El discurso radical del presidente Rafael Correa se repite. Como ya lo hizo en 2009, el líder de Alianza País ofreció “radicalizar” su revolución ciudadana en su próximo período de cuatro años.
Sin embargo, en esta ocasión, los ejes programáticos de su proyecto, así como sus prioridades políticas, han mutado con relación al inicio de su gestión, en enero del 2007 (ver infografía adjunta).
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Si hace seis años empujaba una nueva Constitución y anunciaba que profundizaría relaciones con países como China e Irán, esta vez su objetivo central es construir una “economía del conocimiento”, basada en conceptos socialistas.
Para el efecto, su movimiento Alianza País ha delineado una hoja de ruta con tres estaciones estratégicas e interconectadas: el cambio de matriz productiva, el impulso del conocimiento y la territorialización de la gestión pública.
Un nuevo modelo económico y productivo En esta nueva etapa, el oficialismo plantea dar un salto del modelo primario-exportador hacia uno industrializado y de servicios.
“Sustituir exportaciones primarias por las de bienes con mayor valor agregado y no exclusivamente dependientes del sector extractivo”, es el objetivo central que recoge el plan oficial del movimiento de Gobierno.
Según la cúpula de Alianza País, en los seis años de gobierno han logrado ‘doblegar’ a los poderes fácticos que supuestamente impedían dar el salto a una economía industrializada. Y que, en los próximos cuatro años, institucionalizarán los elementos y factores necesarios para impulsar ese cambio del sector productivo, en que el Estado vuelve a jugar un papel estratégico.
En este momento de su gestión, el Gobierno ahora sí espera poner en marcha varias de sus propuestas originales, que han sido motivo de polémica desde la redacción de la nueva Carta Política, en 2008.
La redistribución de las tierras, un nuevo modelo de acceso a las fuentes de agua, aumentar la recaudación tributaria e incrementar los créditos desde el sistema financiero. Esas cuatro propuestas, entre otras, son las vías concretas que el Régimen está decidido a impulsar como cambio del modelo económico nacional.
“No es quitarle la tierra al otro, sino permitir que se trabaje en las tierras, democratizarlas”, explica Ximena Ponce, de la directiva nacional de Alianzas País y virtual asambleísta para el período parlamentario 2013-2017.
Varias de esas propuestas deben pasar por la Legislatura, a través de leyes como la de tierras y de aguas, que por su alta conflictividad política y social no han logrado ser aprobadas (ver nota inferior).
A la par hay otros cuerpos legales que el oficialismo no descarta cambiar en esta fase de “profundización” de la revolución ciudadana. Ponce menciona la Ley de Instituciones Financieras y el propio Código de la Producción, con el aparente objetivo de flexibilizar los créditos y el impulso de empresas.
Pero antes de que empiece el nuevo mandato, la oposición ya enciende las alertas sobre este tipo de acciones legales. Luis Fernando Torres, de la alianza PSC-CRE, ya ha anunciado una dura lucha para impedir la aprobación de esos cuerpos legales, aunque Alianza País pronostica una mayoría absoluta en el Palacio Legislativo.
Ciencia, tecnología y descentralización política Las otras dos estaciones de la hoja de ruta son la profundización de un nuevo modelo educativo y la aplicación de un nuevo enfoque territorial de la gestión pública.
El primero busca que los centros de estudios e investigación del país estén en función de los sectores industriales y productivos trazados en el nuevo modelo económico.
En ese objetivo, el plan gubernamental destaca, por ejemplo, el proyecto Yachay o la Ciudad del Conocimiento para establecer las redes asociativas entre el sistema universitario nacional y el internacional. En forma paralela, desde los sectores estratégicos a cargo del vicepresidente Jorge Glas se busca “democratizar” las nuevas tecnologías, a través de la ampliación de la red de comunicación por Internet.
En cambio, la descentralización política del país busca poner en marcha al 100% la nueva arquitectura interna ideada por la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades), basada en la formación de distritos del territorio, con equilibrio poblacional.
Su objetivo es desconcentrar la gestión y servicios públicos hacia esos territorios. “Es necesaria la construcción de un tejido social rico y plural, preocupado por el bien público, y que sea corresponsable en la prestación de los servicios que brinda el Estado”, apunta Fander Falconí, principal de la Senplades y miembro del politburó de Alianza País.
Elementos para la nueva matriz productiva
Articular la investigación científica y tecnológica y la educación superior, con la economía productiva.
Canalizar el crédito para las actividades productivas y generadoras de trabajo. Aplicar mecanismos que garanticen el control en la salida y entrada de capitales y divisas.
Implementar el sistema nacional de gestión e información de tierras rurales.
La redistribución de la tierra se realizará no solo en función de su extensión, sino también de su calidad.
Impulsar la tenencia privada de la tierra y la comunal, en acuerdo con la población de cada territorio.
Promover la ocupación plena de la infraestructura pública y privada para actividades productivas y comerciales.
Implementar programas de inclusión de las unidades económicas populares, mediante la ampliación de la base de productores-propietarios.
Impulsar la redistribución del agua mediante la construcción de sistemas públicos de riego de calidad.
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