razón para suponer que esta sentencia afectará mi situación”.
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Araujo pidió ayer celeridad a los jueces que llevan adelante la apelación que se hizo a su sentencia exculpatoria para cerrar este caso de una vez.
Aguilar reconoce que el coronel Tapia, en su calidad de jefe de la Escolta Legislativa, no respondió a sus mandos y no protegió a los legisladores. Pero estima que esa falla disciplinaria tampoco puede llevar a la conclusión de que él quiso dar un golpe de Estado o atentar contra la seguridad nacional. Esta última figura, razón por la cual fue condenado, a su juicio es excesiva y se desvirtuará totalmente cuando el caso sea apelado ante los tribunales superiores.
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Pese a estos argumentos, Alexis Mera cree que Tapia, al impedir el ingreso de los asambleístas, incurrió en una actitud golpista. A lo que Aguilar responde: “la sesión de la Asamblea fue suspendida por Irina Cabezas no por la Escolta. En ningún momento Tapia, en su protesta que me parece más de corte gremial, desconoció la autoridad de los legisladores”.
La defensa espera
Los abogados de Marco Tibán, implicado en el caso de Rolando Tapia, aseguran que no les notifican aún sobre los años de sentencia que le corresponderían al uniformado. Carlos Poveda dijo que a partir de ello trazarán la estrategia de defensa.
La esposa del coronel Rolando Tapia lo está visitando constantemente en el penal García Moreno. Ayer salió de ese centro de detención junto a sus dos hijas. La defensa de Tapia ha pedido mejores condiciones en su celda, por sus problemas de salud.
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