12 de August de 2010 00:00

El pedido de amnistía para Dahik tiene reparos políticos y jurídicos

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Redacción Política y Guayaquil

La posible amnistía al ex vicepresidente de la República, Alberto Dahik, abrió un paraguas con opiniones a favor y en contra.

24 horas después del anuncio que hiciera el presidente Rafael Correa, dos de sus ministros avalaron la medida que permitiría el retorno de Dahik, quien se encuentra asilado en Costa Rica. Mientras que juristas y ex militantes de Alianza País creen que puede ser un golpe político en contra del Régimen y que la amnistía no tendría un sustento legal.

Dahik, vicepresidente del Gobierno de Sixto Durán Ballén, renunció al cargo luego de un fallido juicio político en su contra. El proceso legislativo fue impulsado por el Partido Social Cristiano por la supuesta malversación de los gastos reservados, una cuenta secreta que tenía la Presidencia.

Luego del fracaso del proceso político, la Corte Suprema de Justicia abrió un juicio penal contra Dahik. La acusación fue la misma: supuesto peculado. El expediente penal se inició en el 1995 y desde entonces el ex funcionario goza de un asilo en la nación centroamericana (ver breves).

Desde año, el juicio quedó en suspenso, hasta Dahik se entregue o sea detenido por la Policía. Por eso, el pedido de Correa para que se le otorgue una amnistía reavivó la polémica por el caso.

La ministra Coordinadora de la Política, Doris Soliz, dice que el pedido “abre una puerta de solución a este caso y a otros casos probablemente que también están en el limbo político, producto de la herencia de la partidocracia”.

El alegato político de Correa de que Dahik es una “víctima del odio y la barbarie” de la época del ex presidente León Febres Cordero, lo sustentan sus colaboradores. Según el ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, “Dahik tuvo la valentía de denunciar las irregularidades registradas en el gobierno de León Febres Cordero y eso fue un detonante para que se iniciara una persecución política en su contra, que duró varios años”.

Dahik dijo a Teleamazonas no tener acercamiento con el Gobierno, pues no tiene presencia política en el país. “No tengo un bloque legislativo que responda a instrucciones mías, he estado 15 años ausente, sencillamente es una actuación del Presidente en base a su convicción de que es persecución, como es obvio y claro, y de que soy honrado”.

Una semana antes de que Correa pidiera la amnistía, Dahik evitó hacer críticas al actual Gobierno. Durante un foro sobre democracia y seguridad dio una videoconferencia sobre las crisis económica mundial. No habló de la política nacional ni de un posible retorno. Mencionó que el proteccionismo de los gobiernos no es una salida a la crisis.

La intención de la amnistía deberá superar un análisis en la Asamblea y conseguir 83 votos, que al parecer sería complicado reunirlo. La Constitución en su artículo 120, numeral 13, señala que es atribución de la Asamblea “conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes”.

Correa deberá formalizar la solicitud de amnistía a través de un escrito, como establece la Ley Orgánica Legislativa. Luego el Consejo de Administración de la Asamblea la estudiará.

Víctor Hugo Cevallos, presidente de la Federación de Abogados del Ecuador, dice que el pedido de amnistía a favor de Dahik es improcedente. “La Constitución indica que la Asamblea puede conceder amnistía por delitos políticos, prohibiendo aquellos cometidos por la administración pública”. Por lo tanto, no es un candidato idóneo para que se tramite su amnistía, pues tiene en marcha un juicio penal.

Vladimiro Álvarez, ex ministro de Gobierno de Jamil Mahuad, sostiene que más allá de las consideraciones personales a Dahik, política y jurídicamente no procede. “La amnistía de acuerdo con la Constitución se concede de manera general, no individualizada, y respecto de delitos políticos”. Explica que si bien Dahik fue materia de una persecución política, los delitos no pueden calificarse como políticos. En todo caso, podría caber la figura del indulto. Dice que cuando hay un régimen de derecho en el país, la amnistía se aplica en forma general, y quienes se crean juzgados por delitos políticos deben acudir a una Corte para beneficiarse.

Manuela Gallegos, ex secretaria de Pueblos y una de las creadoras de Alianza País, piensa que Correa debería llamar a una reconciliación con los movimientos sociales y de base y no con el pedido de amnistía para Dahik. Ella está alejada de las decisiones del movimiento gobiernista.

“No sé si el señor Dahik es culpable o no. Él debería cumplir con su juicio. Pero se debe recordar que una de las razones para que Quito se levantara contra Lucio Gutiérrez fueron las decisiones de la ‘Pichi’ Corte. Se refiere a la anulación de los juicios a Dahik y de los ex presidentes Abdalá Bucaram y Gustavo Noboa.

Esa resolución la tomó el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Guillermo Castro, y causaron la protesta ciudadana que terminó con el derrocamiento del ex presidente Gutiérrez, el 20 de abril del 2005. Del grupo de los ‘forajidos’ surgió Correa.

El PRE cree que el caso de Dahik “es idéntico” al de Bucaram, por eso la amnistía también debe ser para él. Víctor Hugo Sicouret dice que tanto Dahik como Bucaram fueron enjuiciados sin autorización de la Legislatura, y ambos son perseguidos. Aunque cree que será difícil conseguir los 83 votos en el parlamento, por eso asegura que “hay una trampita” en el pedido de Correa, que se irá conociendo próximamente.

La cronología

1994

Sixto Durán Ballén y Alberto Dahik asumieron el poder el 10 de agosto. El binomio venció en la segunda vuelta al líder del PRE, Abdalá Bucaram.

1995

El 12 de octubre, Dahik abandonó el país y se asiló en Costa Rica. Se inició un juicio en su contra por supuesta malversación de gastos reservados.

2005

El 2 de abril regresó al país luego de 10 años de asilo. El 28 de ese mes retornó a Costa Rica cuando su juicio se reactivó.

2010

El 1 de marzo, Dahik presentó un pedido para que la Corte Constitucional anulara su juicio. El caso todavía no se resuelve.

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