21 de June de 2012 15:46

Los pedidos de asilo político más famosos de América Latina

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El pedido de asilo a Ecuador del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, se inscribe en una larga tradición latinoamericana, con casos emblemáticos como el del político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, quien vivió cinco años en la embajada de Colombia en Lima.

Presidentes, dictadores, políticos y guerrilleros han hallado amparo en este recurso que norma la Convención de Caracas de 1954, surgida a raíz del episodio de Haya de la Torre, a quien Bogotá otorgó asilo en 1949.

Fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), el dirigente fue acusado de liderar un fallido golpe de Estado contra la dictadura militar de Manuel Odría, que gobernó Perú entre 1948 y 1956.

Odría se negó a entregar un salvoconducto para que Haya de la Torre pudiera salir del país, por lo que la embajada colombiana fue su hogar durante cinco años.

La Convención de Caracas, que reemplazó una normativa de 1928, establece que el asilo se concederá solamente por delitos políticos, excluyendo a personas enjuiciadas o sentenciadas por crímenes comunes, explicó a la AFP el ex canciller ecuatoriano Marcelo Fernández.

“Es una institución a la que se ha recurrido mucho en Ecuador y en América Latina en general”, señaló el también ex ministro de Relaciones Exteriores Mauricio Gándara, en diálogo con la AFP.

Gándara sostiene que el asilo se ha desarrollado a un alto nivel en América Latina por las condiciones a menudo violentas de la región.

“A Haya de la Torre el general Odría lo estaba esperando afuera para pasarlo por las armas, mientras que en las democracias europeas los sistemas de justicia son muy confiables”, dijo.

Assange, un ex hacker de 40 años, se refugió el martes en la embajada de Quito en Londres alegando ser un perseguido político por la filtración de miles de documentos secretos de Estados Unidos, lo que según él lo expone a la pena de muerte en ese país por espionaje.

En Ecuador la lista incluye a decenas de opositores de las dictaduras que gobernaron entre 1963 y 1966 y de 1972 a 1976, así como a los ex mandatarios José Velasco Ibarra, Gustavo Noboa, Abdalá Bucáram y Lucio Gutiérrez, que se asilaron en Colombia, República Dominicana, Panamá y Brasil, respectivamente.

Quito, por su parte, “registra varios casos de acogida aunque ninguno célebre, y nunca negó una solicitud de asilo”, señaló a la AFP el ex canciller Alfonso Barrera.

A lo largo de la región los ejemplos son numerosos, especialmente en Brasil, cuya Constitución prohíbe extraditar a extranjeros por delitos políticos o de opinión, debido a lo cual el país ha recibido a dirigentes y refugiados sin distingo de ideología.

Algunos casos son los del ex militante de extrema izquierda italiano Césare Battisti, a quien la justicia brasileña se negó a extraditar a Italia en junio de 2011, y el del señalado dirigente de la guerrilla colombiana FARC, Antonio Cadena, alias 'Cura Camilo', quien obtuvo refugio en 2006.

Otros asilados reconocidos en Brasil fueron el ex dictador paraguayo Alfredo Stroessner, que pasó allí los últimos 17 años de vida, así como el ex líder opositor y el ex presidente del mismo país, Lino Oviedo y Raúl Cubas, respectivamente.

En la lista también figuran Marcelo Caetano, que sucedió a Antonio Salazar al frente de la dictadura del Estado Novo en Portugal (1968-74) , y el ex ministro francés y fundador de la OAS, organización paramilitar contraria a la independencia de Argelia, George Bidault, que pasó cuatro años en Brasil desde 1962 hasta que fue amnistiado.

A ellos se suman el ex presidente peruano Alan García y el venezolano Pedro Carmona, quienes se asilaron en Colombia en 1992 y 2002, respectivamente, éste último tras encargarse de la presidencia durante el golpe de Estado que sacó a Hugo Chávez del poder durante dos días.

Durante el golpe de Estado de Augusto Pinochet en Chile, cientos de perseguidos políticos chilenos y latinoamericanos buscaron refugio en las embajadas en Santiago y salieron al exilio en Europa.

En Uruguay, durante la dictadura militar, una maestra acusada de pertenecer a un grupo guerrillero fue arrancada de los jardines de la embajada de Venezuela y nunca más apareció con vida, lo que provocó la ruptura de relaciones diplomáticas entre Caracas y Montevideo.


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