3 de December de 2011 00:05

Los dos pedidos contra Galo Lara abren debate sobre la inmunidad

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Dos pedidos para que se levante la inmunidad de Galo Lara llegaron a la Asamblea, el 10 de noviembre. El presidente Rafael Correa y la ministra de Inclusión Económica y Social, Ximena Ponce, entablaron demandas penales en contra del legislador de Sociedad Patriótica.

Los jueces a cargo de los casos necesitan que se levante el fuero de la Corte Nacional de Justicia, del que gozan los 124 asambleístas, antes de dar paso a los juicios.

Según el artículo 128 de la Constitución, la Asamblea Nacional tiene 30 días para contestar la solicitud. Se requieren 63 de 124 votos para aprobar el pedido. Si no lo hiciera, se entenderá por concedido el pedido.

El jueves, Lara, quien suele llamar la atención en el Pleno llevando carteles con frases en contra del Régimen, alertó de una supuesta intención de Alianza País de que la solicitud de que se levante la inmunidad pase por el Ministerio de la Ley. Esto porque desde esa fecha se han realizado cuatro sesiones del Pleno y en ninguna, el presidente Fernando Cordero ha comentado sobre la llegada de estos pedidos.

Cordero, desde Panamá, dijo a la Radio de la Asamblea, que el Pleno tomará una decisión. “Es la oportunidad para que el Ecuador debata sobre el concepto de inmunidad... Ciertas personas confunden la inmunidad, que es un derecho fundamental, que hay que defender para poder fiscalizar y hacer control político, con esta capacitad de convertirse en insultadores permanentes”. En su cuenta de Twitter señaló que iba a colocar en la agenda de este jueves ese punto.

Pero, la Mesa de Fiscalización le pidió no convocar a sesión esta semana porque necesitaban recibir los testimonios dentro de la fase de sustanciación de pruebas del pedido de juicio en contra de la Ministra de Educación.

Para Vicente Taiano (Prian), Cléber Jiménez (Pachakutik) y Jorge Escala (MPD) hay una clara intención del Gobierno de “acallar” a los legisladores. Y además, de infundir miedo o temor para que eviten emprender procesos de fiscalización, lo que es la esencia de su función.

Taiano anunció que el Prian y los demás grupos de oposición respaldarán el mantenimiento de la inmunidad de Lara.

“Somos voceros del pueblo, la voz de quien no tiene voz. Sería más cómodo que nos quedáramos callados. Si en el ejercicio de la función debemos responder penalmente, se pierde la esencia y el deber ser de legisladores”.

Virgilio Hernández (A. País) asegura que la inmunidad no es impunidad para decir cualquier cosa sino una institución con más de 500 años para garantizar la acción legislativa. Dijo estar en contra de judicializar la política porque “se victimiza a quienes quieren sacar provecho de las calumnias”. Aunque, según él, la ministra Ponce, está en su derecho de enfrentar infamias. Aceptaría una crítica respecto a lo que hago y digo pero no permitiría que me acusen de haber tocado un centavo”.

Lara intentó en dos ocasiones iniciar un juicio político en contra de la Ministra, sin éxito. Por eso, Escala afirma que lo que se busca al tratar de quitar la inmunidad es “iniciar un proceso de persecución, para acallar voces valientes y dispuestas para enfrentar hechos que desprestigian al Gobierno”.

En diciembre del 2009, Escala ya enfrentó un pedido de levantamiento de la inmunidad, que el Pleno negó. El ex Dirección Nacional de Servicios Educativos demandó al emepedista, quien denunció que en el ente se benefició a los familiares de tres funcionarios al otorgarles contratos.

“La figura (inmunidad) nos la otorga el pueblo, cuando nos elige”, afirmó Escala, quien no cree la versión de Gina Godoy, una de las coordinadoras oficialistas.

Godoy se mostró sorprendida de la solicitud en contra de Lara. Señaló que la bancada oficialista no conocía el tema y apuntó que al legislador del PSP le da réditos políticos y espacios en los medios descalificar sin pruebas.

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