La batalla judicial entre el Estado y los herederos-accionistas del diario El Telégrafo aún no termina.
El Juzgado Sexto de lo Civil de Guayaquil tramita un juicio ordinario planteado en julio de 2009, por el entonces gerente general del rotativo, Álex Camacho Sotomayor.
La demanda está dirigida contra los herederos del matutino y busca adjudicarse por la vía legal un terreno situado en el centro del Puerto Principal.
Allí funcionan los talleres gráficos del rotativo desde 1955, cuando Betsabhé Castillo lo cedió a El Telégrafo. Ella era esposa del fallecido José Abel Castillo, uno de los directores del matutino.
La demanda fue calificada al trámite el 21 de agosto pasado y los herederos fueron citados por el juzgado, para que presentaran sus argumentos. Aún no hay ninguna resolución.
Pero en lo que sí hay pronunciamientos es en los amparos constitucionales planteados por Carlos y Xavier Navarrete Castillo.
Tres de ellos fueron unificados y tramitados en el Juzgado Primero de lo Civil de Guayaquil, pero fueron rechazados.
Allí, los dos accionistas del diario más antiguo del país impugnaron la resolución de la Superintendencia de Compañías, que el 2 de mayo de 2007 declaró nulos dos incrementos de las acciones. Uno por USD 500 000 y otro por 100 000.
Ambas transacciones fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas de la compañía El Telégrafo, realizadas el 12 de agosto de 2002 y el 25 de septiembre de 2006.
Sin embargo, el juez Ricardo Rivadeneira rechazó las peticiones el 28 de mayo de 2007. El judicial consideró legal la actuación de la Superintendencia de Compañías.
La resolución fue apelada y el caso llegó a la Corte Constitucional. Allí, la Segunda Sala confirmó la decisión de Rivadeneira y devolvió el juicio al Juzgado Primero de lo Civil, que aún está activo.
Otra demanda tramitada en el Juzgado Vigésimo Tercero de lo Civil de Guayaquil se archivó. Estaba dirigida contra Patricio Dávila, ex gerente de la AGD, que gerenciaba el diario, por negarse a reconocer el primer incremento de capital.