15 de July de 2010 00:00

A pedido del procurador general Diego García Carrión

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En el comunicado de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos -AEDEP- suscrito por sus doce miembros y publicado en los medios impresos a nivel nacional, documento que, entre otras cosas, se refiere a la gestión de la Procuraduría General del Estado, entidad que represento y dirijo, preciso a usted manifestar lo siguiente:

I.De conformidad con lo dispuesto en los artículos 235 al 237 de la Constitución de la República, en concordancia con el Art. 3 letras a) y b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, la institución que represento es un organismo técnico jurídico, cuya máxima autoridad es el Procurador General del Estado, a quién entre otras funciones le corresponde, la representación judicial y el patrocinio del Estado y de sus instituciones.

II.El ejercicio efectivo de la defensa jurídica del Estado y de sus instituciones, conlleva una actuación diligente y jurídicamente sólida que siempre precisa ser atendida y fundamentada en derecho. Por tanto, al amparo de lo que dispone la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, corresponde que el Procurador o sus delegados, para ejercer dicha defensa, se enfoquen dentro de un análisis netamente jurídico, apartándose de todo hecho o suceso ajeno a éste y que interfiera, distraiga o perturbe su efectiva gestión.

III. En el caso al que se refiere la publicación hecha por la AEDEP, los delegados de la Procuraduría General del Estado han actuado dentro del rol que les impone el marco constitucional y legal vigente, al haber sido convocado el Procurador por parte del Juez de la causa, como sucede en cualquier caso en que se dirige una acción en contra del Estado y sus instituciones, así como de los actos de sus autoridades, cuya legitimidad se presume de acuerdo a la ley.

Me permito hacer las precisiones que anteceden, a fin de que se realice la publicación de la presente en los medios en donde fue difundido el mensaje de la AEDEP, a efectos de proporcionar nuestra posición a sus respetables lectores.

Nota de EL COMERCIO

El texto de la AEDEP señala en uno de sus párrafos que “Algunos asambleístas presentaron una acción legal para tratar de detener este despropósito, la cual fue rechazada diligentemente por una jueza, con el apoyo de la Procuraduría, que debiera cumplir su papel de abogado del Estado y no del Gobierno”.

Esto en referencia a la diligencia en la cual la jueza Gloria Rojas no aceptó el pedido de medidas cautelares para que se suspenda la publicidad del Gobierno en contra de los medios durante las transmisiones del Mundial Sudáfrica 2010.

En esa diligencia, la representante de la Procuraduría coincidió en los argumentos con el abogado de la Secretaría de Comunicación, dependencia del Gobierno, y no actuó bajo una óptica de la institucionalidad estatal, uno de cuyos pilares son los derechos humanos.

 

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